La Generalitat acusa a Jiménez de Parga de daños económicos

El abogado de la Generalitat de Cataluña aseguró ayer, ante la Sala Civil del Tribunal Supremo, que las opiniones del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, sobre los territorios históricos no sólo generaron un daño moral, sino también económico al pueblo catalán. Con los informes de las partes, ayer quedó vista para sentencia la demanda contra Jiménez de Parga.

En su informe final, el abogado de la Generalitat, Carlos García Rojo, reiteró que el presidente del Constitucional había lesionado el derecho a la dignidad del pueblo de Cataluña al afirmar, durante una conferencia, que mientras los andaluces en el año 1000 tenían fuentes y surtidores de agua con olores y colores diversos "en algunas de esas llamadas comunidades históricas ni siquiera sabían asearse los fines de semana".

Pero además, el representante de la Generalitat aseguró que Jiménez de Parga, con esas declaraciones, había "socavado el respeto, la dignidad y la confianza de los catalanes en el aprecio por las instituciones" y siguiendo el hilo de su propio argumento acusó al presidente del Constitucional de haber provocado daños evaluables económicamente.

El defensor de la Generalitat explicó que la institución había desarrollado la campaña Cataluña, tierra de acogida para superar barreras y estereotipos y un 60% de los visitantes había dicho que tras visitar la muestra había mejorado el aprecio que sentían por Cataluña y los catalanes. Citó incluso una relación de patrocinadores como Telefónica y El Corte Inglés y arguyó: "Manifestaciones como las del presidente del Tribunal Constitucional hacen que caigan en saco roto los esfuerzos y el gasto público de esa campaña, por lo que además del daño moral también tiene una dimensión económica, por lo que sería posible hablar de daños materiales".

Fraude de ley

El fiscal y el abogado del Estado insistieron en la desestimación de la demanda, que reclama que Jiménez de Parga no pueda hacer en el futuro manifestaciones sobre Cataluña. El jefe de la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo, Ricardo Miñarro, sugirió que la demanda de la Generalitat pretendería en realidad que el presidente del Constitucional no interviniese en los asuntos sobre Cataluña.

Así, la sentencia del Supremo "serviría de base para lograr lo que no consigue en el Tribunal Constitucional", es decir, apartar a Jiménez de Parga de los recursos interpuestos por la Generalitat mediante las recusaciones que ésta interpone regularmente contra el presidente del alto tribunal. "Si esto fuera así, que yo no lo afirmo, sería un fraude de ley", señaló el abogado del Estado.

Para el fiscal, los argumentos de la Generalitat "carecen de fundamento jurídico", ya que, indicó, Jiménez de Parga expuso su propio pensamiento sobre conceptos históricos y jurídicos, "con mejor o peor forma", en el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. El fiscal opinó que no cabe reducir al silencio al presidente del Constitucional.