Reflexión sobre las reformas de la Justicia

En los últimos tiempos hemos asistido y estamos asistiendo a una verdadera batería de reformas legales propuestas por el Gobierno que afectan intensamente a nuestro sistema de garantías, tanto desde un punto de vista estrictamente procedimental como material. Así, se han presentado con un importante aparato de propaganda institucional, proyectos de reforma de instrumentos jurídicos básicos como son el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Extranjería, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Todos esos proyectos se caracterizan por ser reformas parciales de importantes textos legales e, incluso, en algunos casos se han llegado a presentar reformas sucesivas y próximas en el tiempo de un mismo texto legal como ha ocurrido con el Código Penal, prescindiendo con ello de la necesaria visión global que exige cualquier reforma legal, dando la sensación de que no existe una sistemática clara en dichas reformas y sobre todo utilizando las mismas para hacer frente a lo que, en cada momento, se interpreta que son difusas demandas sociales.

El ministerio fiscal se encuentra sometido a un marcaje propio de otros momentos

Por otro lado, ya en el ámbito de la Administración de Justicia, las instituciones que la conforman también se han visto sometidas a una aceleración legislativa que ha llevado a la reforma de normas institucionales básicas en nuestro Estado de derecho prescindiendo en muchas ocasiones del consenso parlamentario que parece exigir normas de este tipo.

En nuestra opinión ese diluvio legislativo nos exige un análisis de las repercusiones que ha de tener sobre nuestro sistema de libertades las reformas legales que se proponen. Análisis que, en nuestra opinión, si quiere ser completo deberá tener en cuenta no sólo las reformas que se han propuesto, sino las que han sido aprobadas y que en algunos casos afectan al funcionamiento de instituciones que, básicas para el funcionamiento de la Administración de Justicia, estaban y están absolutamente necesitadas de una profunda y completa revisión de sus formas de actuación.

Empezando por las Instituciones, es obvio que la Fiscalía General del Estado no se ha visto, en absoluto, beneficiada con la reforma del Estatuto que se ha aprobado recientemente en una situación de descrédito generalizado que, incluso, fue expresamente reconocido por el Congreso de los Diputados en los primeros momentos del Gobierno del Partido Popular a través de la aprobación de una moción de 1997 que, reconociendo la existencia de la citada crisis, preveía una batería de medidas para hacer frente al desprestigio de la Institución. Por el contrario, esa situación de permanente crisis y deslegitimación se ha acentuado y ello hasta el punto de que la Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobada de una forma monolítica en el Parlamento con los votos del Partido Popular y de Convergència i Unió, nos retrotraen a un Ministerio Fiscal fuertemente dependiente del Gobierno de turno y en donde en ningún momento se han acentuado los principios que la Constitución establece como pilares de su funcionamiento: la imparcialidad y el solo sometimiento en el ejercicio de sus funciones al principio de legalidad y a la satisfacción del interés público.

La propia Institución del Ministerio Fiscal se encuentra en la actualidad sometida a un marcaje propio de otros momentos, con una acentuación de su labor en la delincuencia de bagatela -a través de la participación en el mecanismo de los llamados Juicios Rápidos- que para algunos parece la única delincuencia preocupante, lo que le impedirá, dado el tercermundismo de sus plantillas, dedicarse a investigaciones en otros ámbitos -delitos económicos o de corrupción-, que parece que no forman parte del concepto de seguridad ciudadana que algunos responsables públicos manejan. La introducción, en el último tramo de la tramitación parlamentaria del Estatuto del Ministerio Fiscal, de una importante modificación del mismo, al limitar a sólo seis meses la duración de las Investigaciones que pueda iniciar el Fiscal, por lo demás, limitará gravemente la actividad investigadora del mismo que no cabe olvidar que ha hecho aflorar a la Administración de Justicia importantes supuestos de corrupción política, financiera o medioambiental.

En una situación similar se encuentra el Consejo General del Poder Judicial que a pesar de un cambio profundo en su forma de elección, fruto del Pacto para la Reforma de la Administración de Justicia, que pretendía frenar la crisis institucional en la que se encontraba inmerso, en la actualidad se ha convertido en un órgano con dos sectores profundamente enfrentados y sin grandes posibilidades de acuerdo. Consejo que dio en su última elección una imagen de división que, sin duda, ha supuesto un lastre en el funcionamiento actual del mismo.

Por lo que se refiere a las iniciativas legislativas, las mismas han sido en estos últimos años fuertemente sectoriales, sin la visión de conjunto que requeriría una solución global al grave problema del actual funcionamiento de la Administración de Justicia y, lo que es más importante, se ha tratado de reformas fuertemente subsidiarias a las tesis presupuestarias de déficit cero sostenidas por el Gobierno del Partido Popular, lo que ha hecho que todas ellas salgan lastradas por la idea generalizada en los que han de aplicarlas de que será imposible que puedan generar cambios importantes en los modelos de funcionamiento de la Administración de Justicia que se pretende reformar. Este es el caso de la Legislación de Juicios Rápidos, respecto a la cual ya se han alzado voces que han tratado, sin éxito, de poner de manifiesto la imposibilidad de ponerla en marcha dada la absoluta imprevisión acerca de los medios materiales y personales necesarios para cimentar tan importante Ley.

Todo ello sería medianamente admisible si las reformas no trajeran consigo, además, una perdida importante en la normativización de las garantías que son inherentes a todos los intereses que se vinculan al proceso penal -el interés publico, el de los imputados y perjudicados- y que quedan maltrechos en los últimos proyectos que se han presentado. Así, tras la lectura de los mismos se pone en duda que para el actual Gobierno la finalidad de la pena sea la reinserción social de los penados, que realmente piense que la prisión provisional sea una medida excepcional y no una escoba para barrer las calles o que el Gobierno utilice el Código Penal como un instrumento para evitar conflictos de intereses y no para llenar las cárceles de todos aquellos que no se adaptan al sistema social. Siendo, en la reforma propuesta de la prisión provisional, francamente preocupante la extensión temporal de la duración de instituciones como la incomunicación -hasta trece días- a plazos propios de sistemas de países muy alejados de lugar que pretenden nuestros gobernantes ocupar dentro de los países civilizados -en Turquía, el límite máximo son diez días-.

El último de esos anuncios de reformas legales, realizado en plena campaña electoral por el presidente del Gobierno, afecta por enésima vez a un sector del ordenamiento como el de la Extranjería en el que el Gobierno parece que no encuentra un modelo claro y en el que las ideas parecen agotarse, como en otros ámbitos, en modelos cada vez mas represivos, introduciendo preceptos en la reforma respecto a los cuales ya ha habido pronunciamientos judiciales sobre su lesividad para derechos fundamentales básicos y prescindiendo, una vez más, de políticas sociales y de integración absolutamente necesarias.

Toda esta política legislativa la trata de legitimar el actual Gobierno en un pretendido consenso generalizado de las distintas opciones políticas, que se reflejaría entre otros instrumentos en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Extremo este último que debería ser objeto de una profunda reflexión, puesto que en definitiva los instrumentos políticos de reforma nunca pueden ser buenos o malos por la forma que adopten sino por lo que se consiga a través de ellos.

Antonio Camacho es portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, y Miguel Carmona, de Jueces para la Democracia.