Giscard acusa a los Gobiernos de pactar al margen de la Convención

Los últimos intentos del presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, por lograr un consenso sobre el proyecto de Constitución Europea chocaron ayer con las fuertes críticas que escuchó de los representantes de los Gobiernos de la UE. Giscard les acusó después de pactar posiciones al margen de la Convención y de tener "una actitud negativa" que causará "graves problemas", sobre todo porque una mayoría, con España a la cabeza, defiende que no se modifique el reparto de poder pactado en Niza.

Giscard mantuvo ayer reuniones por separado con los representantes de Gobiernos, Parlamentos nacionales, Eurocámara y Comisión para intentar acercar posiciones, pero se encontró con lo contrario. La más tensa fue con los delegados de los Gobiernos, que previamente se habían reunido entre ellos. En contra del espíritu de la Convención, que actúa por consenso, llegaron a votar para saber los apoyos o rechazos a algunas polémicas propuestas: si se mantiene o no el complejo sistema de votación en el Consejo acordado en Niza en 2000 y si debe crearse o no un Consejo Legislativo que actuaría como segunda cámara, al estilo federal.

El proyecto de Constitución prevé cambiar Niza de modo que las decisiones en el Consejo se tomen por una mayoría de Estados que representen al menos al 60% de la población de la UE. Pues bien, 17 Gobiernos, encabezados por el español, votaron en contra. A favor lo hicieron al menos los seis países fundadores de la UE (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo). Similar resultado se produjo respecto al Consejo Legislativo.

Y así lo transmitieron a Giscard en su reunión con él. "Su posición no es positiva y creará graves problemas", les dijo después el presidente de la Convención a los representantes de la Eurocámara. Comunicar a la opinión pública que ahora no se va a cambiar Niza "sería de risa", comentó Giscard a los eurodiputados asistentes. Giscard contó en este terreno con el apoyo de la gran mayoría de eurodiputados en la Convención.

España, beneficiada por el reparto de votos en Niza, es el país que más se opone a modificar la fórmula. Así lo aclaró de nuevo el representante del Gobierno español, Alfonso Dastis, como también, en sus respectivas reuniones, el diputado español Gabriel Cisneros e incluso los socialistas José Borrell, Diego López Garrido y Carlos Carnero. En el caso de éstos, sostienen que no merece la pena poner en riesgo el propio resultado de la Convención por esa cuestión, pero expresaron su opinión de que el texto constitucional debe mejorarse eliminando el derecho al veto incluso en cuestiones sensibles como la política exterior, algo que defendieron la mayoría de representantes de los Parlamentos nacionales y el europeo.

Es lo que no quieren los Gobiernos, pero sí los representantes de la Comisión. Éstos agregaron que sólo aceptarán la creación de un presidente estable del Consejo Europeo si no interfiere en las competencias del Ejecutivo comunitario ni en las del futuro ministro europeo de Exteriores, una figura a la que los Gobiernos quieren restar poder, por ejemplo evitando que presida el Consejo de Exteriores. El Ejecutivo comunitario también exige que siga habiendo un comisario por país (el proyecto señala que habrá 15 más otros "delegados") al menos hasta 2009.

El presidente de la Comisión, Romano Prodi, protagonizó un nuevo enfrentamiento con Giscard al declarar que mantener el derecho al veto "sólo puede llevar a la parálisis de la UE". "¡Pobre democracia europea!", exclamó al comentar que el proyecto prevé que la Eurocámara controle a la Comisión, pero no al Consejo (los Gobiernos) ni a su presidente.