Diez años después de la ley de bibliotecas de Cataluña

Hace ya diez años que Cataluña dispone de su propia ley de bibliotecas, un periodo de tiempo que nos ofrece una suficiente perspectiva para valorar cómo ha cambiado la situación del sistema bibliotecario público en este país, pero especialmente en lo concerniente a la provincia de Barcelona. Un balance que, en cualquier caso, pone de relieve que no todas las instituciones han hecho sus deberes en esta materia.

La red de bibliotecas es una de las plasmaciones más emblemáticas del trabajo de cooperación local que lleva a cabo la Diputación de Barcelona. Hace ahora 13 años (1990), en un acto celebrado en el Palau de la Música, la Diputación lanzó una declaración pública de apoyo al desarrollo de las bibliotecas municipales. Quisimos así formular un planteamiento decidido con vistas a fortalecer el sistema público de lectura, haciendo para ello un llamamiento al resto de las administraciones. La Ley del Sistema Bibliotecario de Cataluña, aprobada por el Parlament en 1993, fue un reconocimiento explícito de la situación que habíamos planteado tres años atrás en la mencionada declaración y dejaba bien a las claras qué era lo que tenía que hacer cada institución.

Desde 1987 se ha duplicado el número de bibliotecas de la red y los lectores habituales alcanzan los 11 millones

A la hora de evaluar el trabajo de estos años, es preciso afirmar sin ambages que la Administración local, en la provincia de Barcelona, ha hecho bien sus deberes, y me atrevería a remachar que los ha realizado de forma brillante. Los resultados de la suma de esfuerzos (ayuntamientos y Diputación) han sido espectaculares: desde 1987 se ha duplicado el número de centros de la red, pasando de 91 a 174; el 93 % de la población está atendida por esta red bibliotecaria; más de 900.000 personas, es decir, el 20% de la población de la provincia, tienen carnet y son usuarios habituales; desde 1987 se ha multiplicado por cinco el número de usuarios, que ya superan los 11 millones anuales; hemos completado un programa de nueve bibliobuses que atienden a 94 municipios y a 130.000 personas; desde el pasado año, todas las bibliotecas de la red están informatizadas y ofrecen más de 2.000 puntos de acceso informático; casi un millón de personas acceden a Internet a través de estos puntos cada año.

Toda esta tarea se ha llevado a cabo a pesar de que el Gobierno de la Generalitat no ha sacado todo el provecho de la ley de bibliotecas de Cataluña ni ha dedicado los suficientes recursos a cumplirla. De entrada, el decreto que desarrollaba aspectos fundamentales de la ley se vio aplazado hasta 1999. Este decreto llegaba tarde, pero reconocía las competencias de las diputaciones en lo concerniente al apoyo a las redes bibliotecarias locales.

Ha habido otros incumplimientos e insuficiencias por parte de la Generalitat. El programa de ayudas anuales para crear nuevos equipamientos, un programa exigido por la ley de 1993, solamente ha sido convocado en tres ocasiones en 10 años. Está claro, pues, que el principal esfuerzo financiero ha recaído, en el caso de la provincia de Barcelona, en los ayuntamientos y en la Diputación. Y hay todavía más. El Consejo de Bibliotecas se tenía que reunir como mínimo una vez cada seis meses. Pues bien, desde 1997, ha sido convocado solamente en una ocasión, y ello ha ocurrido en fechas muy recientes. Finalmente, el mapa de lectura pública, que tenía que estar listo en marzo de 1994, aún no ha sido presentado al Parlament. Es evidente, pues, que no todas las administraciones han hecho su trabajo.

Pero hablemos de futuro. De la misma manera que la declaración de 1990 supuso una visión estratégica que ha arrojado excelentes resultados, ahora la Diputación de Barcelona quiere avanzarse de nuevo marcándose nuevos retos. En primer lugar, y con el objetivo de cubrir todo el territorio, tenemos que avanzar hasta llegar a completar la previsión de 250 bibliotecas para toda la provincia de Barcelona. Nos quedan 80, que podrían construirse en los próximos dos mandatos. Hacia el año 2011, la red de bibliotecas tendría que estar ya completa. Una parte importante de los nuevos centros tiene que llenar los huecos existentes en municipios de entre 3.000 y 5.000 habitantes que aún no disponen de ella, a pesar de que la actual ley no lo exige.

Hemos hecho un notable esfuerzo para que todas las capitales de comarca y, en general, las ciudades de más de 5.000 habitantes tengan su biblioteca. En estos momentos sólo están sin centro propio 10 de estas ciudades, y en cuatro de ellas los futuros centros están ya en fase de proyecto. De forma paralela, nos proponemos potenciar redes bibliotecarias en las grandes ciudades. Es importante que haya segundas bibliotecas o bibliotecas de apoyo en los barrios y estructurar así redes locales.

Los ayuntamientos y la Diputación de Barcelona hemos actuado con un enorme sentido de la responsabilidad y hemos cumplido de forma escrupulosa las competencias que nos reconocía y encomendaba la ley de bibliotecas, para poner al alcance de las personas un sistema público de lectura que es referencia en toda España.

Manuel Royes es presidente de la Diputación de Barcelona.