El juez reabre el caso contra Gimeno y Batalla por los terrenos de Renfe después de archivarlo hace diez días

Diez días después de dar carpetazo a la querella, una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales, el juez decano de Castellón ha reabierto la investigación contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno y el empresario Luis Batalla por la adjudicación a una empresa de este último de los terrenos de la antigua estación.

El titular del juzgado número 1 de Castellón, el decano Horacio Badenes, archivó, hace poco más de diez días, la querella presentada por los concejales del grupo municipal socialista contra Gimeno y Batalla, imputados de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación de documento público. Diez días después, el mismo juez ha decidido abrir diligencias previas para investigar si, en la misma operación, que concluyó con la adjudicación a una de las empresas de Batalla de los terrenos liberados tras del soterramiento de la vía férrea, se incurrió en otro delito, el de maquinación para alterar los precios.

Los socialistas pidieron, en el mes de marzo, que a los tres presuntos delitos que se incluían en la primera querella se añadiera la investigación de un cuarto, el de la maquinación para la alteración del precio de las cosas. El juez decidió que no había motivos para ampliar la querella pero, posteriormente, optó por que el caso fuera estudiado pero al margen del procedimiento ya abierto. Así, la acusación del grupo municipal socialista sobre la posible maquinación para alterar precios entró en el reparto de casos que realiza el decanato por el que se designa al juez que ha de instruir el mismo. La casualidad quiso que fuera el propio Badenes quien, mientras tanto, decidió archivar la primera querella por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación de documento público a nueve días de las elecciones municipales. El martes, el decano dictó un auto por el que abre diligencias previas para investigar si existió ese presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas en el proceso de adjudicación del llamado caso Renfe, dos meses después de que la acusación así lo solicitara.

El juez ha llamado a declarar a dos testigos de los cinco que solicitaba la acusación particular. Se trata de los representantes de las empresas constructoras Ker y Bertolín, quienes estuvieron relacionadas con la presentación de una oferta alternativa a la de Batalla para optar a la urbanización de los terrenos de Renfe y, al parecer, pudieron sufrir presiones para retirarse.

Fuentes del grupo socialista apuntaron ayer su consideración de que "estas diligencias debieron practicarse conjuntamente con la querella pues eran importantes para esclarecer los hechos" y lamentaron "profundamente" que el juez no practicara estas diligencias cuando se le solicitaron, el pasado mes de marzo, ya que "los hechos están totalmente relacionados con los denunciados en la querella y se deberían haber investigado a la vez, no ahora con la querella archivada".

Además, los socialistas mostraron su "extrañeza" porque el juez retome el caso precisamente ahora, después de las elecciones y mantuvieron "ahora más que nunca" que el archivo de las diligencias fue "precipitado".