Cataluña prevé llevar al Constitucional los cambios en las cajas

Las exigencias de transparencia para las cajas de ahorro que plantea el Gobierno no sólo han sembrado malestar en estas entidades, que se sienten discriminadas respecto de las obligaciones que pesan sobre los bancos. También han derivado en un nuevo remolino político.

El Ejecutivo catalán, con competencias sobre órganos de gobierno de las cajas, amenazó ayer con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si se aprueban las enmiendas del PP. Éstas atribuyen al Ministerio de Economía la definición del contenido y la estructura del informe de buen gobierno de las cajas, un libro abierto sobre cuestiones como sus créditos o las retribuciones de sus consejeros y directivos. Y crean dos nuevas comisiones surgidas del consejo de administración.

El redactado del PP "vulnera las competencias autonómicas", manifestó ayer el consejero catalán de Economía, Francesc Homs. Tras subrayar que el Gobierno "legisla una vez más como si las comunidades autónomas no existieran", Homs añadió que, si las enmiendas que hoy se debaten en comisión en el Senado se mantienen, "no tendremos más remedio que interponer un recurso".

El grupo parlamentario de CiU ha presentado una enmienda que reclama para las comunidades con competencias sobre cajas los contenidos del informe. Es decir, el alcance de la transparencia. Dicha enmienda sólo pone en manos del ministerio de Rodrigo Rato esta facultad si la autonomía no la ejerce.

El Gobierno catalán ya hizo valer sus competencias para poner su propio tope temporal de permanencia para los consejeros de las cajas (20 años), que derivó en el relevo en la presidencia de la mayor caja española, La Caixa.

Desde el flanco socialista, el secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, arremetió contra lo que considera un "ataque a las cajas" por el Gobierno, que "no parará hasta privatizarlas", y añadió que el PP se sitúa "claramente" a favor de los bancos.