Las subidas de impuestos en 2002 elevan la presión fiscal hasta el 35,48% del PIB

El sector público absorbió en 2002 un mayor porcentaje de la riqueza creada, pese a que ése fue un año de desaceleración económica. Según datos oficiales, la presión fiscal subió casi medio punto del PIB, hasta el 35,48%. La no actualización del IRPF, el nuevo impuesto sobre las gasolinas y la subida de los gravámenes en el alcohol y el tabaco explican esta contradicción entre los mensajes políticos y la realidad. En contrapartida, los bienes y servicios prestados por el sector público aumentan 0,3 puntos del PIB, hasta el 39,6%; es decir, a menos velocidad que los recursos.

La presión fiscal sigue en aumento cada año -1,7 puntos del PIB desde que gobierna el PP- pese a las promesas de rebaja de impuestos. Este indicador refleja el conjunto de impuestos y cotizaciones sociales que pagan los ciudadanos al Estado central, a la Seguridad Social, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, todo ello en relación al producto interior bruto. Cuando la suma de esos ingresos crece más que la economía, la presión fiscal aumenta, y viceversa.

En los primeros años de Gobierno del PP, la economía crecía a un alto ritmo, y el empleo también. La subida de la presión fiscal se explicaba oficialmente por esa bonanza económica y su efecto multiplicador en los ingresos fiscales. Ahora, la situación ha cambiado. La economía, el empleo y la masa salarial se desaceleran, pero la presión fiscal sigue en aumento.

Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, la subida es de casi medio punto del PIB en 2002, hasta el 35,48%. La causa está, sobre todo, en las subidas de impuestos de principios del pasado año. Se concretaron en la creación de un nuevo impuesto sobre las gasolinas para financiar las transferencias de Sanidad a las comunidades autónomas, la congelación de la tarifa del IRPF desde 1999 y la subida de los impuestos especiales que gravan el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.

Estas subidas contrarrestaron la desaceleración de la actividad económica y, en concreto, del consumo y el empleo. Por añadidura, la subida de los precios del petróleo y la pujanza del sector inmobiliario elevaron la recaudación por IVA más de lo que hubiera sido lógico, dada la situación económica general. La mayoría de los impuestos -salvo los ligados a la propiedad- elevaron su participación en el PIB en 2002, mientras que las cotizaciones sociales la mantuvieron.

También afectó el nuevo tratamiento fiscal de las plusvalías reinvertidas por empresas y bancos, que ha adelantado a 2002 el pago de estas ganancias a cambio de una reducción del impuesto de sociedades por este concepto a futuro. En las cotizaciones sociales se produjo también un aumento que afectó a las bases para categorías profesionales intermedias, con el fin de equipararlas a otros niveles.

En conjunto, los ingresos de las administraciones públicas (incluidas las transferencias) crecieron el pasado año un 7,5%, mientras que la actividad económica general aumentó un 6,5% en términos nominales, es decir, sin descontar la inflación. Más en detalle, los impuestos sobre la producción se elevaron un 9,2%, 2,7 puntos más que la actividad económica, y los impuestos sobre la renta y el patrimonio, un 11,3%, algo menos del doble. Las cotizaciones sociales crecieron un 6,2%, dos décimas por encima de la masa salarial y frente a un crecimiento de apenas el 1,3% en el empleo.

En el caso del impuesto sobre la renta -la principal fuente de recaudación después de las cotizaciones-, el incremento fue del 7,1% en 2002, sin que se hayan producido cambios normativos. El origen de este aumento, superior al de la masa salarial, al del empleo y al de las ganancias por rentas del capital (intereses, acciones, etcétera), se sitúa en el mantenimiento de la tarifa por cuarto año consecutivo. Al ser la tarifa progresiva, si ésta no se actualiza con la inflación, se paga más IRPF por subidas de sueldo que no suponen mejoras de poder adquisitivo.

En el otro lado de la balanza hay que poner los servicios y prestaciones públicas que se perciben y los medios para su administración. Según el informe de la Intervención del Estado, el conjunto del gasto público creció el pasado año un 7,3% y representó el 39,6% del PIB, 0,3 puntos más que en 2001. Este avance es inferior al casi medio punto en que creció la presión fiscal y a los 0,4 puntos en que aumentó el total de ingresos, incluidas las transferencias. El ajuste se ha producido en los intereses de la deuda y en la remuneración de los funcionarios.