Los masones no adaptarán su constitución a la ley de asociaciones

La resistencia de las grandes organizaciones sociales al cambio que exigen las corrientes democráticas se escenificó ayer en la masonería española, cuyos dirigentes máximos rechazaron una reforma de la constitución de la Gran Logia de España para adaptarla a la Ley Orgánica del Derecho de Asociación de 2001. La mitad de los 300 masones reunidos ayer en un hotel de Madrid eran británicos residentes en Andalucía, Baleares, Valencia o Canarias, y su voto fue decisivo en el rechazo de la propuesta de reformas presentada por los dirigentes de la Gran Logia de España por mandato de la XXI Gran Asamblea Ordinaria Anual celebrada en marzo pasado en Jerez.

La ley de asociaciones de 2001 da un plazo de dos años a las organizaciones sociales para la adaptación de sus estatutos, pero empezó liberando de esa obligación a todas las entidades de la Iglesia católica y también a los partidos políticos. Los masones reunidos en Madrid, entre los que se encontraban la mayoría de quienes son o han sido venerables de las logias (los dirigentes, llamados internamente "masones instalados"), consideran que sus normas internas ya cumplen lo que marca la legislación vigente, una afirmación discutida por el resto de los convocados. Según la constitución de la masonería, los instalados acaparan el voto de las asambleas, una norma que contraviene la ley de asociaciones, que proclama el elemental principio de un socio, un voto.

La Gran Logia de España cuenta con algo más de 2.000 miembros, repartidos en 127 logias, con un lento crecimiento después de la prolongada y sangrienta represión a que estuvo sometida esta histórica y hasta entonces poderosa institución por la larga dictadura del general Franco. El gran maestro de la Gran Logia es desde el año pasado el catalán Josep Corominas i Busqueta,

psiquiatra del Clínico de Barcelona, profesor titular de la Facultad de Medicina y ex diputado socialista tras la dimisión del ministro Ernest Lluch, asesinado más tarde por ETA.