Escolares inmigrantes

El Defensor del Pueblo acaba de hacer público un informe sobre el reparto de los hijos de inmigrantes en los colegios españoles. El documento destaca el aumento sostenido de estos alumnos y, sobre todo, su desigual distribución en la red educativa. En 2001, el porcentaje de escolares de familias inmigrantes era el 2,22% del total, una cifra todavía pequeña en términos relativos, que desmiente muchas de las exageraciones con las que frecuentemente se analiza este fenómeno. Pero se trata de alumnos con dificultades añadidas a las que ya tienen de por sí los autóctonos, con problemas de dominio del lenguaje y falta de un bagaje cultural y formativo similar al de sus compañeros, lo que requiere de un esfuerzo suplementario por parte de los profesores y las administraciones.

El otro factor revela un desequilibrio en el destino de los escolares inmigrantes. Además de las diferencias asociadas a la desigual localización de los núcleos de inmigrantes, normalmente en zonas o barrios de bajo nivel socioeconómico, hay una desproporción en su distribución entre centros públicos y privados concertados, que se financian con fondos públicos, de forma que los primeros reciben el doble de alumnos que los segundos. Y éste es otro problema a resolver. No se puede cargar a los centros públicos con el grueso de la responsabilidad que supone la tarea de educar e integrar socialmente a estos alumnos. La mayoría de la comunidad educativa considera que, en términos generales, la presencia de escolares inmigrantes en las aulas no retrasa ni dificulta en exceso la marcha de sus compañeros, ni perturba la convivencia en los colegios, siempre que se pongan los medios adecuados para tratar esta nueva realidad.

Son otros los problemas, de índole más general, que afectan a todos los escolares, los que pueden estar jugando un papel dominante en el malestar existente en la escuela. Pero la situación puede agravarse si el porcentaje de los alumnos con problemas de lenguaje y de nivel cultural y formativo mínimo llega a dispararse, como ocurre en algunos establecimientos educativos de determinados barrios. En estas condiciones, el funcionamiento de los centros puede resentirse gravemente y bajar su rendimiento. De ahí que sea necesario repartir del modo más justo posible la importante tarea de educar a los niños y jóvenes cuyas familias se han afincado en España procedentes de otros países. Están en juego, además de la correcta integración de los jóvenes de familia inmigrante a través del sistema escolar, la propia igualdad entre los ciudadanos.