La Audiencia admite la querella contra Alierta que archivó el juzgado 32
Aprecia indicios de información privilegiada
La sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó, el pasado viernes 6 de junio, un auto por el que ha admitido a trámite una querella por presunto uso de información privilegiada que habrían cometido César Alierta, su esposa, Ana Cristina Placer, y su sobrino, Luis Javier Placer, con acciones de Tabacalera en 1997 y 1998. En esa época, Alierta, que hoy preside Telefónica, era presidente de Tabacalera.
El auto estima un recurso elevado por los querellantes -la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE)- contra la decisión del titular del juzgado número 32 de Madrid, Juan Luis Rodríguez Pons, de desestimar la querella el pasado 17 de febrero. Dicho recurso fue apoyado por la Fiscalía Anticorrupción.
El tema jurídico en cuestión es, según el auto de la Audiencia, que el juez realizó diligencias antes de resolver sobre la admisión a trámite y luego decidió que no se reunían los tipos del delito de información privilegiada contemplado por el artículo 285 del Código Penal, por lo que desestimó la querella.
La Audiencia sostiene que el juez debía haber admitido la querella y resolver como resultado de ella si se sobreseía o abría juicio oral, porque los hechos "resultan en principio subsumibles en el tipo delictivo descrito en el artículo 285 del Código Penal en el que se castiga la conducta de quien de forma directa o por persona interpuesta usa de alguna información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional".
El auto recuerda que, según la querella, el beneficio de la operación realizada por Alierta (compraventa de acciones de Tabacalera en 1997-98) fue de 301 millones de pesetas.
La Audiencia mantiene la decisión del juez Rodríguez Pons de rechazar la imputación de un presunto delito de prevaricación de funcionario público que la querella hacía recaer en Antonio Alonso Ureba, ex jefe de la asesoría jurídica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y actual secretario del consejo de Telefónica.
El juez tendrá ahora que realizar las diligencias que le soliciten los querellantes y la Fiscalía y resolver en consecuencia.
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