Madrid y el PSOE

No hay salidas buenas a la crisis provocada por la deserción de dos diputados socialistas electos para la Asamblea de Madrid; todas las avanzadas por unos u otros presentan inconvenientes. Se trata, por tanto, de encontrar aquella que afecte menos a la credibilidad de las instituciones y de los partidos.

Desde luego, la menos mala sería en teoría que los dos Judas devolvieran su escaño. Su argumentación de que se estaba traicionando al electorado socialista al pactar con IU es inverosímil. Desde hace años, todas las cuentas se hacían sabiendo que el PP necesitaría para gobernar mayoría absoluta, porque los partidos de izquierda se unirían si sumaban más escaños. Por tanto, tiene razón Simancas al reivindicar como primera salida la reconstrucción de lo que fue el veredicto de las urnas, que dieron la posibilidad de gobernar, por muy escaso margen, a PSOE e IU.

Es muy forzado, y bastante interesado, el argumento del PP según el cual, si se trata de un asunto de corrupción, también la renuncia de los desertores a su acta quedaría marcada por la sospecha de que la han devuelto a cambio de algo. Extender la sospecha a quien intenta recuperar lo que le han robado llevaría a conclusiones absurdas. Pero no menos artificioso (y patético, por el tono) resulta el emplazamiento socialista a que el PP exija públicamente la devolución, bajo apercibimiento de denunciar su complicidad si no lo hacen. Lamentablemente, la devolución de las actas no depende de quién se lo pida. Y no es desplazando la responsabilidad hacia el PP como el PSOE de Madrid conseguirá recobrar la credibilidad. Tampoco excluyendo otra salida diferente a la de la recuperación de los escaños. Porque esa recuperación es improbable.

Una segunda posibilidad teórica sería que los desertores apoyaran de todas formas la investidura de Simancas, y que el PP no hiciera cuestión de ello, reconociendo que el 25-M produjo una mayoría de izquierdas. Sin embargo, la presencia de esos dos diputados en el Grupo Mixto en una situación de mayoría por un solo voto les daría un poder aún mayor que el exhibido en la elección del martes pasado: el de chantajear en cada votación al Gobierno de la Comunidad. Lo mismo ocurriría si el Gobierno fuera del PP. Por eso, los candidatos de ambos partidos han descartado someterse a investidura en esas condiciones.

Sólo queda, por tanto, la solución de ir a unas elecciones anticipadas. Es una salida que plantea problemas muy serios. El mayor, que crea un precedente que podría incentivar operaciones mafiosas de este tipo cada vez que los resultados de unas elecciones disgustaran a sectores con capacidad para comprar voluntades. Unas nuevas elecciones provocadas por las maquinaciones de dos diputados socialistas llevarían probablemente a unos resultados diferentes a los del 25-M. Los causantes de la crisis (y quienes eventualmente les incitaron, si esa hipótesis se confirma) habrían alcanzado su objetivo de modificar el veredicto de las urnas. Otro peligro sería el de la deslegitimación relativa de los resultados si en las nuevas elecciones se registrase una participación mucho menor; lo cual parece bastante probable de no mediar alguna iniciativa conjunta de los grandes partidos capaz de devolver a los electores la confianza en la política.

Son objeciones fundadas, pero si los expulsados se niegan a devolver sus actas, habrá que afrontarlas como mejor se pueda. Es evidente que la responsabilidad política por lo ocurrido corresponde al partido socialista, que mantuvo en sus listas a personas que seguramente ya eran entonces tan poco dignas de confianza como ahora aseguran sus dirigentes más irritados. La recuperación del crédito del PSOE en Madrid pasa seguramente por alguna dimisión, aunque no sea precisamente el vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en su función de portavoz del Consejo de Ministros, la persona más indicada para exigirlo. Y por un congreso en cuanto sea posible.

Madrid iba a ser para el PSOE el escaparate de una forma diferente de gobernar. De momento tendrá que conformarse con que lo sea de una forma diferente de abordar las crisis; interna y de credibilidad política. Si es cierto que había una trama de intereses inmobiliarios tras los expulsados, los socialistas tendrán que identificar a quienes formaban parte de ella, y desmontarla. Es vital que, cualquiera que sea el signo del Gobierno, la política de recalificaciones de terrenos y demás cuestiones relacionadas con el urbanismo, la vivienda y las obras públicas, se aborden con la máxima transparencia. Al respecto, el PP debería preguntarse por qué los supuestos especuladores capaces de comprar voluntades socialistas preferían que, al menos en esas materias, siguiera gobernando la derecha.