La dignidad de las Cortes

Tras la celebración de las elecciones autonómicas el pasado 25 de mayo resulta inevitable que la siguiente cita política de los valencianos nos lleve al debate de investidura que, iniciándose el 18 de junio, desembocará en el nombramiento como Presidente de la Generalitat Valenciana de Francisco Camps. Con anterioridad, sin embargo, el 12 de junio iniciarán una nueva andadura las Cortes Valencianas debiéndose llamar la atención sobre la trascendencia de esta VI Legislatura a punto de inaugurarse.

Las Cortes Valencianas despidieron su V Legislatura con una nada edificante sesión en la que la Presidencia de la Cámara retiraba reiteradamente la palabra a los diputados de la oposición quienes, puestos en pie, acabaron coreando las consignas que resumían los discursos políticos que se les impedía exponer desde la tribuna parlamentaria. ¿Acaso todos los diputados valencianos de la oposición conjuntamente habían sufrido algún tipo de trastorno mental pasajero que les llevara a protagonizar tan inédito episodio de perturbación de la vida parlamentaria? No. Sencillamente, la última sesión de la V Legislatura de las Cortes Valencianas ponía de relevancia la sensación de asfixia acumulada durante cuatro años en los que a la oposición política se le había negado el pan y la sal y en los que, de forma reincidente, se habían conculcado las más elementales reglas del juego parlamentario degradándose, hasta extremos insospechados, la convivencia democrática en el seno de la institución parlamentaria.

La V Legislatura ha erosionado de forma significativa la dignidad que merece la más alta institución representativa de los valencianos. Muchos han sido los episodios que tristemente ejemplifican cuanto aquí se afirma e imposible agotarlos en estas breves líneas. Baste recordar la escandalosa negativa de la Mesa de la Cámara a tramitar preguntas parlamentarias que versaban sobre empresas con participación de la Generalitat Valenciana (Terra Mítica) o la incomprensible oposición del Consell a facilitar al Parlamento Valenciano los sondeos electorales financiados con los recursos económicos provenientes de los presupuestos públicos. Un alarde de opacidad impropio de una democracia avanzada e incalificable en un régimen parlamentario. La Mesa de la Cámara nunca se dio por enterada de una sentencia judicial que condenaba a una diputada de las filas populares, ni de los efectos que pudieran acarrear a su estatuto parlamentario, pero, por el contrario, obró con extrema diligencia para instar acciones penales contra ciudadanos que acudieron a su tribuna exhibiendo reivindicaciones sociales. Las preocupaciones estéticas se manifestaron de forma obsesiva persiguiendo la retirada de carteles o pancartas que se exhibieron en los balcones del Palau de Benicarló pero la Presidencia de las Cortes no demostró idéntica pulcritud democrática en la organización de debates parlamentarios en los que sencillamente impidió a la oposición parlamentaria la posibilidad de expresar sus posiciones ni garantizó sus derechos ante la perseverante huida de los Consellers frente a las sesiones de control a las que eran convocados. De forma inaudita, los Presupuestos de las Cortes subvencionaron la celebración de manifestaciones y concentraciones populares que, lejos de enarbolar banderas pacíficas e institucionalmente consensuadas, perseguían agudizar conflictos sociales buscando simplemente la instrumentalización política. La permanente obstrucción a la labor parlamentaria de la oposición tenía fiel reflejo en el extemporáneo debate de sus iniciativas. La mayoría parlamentaria no permitió la creación de ninguna comisión de investigación a pesar de los clamorosos temas sociales que lo exigían. Una mera comisión de estudio sobre el futuro de la Radiotelevisión valenciana se cerró en falso imponiendo la mayoría parlamentaria sus propias conclusiones para legitimar automáticamente la privatización de dicho servicio público. ¿Cuántas iniciativas parlamentarias de la oposición decayeron sin que nunca se les permitiera ver la luz parlamentaria? ¿Cuántas leyes fueron aprobadas con los únicos votos de la mayoría parlamentaria?

No me cabe duda de que muchas de las prácticas anteriormente descritas traen causa de un comportamiento político e institucional de la mayoría parlamentaria presente en la Mesa de las Cortes valencianas y de su Presidencia impropio de los miembros llamados a integrar dicho órgano parlamentario. La Mesa de la Cámara debe cumplir una discreta pero altísima función en nuestro sistema de gobierno: ordenar pacífica y neutralmente el ejercicio de las funciones parlamentarias y, con ello, preservar su posición y dignidad institucional. Por el contrario, durante la V Legislatura la Presidencia de las Cortes parece más bien haber cumplido un papel de auténtico ariete contra la oposición al servicio de los intereses político-partidistas del gobierno valenciano. Sin entender que, con ello, seguramente debilitaba la capacidad de control gubernamental de la oposición política pero, al tiempo, causaba un daño (esperemos que reparable) al prestigio de la propia institución parlamentaria.

Cuando el Molt Honorable President de la Generalitat, Francisco Camps, tome posesión de su cargo, jurará cumplir y hacer cumplir nuestro Estatuto de Autonomía. Debiera tener muy presente el President que nuestras instituciones de autogobierno -todavía jóvenes y necesitadas de mimo y cuidados- configuran un sistema parlamentario de gobierno en el que ocupan una posición central las Cortes Valencianas. Es cierto que, cada día más, los sistemas democráticos adquieren tintes plebiscitarios y que en las elecciones del 25 de mayo el PP logró una holgada mayoría absoluta que le habilita para desarrollar plenamente su programa político. Pero ello no puede significar transformar nuestro sistema de gobierno parlamentario en un sistema presidencialista plebiscitario. El acatamiento del Estatuto de Autonomía no puede serlo sólo sobre su letra sino también sobre la filosofía política que lo inspira. Piense el President que su propia legitimidad y prestigio estará estrechamente vinculada a la salud democrática que emane de las Cortes. Y, hoy, la autoridad del Parlamento está directamente proporcionada a su capacidad de posibilitar la función de oposición parlamentaria. Ahogar la voz de la oposición parlamentaria podrá dar réditos electorales a corto plazo pero, con el tiempo, asfixiará a la propia institución parlamentaria que sirve de basamento al conjunto de las instituciones valencianas de autogobierno.

Esperemos que, cuando el cuarto domingo de mayo del 2008 los valencianos vayan a las urnas, no lo sea entonando un réquiem.

Artemi Rallo Lombarte es catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I.