La transición incompleta de Fox

El 6 de julio se llevarán a cabo en México las primeras elecciones nacionales desde que Vicente Fox expulsó del poder al PRI, un partido que tuvo 70 años de dominio casi absoluto. Cambiará en su totalidad la Cámara de Diputados y seis nuevos gobernadores habrán de ser elegidos. A mitad de sexenio, esta votación será una especie de referéndum sobre el desempeño del Gobierno de Fox y el futuro de su Administración estará inevitablemente determinado por los resultados. Por el momento, la mayoría de las encuestas no proyectan un claro ganador.

Es posible que el partido de Fox, el PAN, pierda algunos escaños, pero puede conservar hasta el 40% del total nacional, así como una decisiva participación en Estados importantes. El PRI, a pesar de sus divisiones internas, escándalos de corrupción y acusaciones de mal manejo de recursos públicos, puede recuperar el Gobierno del Estado de Nuevo León. Asimismo, es muy probable que mejore su situación en el Congreso, aunque de cualquier manera no logrará más del 40%. Por su parte, el PRD, a pesar de la creciente popularidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quizá siga estancado en un 16 o 17% del porcentaje global.

Todo esto significa que ningún partido conseguirá una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En el Senado, por otra parte, la situación es prácticamente la misma, pero las elecciones para la Cámara alta no habrán de tener lugar hasta 2006, año también de las próximas presidenciales; es decir, que el actual callejón sin salida entre el Ejecutivo y el Legislativo persistirá. De ahí la gran interrogante: qué hará el actual presidente para obtener un "segundo aire" en su Administración. Personas cercanas a Fox consideran que tiene una posibilidad razonable de persuadir a la Cámara saliente, quizá en un periodo extraordinario de sesiones en agosto, para que apruebe al menos una reforma al sector eléctrico, preparando así el terreno para que el nuevo Congreso apruebe otros cambios estructurales, incluyendo una transformación global del sector energético, así como reformas fiscales y laborales.

Se antoja dudoso que el PRI y el PRD decidan cambiar repentinamente la postura que han mantenido a lo largo de casi tres años, particularmente cuando se sabe que la sucesión presidencial de 2006 puede ya ponerse en marcha inmediatamente después de estas elecciones de medio periodo. La posibilidad, sin embargo, no debe ser del todo descartada. Ciertamente, la economía y la situación del país en general mejorarían enormemente si las mencionadas reformas estructurales fueran finalmente aprobadas y puestas en práctica. Pero si ése no es el caso, la Administración de Fox quizá quiera considerar la posibilidad de dejarlas de lado, por lo menos temporalmente, con el fin de concentrar sus energías en otras reformas pendientes, igualmente importantes y cuya realización pudiera ser más viable en la segunda parte de su sexenio. Se trata de lo que podríamos llamar las reformas institucionales, es decir, aquellas que implican la transformación del sistema político mexicano y la construcción de mecanismos y procedimientos que permitan al país manejar sus divisiones internas sin caer en una parálisis permanente.

Entre las diferentes propuestas de reformas institucionales figura la reelección de los legisladores. México, al igual que Costa Rica, es la única democracia que actualmente prohíbe la reelección consecutiva de diputados y senadores, imposibilitando tanto la rendición de cuentas a los electores como la adquisición de la experiencia necesaria para lograr niveles aceptables de desempeño legislativo. Enseguida, las reformas incluirían el establecimiento de iniciativas populares (referéndum y plebiscito) para cuestiones constitucionales de relevancia, cierto nivel de separación de las funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno, y algún mecanismo de vinculación entre la mayoría presidencial y la legislativa, sin llegar necesariamente a un régimen parlamentario. Todo ello para dar al presidente la posibilidad material de lograr la aplicación del programa que propuso a sus electores. Podría optarse también por una segunda vuelta electoral para las elecciones legislativas y presidenciales; de esta manera, el próximo presidente no sería electo, digamos, con un 22% del voto, como le ocurrió recientemente a Néstor Kirchner en la Argentina (a pesar, curiosamente, de la existencia de una segunda ronda).

Estas reformas pueden ser consideradas viables por una simple razón: todos los candidatos en potencia a la presidencia en México para 2006 tienen un interés personal en su aprobación (es evidente que no quieren padecer la suerte de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, atados de manos, por así decirlo, casi paralizados por las actuales instituciones mexicanas) y, en pleno periodo electoral, estarán en posibilidad de ejercer una influencia determinante sobre sus respectivos partidos (conforme se acerque la elección presidencial de 2006, todo el mundo querrá estar en buenos términos con el candidato y posible vencedor).

Pero más importante aún: la aprobación de las reformas institucionales aseguraría el legado de Fox como el líder que verdaderamente transformó a México y, de paso, permitiría a su sucesor la puesta en práctica de las reformas estructurales actualmente atascadas. Con estos cambios institucionales, las transformaciones económicas y sociales se vuelven alcanzables para el próximo presidente y, con suerte, para el mismo Vicente Fox, ya que son mecanismos que, de una manera u otra, facilitarán su aprobación. Mientras esta estrategia parece modesta, es ciertamente más realista y sustantiva que insistir en alcanzar metas que ya han probado ser excesivas. Y ello corresponde a lo que en general ha ocurrido en otras transiciones democráticas, como la española, después de 1975. El primer Gobierno democrático en llegar al poder tras un mandato autoritario no completa la transición, pero hace posible que sus sucesores lo hagan. Eso puede ser un gran logro para el presidente Fox, quien, por lo pronto, ya se ha ganado su lugar en la historia de México, así como la gratitud del pueblo mexicano.

Jorge G. Castañeda ha sido ministro de Relaciones Exteriores de México y es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de ese país.