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Tribuna:

Crecer a la sombra del enemigo

La reaparición de los atentados con el sello de Al Qaeda y organizaciones afines en Bali, Filipinas, Arabia Saudí y, hace apenas unas semanas, en Marruecos ha reabierto, si bien se mira, el mismo interrogante a que dieron lugar las matanzas de las Torres Gemelas y el Pentágono: la estrategia dirigida a combatir el terrorismo perpetrado en nombre del islam, ¿exigiría considerar sus crímenes como síntomas y, en consecuencia, identificar sus causas y desactivarlas o, por el contrario, habría que perseguirlos sin conceder relevancia alguna a los posibles móviles ni a las circunstancias en las que se perpetran? Tan constante ha llegado a ser la presencia de esta disyuntiva en la reciente confrontación política e intelectual -y en particular a partir de los prolegómenos de una guerra que, como la del Golfo, se pretendió vincular por sus promotores a la lucha antiterrorista- que al final se ha perdido de vista que las opciones sobre las que está construida presentan siempre un punto ciego, una dramática imposibilidad de mantener una estrategia que no alimente el mismo incendio que se pretende sofocar.

Cuando Estados Unidos decidió responder a los atentados del 11 de septiembre mediante el recurso a la guerra, el margen de maniobra para advertir los riesgos del camino que emprendía era demasiado estrecho: el régimen del mulá Omar daba cobertura a Osama Bin Laden desde un Estado reconocido, y utilizando el principio de soberanía como pantalla, pretendió impedir que el responsable de un crimen atroz fuera sometido a la justicia. El casus belli resultaba en este caso incontrovertible, por más que de manera subrepticia se le asociase una idea espuria: la de que la guerra es un instrumento adecuado para hacer frente al terrorismo. Fueran cuales fuesen las verdaderas razones del ataque contra Irak -mientras que las explicaciones referidas a los suministros energéticos y a la reordenación de Oriente Próximo han sido ampliamente comentadas, las que evocan la involución democrática que padecen los EE UU bajo Bush se mantienen en sordina-, lo cierto es que todas ellas dan por descontado que, a efectos de Washington y de algunos de sus aliados, "la guerra contra el terrorismo" no constituye una metáfora, sino un contundente enunciado estratégico.

La primera consecuencia de esta insensata traslación del sentido de lo que surgió como un eslogan de urgencia para conjurar el sentimiento de vulnerabilidad de los norteamericanos fue subrayada por Hosni Mubarak: agredir a un país con la cortada del terrorismo era ofrecer al terrorismo un nuevo y efectivo banderín de enganche, que allegaría a sus filas decenas de jóvenes dispuestos al martirio. Pero existe, además, una segunda consecuencia cuya capacidad desestabilizadora podría incrementarse de persistir en el camino que arrancó en Kabul y se ha hecho llegar arbitrariamente hasta Bagdad: al responder al crimen con la guerra se le está concediendo al criminal la posibilidad de contemplarse a sí mismo como soldado y, por eso mismo, se le está colocando en disposición de parasitar para sus fines la reacción de quienes empezaron siendo las víctimas. A efectos de los terroristas, la cuota de violencia indiscriminada que conlleva inevitablemente la acción de un ejército en campaña les permite justificar la violencia indiscriminada que emplean en sus atentados. Frente a esta alucinada imagen de la realidad no cabe victoria ni derrota militar alguna, sino tan sólo avances o retrocesos en la ansiedad de los ciudadanos ante el pronóstico de que cualquier edificio de cualquier ciudad en cualquier parte del mundo pueda convertirse en un ficticio aunque sangriento campo de batalla. Y lo que resulta en extremo sospechoso, lo que debería desencadenar una rigurosa reflexión, es que ciertos gobiernos democráticos, y entre ellos el de nuestro propio país, parezcan más decididos a alentar esta ansiedad que a moderarla.

Pero si adoptar la "guerra contra el terrorismo" como estrategia sólo significa, en realidad, aumentar la destrucción a un lado de la frontera imaginaria trazada por los terroristas, y el miedo al otro -de modo que lo único que se confirma es, en efecto, la frontera-, replicar con un discurso de trazo grueso acerca de los atentados como síntomas cuyas causas urge resolver puede convertirse en un paradójico estímulo para Al Qaeda y organizaciones afines. Trazo grueso significa, en este caso, propiciar inadvertidamente el equívoco de que un fanático saudí, egipcio, argelino, marroquí o de cualquier otra nacionalidad, incluida como se ha visto la francesa o la británica, tenga legitimidad para envolver sus crímenes en la bandera de una causa reconocida y aceptada, como es la causa palestina. Con su obstinación en mantener a sangre y fuego la ocupación ilegal de Gaza y Cisjordania, dirigida en último extremo a transformarla en anexión, la política de Israel lleva casi cuatro décadas obligando a establecer distinciones de una sutileza incompatible con la brutalidad de cuanto sucede sobre el terreno; distinciones como la de saber si una concreta acción violenta por parte de los ocupados debe ser catalogada como resistencia o como terrorismo. Salvo los casos extremos, en los que esta escalofriante divisoria puede resultar más o menos nítida -atacar a una patrulla de soldados israelíes que allanan una casa en Cisjordania sería resistencia; volar una discoteca o un autobús en Tel Aviv, terrorismo-, la vida cotidiana en los territorios ofrece casos de sobrecogedora ambigüedad. Desde la perspectiva de un palestino expropiado por los bulldozers israelíes, ¿el colono asentado sobre su tierra que porta un fusil en bandolera es un civil o un militar? Si al tenderle una emboscada muere algún miembro de su familia, ¿refuerza esa tragedia el carácter terrorista del atacante palestino o, por el contrario, es posible mantenerle su condición de resistente mediante el recurso a la repugnante noción de "daños colaterales"?

Por descontado, una de las escasas maneras de sortear estos interrogantes sin renunciar por ello a los principios democráticos es recordar que, levantada la ocupación y desmantelados los asentamientos -es decir, restablecida la legalidad internacional-, toda violencia palestina sería criminal. Pero iniciativas como la Hoja de Ruta no parecen apuntar en la dirección de exigir una retirada israelí, sino en la de convalidar la idea de Sharon de que la noción de resistencia es una coartaday de que, por tanto, toda violencia relacionada con la causa palestina es terrorista, incluida la que ejerce un adolescente al enfrentarse a pedradas con un blindado. Por desgracia, la respuesta de Al Qaeda y organizaciones afines es exactamente la simétrica: lo que no existe en relación con Palestina es terrorismo, sino sólo resistencia, sin descontar de ella las matanzas indiscriminadas de civiles. Arrastrados por esa pendiente, se sienten entonces autorizados a invocar la situación de Cisjordania y Gaza como cobertura política y moral para los atentados perpetradas antes y después del 11 de septiembre, para establecer un nexo falaz entre las tropelías israelíes en Jenín y sus propias tropelías en Bali, Riad, Mindanao o Casablanca. Desde esta perspectiva, sostener sin más que la solución de la tragedia palestina, o de otras tragedias inhumanamente consentidas en el mundo árabe y musulmán durante más de medio siglo, mermará la capacidad de acción de los terroristas que la invocan equivale a concederles dos victorias: una, la de que su violencia expresa algo distinto de su propio fanatismo, y otra, la de que la legalidad, y a través de ella la más elemental de las justicias, sólo avanza a golpe de la muerte y la destrucción que ellos provocan.

De persistir en el camino emprendido tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, de persistir en una "guerra contra el terrorismo" que, como se ve, nos irá colocando cada vez más en la disyuntiva saducea de ignorar la legalidad o de cumplirla bajo presión de los terroristas, las posibilidades de alejar la catástrofe se irán reduciendo de día en día, pero no porque al final se desemboque en ningún choque de civilizaciones, en ningún conflicto entre esos entes de razón, o mejor de sinrazón, en los que se están convirtiendo Occidente y el Islam. Por mortíferas que puedan ser las acciones de Al Qaeda y organizaciones afines, por devastadores que puedan resultar sus atentados, el riesgo más grave al que se empieza a enfrentar el mundo es otro muy distinto. Puesto que los occidentales se sienten inseguros ante la amenaza de los islamistas, la mayor parte de los gobiernos ha decidido lanzarse a algo que en la jerga política y administrativa se denomina "el incremento del componente de seguridad" en materia de política exterior. Atemorizados por un lado, y por otro adormecidos ante la sutileza del eufemismo, pocos ciudadanos parecen advertir que de lo que se está hablando en realidad es de un viejo conocido, el mismo que precedió a los mayores desastres de la historia reciente, el mismo que ha comenzado a crecer a la sombra del enemigo: de lo que se está hablando es del rearme. Rusia, Japón, China, Irán, Corea del Norte, por no citar a los Estados Unidos o la propia Unión Europea, no sólo han anunciado su intención de incrementar unos gastos militares rigurosamente inútiles para hacer frente al terrorismo, sino que la han anunciado al mismo tiempo que se desmoronan los pactos e instituciones que garantizaron la contención en los momentos de la guerra fría.

Más que de las escenas de desolación provocadas por los suicidas que envía para matar en nombre de un dios inventado para la ocasión, Bin Laden, de seguir vivo, podrá algún día enorgullecerse de habernos llevado a donde tal vez nunca alcanzó a soñar su celo mesiánico: a un mundo dispuesto a armarse hasta los dientes mientras que, al tiempo, prescinde o se enajena las reglas que mantuvieron al fantasma de la destrucción a buen recaudo.

José María Ridao es diplomático.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de junio de 2003