Las ayudas del Consell a los más pobres se han reducido, según Cáritas

Marginación de hasta 100.000 sin papeles y debilitación de las redes de protección social. Estos son los principales aspectos que destacaron ayer los responsables de Cáritas en la presentación de su actividad en 2002. La entidad católica denunció un recorte en las ayudas que el Consell da a los más pobres, señaló que teme un descenso de subvenciones sociales para el próximo año y destacó el incremento de personas desfavorecidas.

La fotografía fija que mostraron ayer sobre la realidad social valenciana la directora de acción social, María Luisa Haro y el director de Cáritas Diocesana de Valencia, José María de Scals no es demasiado alentadora. Ambos destacaron que frente a una situación aparente de aumento de riqueza se está produciendo una distribución cada vez más desequilibrada de estos beneficios y un mayor vacío entre los "tremendamente ricos y los tremendamente pobres".

En esta situación y el general aumento de pobreza tiene su papel la Administración. Cáritas denunció la "debilitación de las redes de protección social" y puso ejemplos. De un lado, con el recorte de las llamadas Prestaciones Económicas Regladas (PER), subvenciones dirigidas a personas o familias que carecen de medios suficientes de subsistencia, que han supuesto "la reducción de las posibilidades económicas de las familias peor dotadas, como apuntó Haro, que emplazó al nuevo Consell a regular por ley estas ayudas. A esta situación añadió la eliminación de las becas de comedor entre tres y cinco años lo que provocará que "muchas familias inmigrantes se queden sin protección". Otra de las cuestiones relacionadas con la debilidad de las estructuras de atención social fue la referencia del responsable de Cáritas en Valencia a los rumores sobre recortes en las subvenciones que recojan los presupuestos de la Generalitat para 2004; "espero que esto no sea cierto", apostilló. María Luisa Haro destacó también el aumento de derivaciones de los servicios sociales a las parroquias, una muestra más del aumento de número de personas desprotegidas y de la falta de recursos de la Administración.

La situación de los 100.000 extranjeros que, según cálculos de Cáritas, no cuentan con cobertura legal en la Comunidad Valenciana fue otro de los problemas en los que más hincapié hicieron los responsables de la entidad. Estas personas "tienen derecho a que se ponga fin a su situación de explotación laboral, de falta de vivienda y de hacinamiento, porque son seres humanos", lo que corresponde a "los responsables políticos en la materia, desde la Generalitat o desde el Gobierno central". De Scals pidió al nuevo presidente del Consell, Francisco Camps, un esfuerzo "para no hacer como las avestruces" y enfrentarse a este problema. El director de Cáritas diocesana pidió un nuevo proceso de regularización para dar permiso de trabajo y residencia a los inmigrantes "y si no, que se cumpla la ley", apuntó.

Cáritas invirtió en acción social el año pasado 1,933 millones de euros, de los que invirtió un 32% a la atención de enfermos crónicos y terminales, el 13% a transeúntes y un 12% a enfermos mentales. La mayor actividad de las parroquias se centró en cuestiones relacionadas con la inmigración, un 86%, seguido de ancianos o transeúntes, con un 45%.