Cataluña está cada vez más lejos de Europa en siniestralidad laboral

En Europa hay un inspector de trabajo por cada 7.000 trabajadores; en Cataluña, uno por cada 27.000. La Unión Europea ha reducido los accidentes mortales en el mundo laboral el 25% desde 1994; en esta comunidad, siguen aumentando: en 2002 crecieron el 20% respecto al año anterior. La conclusión es clara: Cataluña está muy lejos de Europa en materia de prevención de riesgos y siniestralidad laboral.

La culpa, según Manel Fernández, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y responsable de los servicios médicos de Correos, la tienen las administraciones, que "no se han tomado en serio" la siniestralidad laboral. El año pasado, Cataluña batió el récord de accidentes mortales con 186 fallecidos, el 20% más que en 2001, cuando se registraron 155. En 2000, 151 personas murieron en el puesto de trabajo, y en 1999, 180.

Este profesor de la UPC presentó ayer, en el marco de las I Jornadas de Análisis de Siniestralidad Laboral, organizadas por la Asociación de Estudios de Prevención y Salud Laboral y a las que asistieron, entre otros, el consejero de Trabajo, Antoni Fernández Teixidó, un estudio que destaca la enorme brecha que hay entre la situación de la seguridad laboral en Cataluña y en los países de la Unión Europea. Según Fernández, mientras que en Cataluña "falta conciencia colectiva sobre la seguridad laboral y salud en el trabajo", en Europa existe "una auténtica preocupación social" por esta cuestión.

Hay campañas publicitarias; pero, en opinión de Manel Fernández, son un "maquillaje, porque lo que no hace la Administración es inspeccionar las empresas, entrar en ellas y ver si están cumpliendo o no con la normativa" . De hecho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, entre otras cosas, obliga a las empresas a "realizar una auditoria cada cinco años". Pero el número de empresas que cumplen esta disposición es ínfimo.

El estudio refleja que tan sólo el 20% de los empresarios catalanes conocen las prescripciones básicas que impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fernández añade otros datos: "Tan sólo el 42% de las empresas con más de seis trabajadores disponen de delegados de prevención laboral, el 23,7% no disponen de ningún recurso preventivo y sólo el 30% han realizado una evaluación de riesgos en los últimos dos años".

La Administración no cumple

Las empresas no son las únicas que no cumplen con la normativa. Un tercio de las administraciones públicas aún no han constituido un servicio de prevención de siniestros propio, pese a que, de acuerdo con la legislación vigente, lo tendrían que haber hecho. El autor de la investigación también denuncia que "el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Cataluña no ha sido dotado presupuetariamente y la Fundació ABSS, que se creó para apoyar a las pymes, no ha funcionado".

El profesor de la UPC cree necesaria no tan sólo una campaña de sensibilización, sino también "la publicación de los índices de siniestralidad de las empresas y la bonificación y penalización fiscal en función de estos índices". Fernández reivindica más recursos e inspectores.