Una nueva Europa que asegure la cohesión social

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha celebrado su 10º Congreso en Praga (del 26 al 30 de mayo) en un momento crucial para Europa y el mundo. El Congreso ha tenido lugar cuando los trabajos de la Convención que debe elaborar una propuesta que defina la arquitectura jurídico-política de la Unión Europea del futuro -la UE de al menos 25 países- entran en su fase final. Al mismo tiempo, desde hace dos años se están produciendo intentos de recortar los derechos sociales y laborales que han definido el llamado Modelo Social Europeo por parte de los Gobiernos de un buen número de países. Primero, en el sur del continente -Grecia, Italia, España y Portugal-; ahora, en las naciones del centro -Austria, Francia y Alemania-. Entre los países mencionados existen diferencias significativas en cuanto a los niveles de derechos y protección social y los volúmenes de ingresos, gastos y déficit públicos. Pero las propuestas de reforma han ido todas en la misma dirección, la de recortar derechos y prestaciones, afectando, según países a: la protección por desempleo, las pensiones, el despido, la contratación o, en el caso de Portugal, a toda la legislación laboral. Frente a ello, el sindicalismo europeo, que algunos, erróneamente, creían sin fuerza, ha reaccionado con firmeza, promoviendo movilizaciones generales contra los proyectos gubernamentales. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no se conocía la realización de seis huelgas generales nacionales en un periodo de menos de dos años. Por el momento, en dos países -Espa-ña y Grecia- la movilización sindical ha llevado a sus gobiernos a rectificar plenamente. Habría que puntualizar que las centrales sindicales que han impulsado estas movilizaciones también han promovido el diálogo social -nacional y europeo- y siguen estando convencidas de sus virtudes; lo que rechazan son las políticas que pretenden imponer como solución a los problemas económicos de nuestro continente el recorte de los derechos y el desmontaje del Estado de bienestar.

Se debe crear un espacio europeo de relaciones laborales en el que se impulse el diálogo social

Las centrales rechazan las políticas que pretenden imponer el recorte de los derechos

Las consecuencias de la guerra de Irak no son ajenas a las preocupaciones del sindicalismo europeo reunido en Praga. La invasión y ocupación de Irak por Estados Unidos y Gran Bretaña, con el apoyo de España y de otros países europeos, realizada contra las normas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y en contra de la voluntad de su Consejo de Seguridad, ha inaugurado una etapa de incertidumbre e inseguridad en las relaciones internacionales. Entre las instituciones gravemente dañadas por el unilateralismo agresivo de la Administración de Bush -consagrado en la doctrina contenida en la Estrategia de Seguridad Nacional de su Gobierno y en la práctica de su política internacional en todos los campos- están Naciones Unidas y la Unión Europea. Ambas son referentes insustituibles para la construcción de un orden internacional pacífico, justo y democrático, que pueda enfrentarse a los ingentes problemas económicos, sociales y políticos del mundo en la era de la globalización. Hasta cualquier aproximación realista a la imprescindible cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, que respete las leyes y los derechos humanos, se sacrifica en aras de los intereses geoestratégicos de la única potencia mundial. Hoy el mundo es más inseguro y se ha sembrado odio en el caldo de cultivo del terrorismo integrista islámico. La CES ha mantenido una posición muy clara contra la guerra de Irak, convocando a los trabajadores europeos a movilizarse por este objetivo los días 14 y 15 de marzo e incorporándolo a la jornada de acción europea del 21 de marzo por los derechos sociales en la Constitución europea. Más allá de las sobradas razones políticas y éticas para adoptar esta posición concreta, ésta se inserta en una consideración más general: la esencia de la acción sindical internacional es el establecimiento de normas y convenios que regulen los procesos económicos y laborales y la existencia de instituciones supranacionales democráticas que los hagan respetar. ¡Qué tiempos éstos en los que reclamar el cumplimiento de las leyes y el respeto de las instituciones es para algunos sinónimo de peligroso radicalismo!

En este contexto, el X Congreso de la CES no se ha centrado en un hecho sin duda relevante como es la sustitución de quien ha sido su secretario general durante los 12 últimos años, Emilio Gabaglio, y de la casi totalidad del secretariado que, por primera vez, será elegido directamente por el Congreso. Durante el mandato de Gabaglio, un sindicalista europeo de extraordinario relieve, la CES ha pasado de ser una coordinadora europea de sindicatos nacionales a una organización sindical supranacional con capacidad de acción y negociación en el ámbito europeo. Todavía no es el sindicato europeo que una buena parte de sus miembros desean construir, pero sí ha sido capaz de dar contenido al diálogo social europeo, iniciar la coordinación de las negociaciones colectivas nacionales e impulsar movilizaciones europeas por objetivos unificadores de los trabajadores europeos: el pleno empleo, las políticas europeas de empleo, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, los derechos sociales que definen el modelo social europeo, los derechos de ciudadanía, etcétera. Cientos de miles de sindicalistas han participado en los últimos años en las euromanifestaciones, de Luxemburgo, Oporto, Niza, Bruselas y Barcelona. Corresponde a John Monks, hasta ahora líder del TUC británico y nuevo responsable de la secretaría general, afrontar el reto de sustituir a Emilio Gabaglio. Le acompaña, como presidente, Cándido Méndez, cuya candidatura fue promovida inicialmente por los sindicatos italianos, contando con el pleno apoyo del conjunto del sindicalismo español, y cuyo significado político es el de reforzar las posiciones de quienes quieren más Europa y más CES.

La CES tiene que ser capaz de extraer las consecuencias que se derivan del hecho de ser la única gran organización europea que, sin negar las diferencias que existen en su seno y las limitaciones organizativas para desarrollar una acción sindical supranacional, está defendiendo un proyecto europeo coherente por encima de las diferencias nacionales. Lamentablemente, eso no lo hacen hoy las internacionales políticas y sus secciones europeas como lo muestran las divisiones de los gobiernos del mismo signo en temas tan decisivos como el futuro de Europa o la guerra de Irak. Esta responsabilidad tiene que asumirla en el discurso y en la práctica y proyectar ambos hacia el conjunto de la sociedad europea. En primer lugar, en el campo de acción esencial del sindicalismo, el sociolaboral, con sus propuestas sobre modelo social, empleo y diálogo social de cara a la Convención sobre el futuro de Europa y sentando las bases, programáticas y prácticas, para la creación de un espacio europeo de relaciones laborales en el que se desarrolle un diálogo social creador de normas legales y contractuales. Y en el campo de la economía, en un momento en que los riesgos de una recesión europea son más que evidentes tras conocer los datos de crecimiento del primer trimestre de 2003, levantando una voz fuertemente crítica contra la inoperancia del Ecofin y de la Comisión para coordinar las políticas económicas de los países miembros y contra el autismo del BCE, y reclamando una coordinación fuerte de las políticas económicas de los Estados miembros y de la política monetaria europea para enfrentarse a la crisis mediante un relanzamiento conjunto de la demanda.

Pero, en este momento crítico que vive Europa y el mundo, la responsabilidad de la CES como fuerza articuladora de una opinión pública europea avanzada no puede limitarse a los terrenos específicos del sindicalismo. Difícilmente sus propuestas laborales y sociales van a abrirse camino si la construcción europea pierde su impulso político a las puertas de la Europa de los 25; si no es capaz de superar la profunda división creada por la guerra de Irak y construir una política exterior y de seguridad común basada en el fortalecimiento y democratización de las instituciones internacionales políticas y económicas, la vigencia y extensión del derecho internacional, la promoción de la democracia y los derechos humanos y la búsqueda de una solución pacífica de los conflictos; si no se construye la nueva Europa sobre la base de un modelo que asegure la cohesión social y la solidaridad interna y la proyecte hacia el exterior con una política basada en la cooperación internacional para enfrentarse al hambre, la pobreza y la degradación del medio ambiente en amplias regiones de la Tierra. El sindicalismo europeo y mundial fue partícipe el pasado 15 de febrero, junto con otras fuerzas sociales y políticas, del nacimiento de lo que alguien llamó la segunda potencia: la opinión pública mundial. La CES debería contribuir también, al menos en el ámbito geográfico de su competencia, a que no sea un fenómeno efímero. Una de las líneas de trabajo para ello es la colaboración, con propuestas e iniciativas, al desarrollo de esa red plural y flexible que ha surgido a partir del Foro Social Mundial de Porto Alegre.

La CES también se ha planteado en su Congreso de Praga el fortalecerse como organización, lo cual significa cesión de competencias y recursos por parte de los sindicatos nacionales, y esto no va a resultar fácil a pesar de que quienes están por ello conforman una mayoría en su seno, aunque hay que comprobar si es suficientemente amplia. Tal vez sean demasiadas tareas para resolver a partir del congreso, pero hay que intentar hacerlo o, por lo menos, iniciar el camino si se quiere estar a la altura de los retos que se le plantean al sindicalismo europeo.

Javier Doz es secretario de Política Internacional y secretario de Relaciones Internacionales de C. S. de CC OO, y Manuel Bonmati es secretario de Relaciones Internacionales de UGT.