El ex alcalde de Oropesa se desdice y no denunciará al juez el empadronamiento masivo que vinculó al PP

La alcaldía de Oropesa está en manos del PP, cuya lista fue la más votada, aunque no logró la mayoría absoluta. La falta de acuerdos entre los otros tres grupos que lograron representación en las elecciones (Unio-GIO, PSPV y Bloc) llevó, el pasado sábado, a la elección de Rafael Albert como alcalde. El PP obtuvo el 25 de mayo 1.152 votos, 334 menos que la lista por la que se presentaba el anterior alcalde, el independiente Francisco Garrido. Así, los populares lograron cinco concejales, mientras que la lista de Garrido obtuvo cuatro y el PSPV y el Bloc, uno. El ahora ex alcalde denunció, días antes de las elecciones, el empadronamiento masivo detectado en la localidad, que se cifró en más de 400 personas y cuyos trámites, según explicó, se realizaron a finales de enero en tres tandas. En dos de ellas, según su testimonio, una misma persona participó en la tramitación de 330 personas para su inclusión en el censo. El subdirector general y director financiero del grupo Marina d'Or, Federico Rivas, admitió su participación ya que se trataba de "clientes" del grupo empresarial que preside Jesús Ger, amigo personal del presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tal como él mismo ha asegurado en ocasiones.

Tras la denuncia de los empadronamientos masivos, Garrido mantuvo que si la diferencia de votos por la que otro partido le desbancaba de la alcaldía era menor de 400 no felicitaría a los nuevos gobernantes porque no sería una victoria justa, sino condicionada por los nuevos vecinos de Oropesa. Pese a que, tal como vaticinó, el PP ha logrado una alcaldía por una ajustada diferencia, Garrido no tiene previsto "luchar" por el puesto llevando el caso ante el tribunal de lo contencioso administrativo, después de que las juntas electorales desestimaran su reclamación por cuestiones de forma.

Marina d'Or ha visto además cómo dos de los viales, impulsados desde la Diputación de Castellón, que habían de conectar el complejo con el interior y el núcleo urbano se han visto paralizados por decisiones judiciales. Las obras de la carretera Cabanes-Oropesa fueron suspendidas por posible delito ecológico y las de la Avenida de Barcelona, que habría de conectar la población con la urbanización, han sido paralizadas cautelarmente debido a que cruza por la albufera de Oropesa, lo que podría causar un daño ecológico irreparable.