El Defensor del Pueblo denuncia el hacinamiento en las prisiones

Hacinamiento, imposibilidad de cumplir con las mejoras en infraestructuras, deficiencias en los programas de intercambio de jeringuillas, malos tratos y aumento de los delitos entre la población reclusa son algunos de los graves problemas que señala el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en el informe anual que ha entregado a las Cortes. Señala que la nueva prisión para la Comunidad Valenciana no estará, en el mejor de los casos, hasta 2006.

Un funcionario de prisiones vigila, en términos estadísticos, a 2,2 reclusos. Ese dato, que comparten las cárceles valencianas con las del resto de España, supone un elemento de alto riesgo para la seguridad en las prisiones. Lo dice en su memoria Múgica. Pero en ese balance añade que la circunstancia de falta de efectivos humanos en prisiones mantiene vacías decenas de celdas, sin precisar el número que le corresponde a la Comunidad. Y agrega que ello supone que el hacinamiento se ha ido multiplicando en los últimos años. Para ello, admite la necesidad de que se ejecuten los planes de construcción de nuevos centros penitenciarios, de los que a la Comunidad Valenciana le corresponde una. Sin embargo, su radiografía le lleva a constatar: "Junto al problema del hacinamiento, se aprecia una notable dificultad para cumplir los programas establecidos de mejora de infraestructuras penitenciarias. Así, no es previsible que ninguna de las nuevas prisiones programadas puedan estar operativas, en el mejor de los casos, antes de 2006, debiéndose destacar que carecen de consignación presupuestaria para iniciar su ejecución en los Presupuestos Generales".

El informe, que reconoce dificultades en la obtención de los datos para su elaboración también en el capítulo penitenciario, recoge, sin cifras concretas, un incremento importante desde 2001 en el número de detenidos, de los que señala que en su mayoría son extranjeros. Asimismo, alerta de la inexplicable lentitud de las investigaciones abiertas por malos tratos, algunas de ellas se iniciaron en 1997. Y apela a la Consejería de Sanidad para que aporte soluciones en materia de atención de enfermos mentales reclusos. Igualmente alerta de importantes deficiencias en el capítulo de servicios a madres reclusas con hijos.