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Las playas malagueñas reciben cada año 200.000 toneladas menos de arena que en 1960

La provincia ha perdido la mitad de sus cauces de agua en los últimos 40 años

Las playas de Málaga pueden morir de éxito. El desplazamiento masivo de población hacia el litoral en los últimos 40 años ha provocado cambios bruscos en el equilibrio del ecosistema costero. Las playas malagueñas reciben ahora 200.000 toneladas menos de arena al año de ríos y arroyos que en 1960. Embalses, muros de contención, trasvases, encauzamientos y movimientos de tierra se encargan de ello. En los últimos 40 años, la provincia ha perdido 2.500 de los 5.000 kilómetros cuadrados de cuencas fluviales que tenía, es decir, la mitad de las corrientes de agua que aportaban sedimentos a las playas.

En los dos últimos inviernos, los temporales han castigado seriamente las joyas de la corona de muchos de los municipios turísticos costeros. La Dirección General de Costas ha respondido con sendos planes de emergencia que contemplaban aportes artificiales de arena para las playas más castigadas. Este año, los trabajos han desatado una agria polémica por la discutible calidad de la arena utilizada para los rellenos, extraída de cauces de arroyos, bocanas de puertos y canteras.

Paralelamente, Costas trabaja desde 2002 en la elaboración de un Plan de Playas donde, según el responsable de la demarcación, Juan Carlos Fernández Rañada, "se hará una evaluación de las condiciones del litoral y se intentará aplicar playa a playa la solución más idónea". Los resultados de la evaluación aún no se conocen, pero buscar una solución no es una tarea fácil, porque, como señala el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Luis López Peláez, que ocupó la jefatura de Costas entre 1972 y 2002, "si se corta el suministro de sedimentos de ríos y arroyos se acaban las playas".

En 1960, el litoral malagueño soportaba el 53,2% de la población total de la provincia. Ahora el 75,5% de los habitantes de Málaga vive junto a la costa. En este tiempo, además, la población de la provincia se ha duplicado. La presión urbanística no sólo ha cambiado la fisonomía del litoral, sino que ha obligado a la construcción de pantanos y trasvases para garantizar el suministro de agua, muros de contención y encauzamientos para prevenir inundaciones, carreteras y calles que interrumpen ramblas y correntías y un largo rosario de infraestructuras que han ido poniendo puertas al agua.

"La desaparición de un cauce supone la ruina de una playa en un plazo de unos cinco años", dice López Peláez. "Y a medida que la urbanización se vaya extendiendo, veremos desaparecer muchos más". Hasta ahora, la culpa del deterioro de las playas se había cargado sobre la proliferación de puertos deportivos y espigones. López Peláez relativiza la influencia de este tipo de construcciones. "El verdadero problema está tierra adentro. No se trata de que no se hagan embalses. Está claro que son necesarios, aunque también se podría pensar en desaladoras. Esa solución suele rechazarse porque el agua es más cara. ¿Pero nos hemos planteado cuánto cuesta cada año regenerar las playas?", pregunta. "El asunto es que tenemos que aprender a interactuar con la naturaleza en vez de ir contra ella. Hasta que todas las administraciones tomen conciencia y se sienten al menos a hablar del problema no estaremos en el camino de una solución", concluye.

El biólogo José María Guevara, miembro del Observatorio para el Desarrollo Sostenible del Mar de Alborán, considera también que la planificación es fundamental. "Antes de llevar a cabo cualquier actuación en el litoral habría que analizar el motivo de las alteraciones. Puertos deportivos, construcciones, espigones, regulaciones de cauces y presas modifican la interacción entre el mar y las costas. La arena no se deposita en las playas, sino en bancos sumergidos a cierta distancia, y la erosión del litoral llega en algunos sitios a 25 metros por año", explica.

Guevara se muestra muy crítico con las soluciones de emergencia. "Suponen un gasto enorme de dinero público para sólo un año. Esta última, por ejemplo, ha costado diez millones de euros, y es una chapuza que se ha hecho con arenas de ínfima calidad, sin tener en cuenta que la gente va a entrar en contacto directo con ella. En lugar de eso, Costas tendría que hacer un estudio en profundidad y estudiar soluciones definitivas. Lo que se está haciendo es tirar el dinero", sostiene este experto.

La polémica de la calidad

Los trabajos de regeneración de las playas que la Dirección General de Costas lleva a cabo desde mediados de mayo en los municipios costeros más afectados por los temporales han sido objeto de agrias críticas por parte de vecinos, ecologistas y responsables políticos. En Rincón de la Victoria y Nerja, grupos de vecinos impidieron la continuación de los rellenos y exigieron a Costas la retirada de la arena que había transportado hasta las playas, al detectar en ella lodos, guijarros y desechos.

El delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, Ignacio Trillo, advierte además del riesgo de contaminación. "La arena se ha extraído de bocanas de puertos y cauces fluviales. Eso supone que puede existir una elevada presencia de metales pesados y otras sustancias contaminantes". Trillo acusa además a Costas de "parcelar" la operación de regeneración para que la obra no adquiera suficiente importancia como para pasar por el control de su Delegación.

El responsable de Costas en Málaga, Juan Carlos Fernández, asegura que "la arena está limpia y ha sido convenientemente analizada", y pone en duda la presencia de basura o guijarros. "En el caso de Nerja había guijarros porque se trataba de un lecho que se había puesto para que los camiones cargados pudieran circular por la arena, pero la que se ha empleado para restaurar la playa es idónea y ni en ese caso ni en ningún otro se ha empleado arena insalubre", explica.

En lo que están de acuerdo Trillo y Fernández es en la necesidad de buscar un modelo de desarrollo urbanístico menos agresivo para el litoral, aunque también en este campo hay enfrentamiento. Mientras la Junta acusa a Costas de no poner en marcha un plan que garantice la pervivencia de las playas en el futuro, el responsable de la dirección general alude al deber de la Junta y las administraciones locales de desarrollar un planeamiento urbanístico que no amenace el equilibrio del litoral. "La Junta también tiene una gran responsabilidad en esto", recuerda Fernández.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de junio de 2003

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