Jueces para la Democracia reclaman más independencia

La asociación de Jueces para la Democracia acordó ayer exigir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas oportunas tendentes a salvaguardar el respeto a la independencia judicial frente a otros intereses, principalmente, los del poder ejecutivo. Así lo anunció ayer el portavoz de la organización, Miguel Carmona, en una conferencia de prensa conjunta con el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Antonio Camacho, en la que ambos expusieron las conclusiones alcanzadas en el congreso celebrado en Benicàssim por las dos asociaciones.

Según Carmona, el Consejo General del Poder Judicial ha demostrado últimamente una actitud "servil y fiel" a los intereses del Gobierno mediante la apertura de expedientes disciplinarios y la adopción de sanciones a jueces o tribunales que han dictado resoluciones con las que el Gobierno se ha manifestado en desacuerdo, dejando de lado su principal cometido de salvaguarda de las garantías de la independencia judicial. Ello, en su opinión, ha provocado que los jueces tengan cada vez más miedo a la hora de dictar resoluciones, así como que en determinados tribunales exista cierto resquemor a la hora de decretar la puesta en libertad de un detenido cuando la excepción, según ha establecido el Tribunal Constitucional, debe ser la prisión preventiva y no al contrario.

A este respecto recordó cómo el CGPJ abrió expedientes a la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, por permitir la progresión al tercer grado de algunos presos de ETA o a los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por excarcelar al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, que después se fugó. Carmona afirmó que cuando al Gobierno no le gusta una resolución judicial "lanza toda la caballería mediática y no mediática" y luego el "el CGPJ es el primero que abre expedientes disciplinarios y acuerda sanciones" para quienes han adoptado esas decisiones. Para Carmona, "repetir conductas de este tipo, lanzando un mensaje de que el órgano de gobierno de los jueces va a ser más dócil al Gobierno, va en contra de la garantía mínima para que los jueces sean imparciales". De seguir así esta situación, añadió, "los jueces serían la voz de su amo y los ciudadanos verían comprometidos sus derechos".

Control

El portavoz de la UPF, Antonio Camacho, aseguró por su parte que la reforma del estatuto fiscal pone de manifiesto que "el poder ejecutivo quiere controlar el poder judicial", al introducir un modelo de fiscal cada vez menos autónomo. "El Gobierno quiere un Ministerio Fiscal cómodo e incluso servil o que, al menos, comprenda las necesidades del Gobierno, que, en ocasiones, son las de ciertas personas o de poderes económicos", relató. En este sentido abogó por una nueva reforma del Estatuto Fiscal que permita una mayor independencia del Ministerio Fiscal, tal y como se le solicitó a España desde el Consejo de Europa.