Mafia aeronáutica en Ucrania

La Fiscalía Anticorrupción denunció hace cinco años el deficiente control de la República de Ucrania sobre sus propios aviones y reclamó sin éxito el embargo de un Ilyushin IL-76, interceptado en 1997 en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria, cuando transportaba varias toneladas de tabaco de contrabando. El aparato, idéntico al que fotografiaron hace días soldados españoles que viajaban a Basora (Irak), era propiedad del Ministerio de Defensa ucranio y disponía de un permiso para comerciar con armas, municiones y explosivos. Sus ocho tripulantes, militares en excedencia, fueron condenados por la Audiencia Nacional y acabaron en prisión.

Federico Trillo-Figueroa, ministro de Defensa, ha defendido en el Congreso la calidad de la aviación ucrania, sus controles y la seriedad de las autoridades de Kiev que emitieron las certificaciones de aeronavegabilidad del Yakolev 42 en el que murieron 62 militares españoles. La inspección de los aparatos y tripulaciones corresponde a funcionarios ucranios y fuentes de la OTAN confiesan que están obligados a confiar en ese país.

El aparato, intervenido en Vitoria, tenía permiso para trasladar armas y explosivos

Un Ilyushin 76 del Ministerio de Defensa ucranio se dedicaba al contrabando de tabaco

¿Qué validez tienen esas certificaciones e inspecciones en un país en el que aparatos militares de la propia república fueron puestos a disposición de la mafia y hay un montón de compañías piratas?, se pregunta un directivo español de Aviación Civil.

La historia del Ilyushin IL-76 UR-76721, cedido por el Gobierno ucranio por una cantidad "ridícula" a una mafia de contrabandistas, pone en entredicho el rigor de los controles aeronáuticos en esta república ex soviética, a la que la ONG Transparency Internacional situó en 2002 entre los 12 países más corruptos del planeta.

El 12 de abril de 1997, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Vizcaya aguardaban en la pista del aeropuerto de Foronda la llegada del Ilyushin IL-76, un avión soviético que levantó las sospechas de un avispado aduanero de Salónica (Grecia) que se fijó en este enorme aparato y dio el chivatazo a sus colegas españoles. El avión trazaba desde hacia meses una extraña ruta: cargaba tabaco en el aeropuerto de Ostende (Bélgica), volaba a Belgrado (Yugoslavia), hacía escala en Salónica o Atenas y reanudaba su vuelo con falsa dirección a Tánger (Marruecos) y escala en Vitoria. En realidad, la ciudad vasca era su último destino.

El aparato estaba arrendado por el Ministerio de Defensa ucranio a la compañía civil de ese país Blue Sky Line, una sociedad pantalla tras la que se ocultaba una mafia de contrabandistas. El negocio era redondo: transportaban toneladas de tabaco rubio sin pagar ni un céntimo en impuestos. Cargaban el tabaco en Holanda y aseguraban a los aduaneros belgas que la mercancía iba destinada a Yugoslavia. Así no pagaban el impuesto comunitario. En Atenas, decían que la carga iba a Marruecos y comunicaban que harían una escala técnica en Vitoria, por lo que tampoco se les reclamaban aranceles, ya que se trataba de mercancía extracomunitaria en tránsito.

A las 21.20 del 12 de abril de 1997, el comandante Mourzakhanov y Oleg Koutnezsov, segundo piloto, descendieron del Ilyushin IL-76 y se dirigieron a pie hasta las oficinas del aeropuerto de Foronda. Era su undécimo viaje a Vitoria en los últimos tres meses y, al igual que otras veces, identificaron los 96 bultos como equipos electrónicos con destino a la factoría Fasa-Renault de Valladolid.

Los paneles de 30.587 kilos se cargaron a pie del avión en dos camiones que fueron interceptados a las afueras del aeropuerto. Los funcionarios del SVA descubrieron 887.992 cajetillas de Winston y Marlboro. Los ocho tripulantes del avión soviético intentaron huir y el aparato sólo se detuvo cuando varios vehículos le cerraron el paso en la pista.

Todos los tripulantes fueron condenados a penas de entre dos y tres años de prisión por delitos de contrabando y uso de documentos oficiales falsos. BSL Airlines, que presidía Alexander Sanin, fue condenada al pago de una indemnización de 13 millones de euros al Estado español y Ucrania fue absuelta de responsabilidad civil.

En el recurso presentado por la fiscalía, ésta pidió el embargo del avión y aseguró que Ucrania incumplió "palmariamente con las mínimas exigencias que derivarían de la buena fe, tanto en su condición de arrendador como de autoridad pública. Sus obligaciones para con la aeronave Ilyushin fueron manifiestamente desatendidas y se incumplieron los convenios internacionales". La acusación destacó que el avión militar fue apartado de su uso público y entregado para su explotación comercial "en condiciones incompatibles con la buena fe contractual, porque el precio del arrendamiento era ridículo en relación al margen del beneficio previsible". Además, destacó que, pese al elevado valor económico de la nave, no se exigió a la sociedad BSL fianza o garantía alguna antes de la entrega de un aparato que tenía libertad para volar a cualquier parte del mundo. Tampoco se estableció control sobre la cesión a terceros de la aeronave, "lo que hubiera permitido impedir a la BSL explotarla mediante la fletadora Mensus Trade".

Según la fiscalía, la compañía BSL Airlines fue constituida poco tiempo antes de que se cometieran los hechos delictivos por "unos pocos socios ucranios, pero carece de infraestructura operativa, capital social y patrimonio como para justificar que por un precio irrisorio el Estado le ceda en arrendamiento, sin control alguno, una flota de aviones del Ministerio de Defensa, previa y oportunamente desmilitarizados".

Para el fiscal, tanto el contrato como el flete fueron "negocios jurídicos simulados que pretenden crear una apariencia ficticia de desvinculación entre el propietario del avión, la República de Ucrania, y los hechos delictivos, cometidos 11 veces consecutivas con el mismo".

Para la acusación, el hecho de que el Ilyushin y sus tripulantes portaran documentación falsa (manifiestos de carga, albaranes, declaraciones, facturas de mercancía), que Ucrania tenía la obligación de controlar, indica que un "mínimo control por parte del Gobierno hubiera permitido detectar el fraude". Reprochó que tampoco se controlara el diario del avión y destacó que gracias a las autoridades de ese país el aparato tenía una autorización especial para transportar armas, municiones y explosivos. "Quizás tabaco es la mercancía más inocente que el avión ucranio podía introducir de contrabando en el País Vasco", señaló la fiscalía.

La Audiencia Nacional rechazó el recurso porque la sentencia no declaró la responsabilidad penal de ningún funcionario, aunque reconoció la existencia de "más que sospechas e indicios de tal responsabilidad". "La negligencia que el Estado propietario de la aeronave haya podido cometer en cuanto al control que debió observar no puede considerarse equivalente a la participación en el delito", señaló el fallo.

Cuando cumplieron su condena, los ex militares ucranios fueron expulsados de España. "¿Qué controles puede haber en un país dónde ocurrió esto y en el que las compañías tiran los precios? No creo en esos controles", dice escéptico un técnico de Iberia.