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El reparto de poder y la soberanía complican el final de la Convención sobre la futura Europa

El Presídium presentará esta semana su texto final sobre la Constitución de la UE

Europa está a punto de tener una Constitución propia. Impensable hace sólo unos meses, nadie lo pone hoy en duda porque existe el consenso general de que los europeos tienen ante sí "la última oportunidad de una Europa unida". Así lo afirma el presidente de la Convención, el francés Valéry Giscard D'Estaing, pero el centenar de padres de la Constitución que periódicamente se reúne desde hace 14 meses en esa asamblea debe resolver en tiempo récord los asuntos pendientes más espinosos, que afectan a la soberanía de los Estados y al nuevo reparto de poder en la Unión.

Los menos europeístas, como los británicos, no quieren ver cesiones de soberanía

El día 30 de mayo, el Presídium de la Convención presentará en el foro su proyecto final, que difundirán mañana o el martes y que pasará a manos de los líderes europeos el 20 de junio en Salónica.

"La Convención tiene en sus manos la suerte global de Europa", le dijo hace meses a Giscard el presidente de la Comisión, Romano Prodi. Hoy, los dos mantienen un desafío mutuo porque Prodi teme que el Ejecutivo comunitario pierda poder. A su vez, los países más poblados quieren hacer valer su peso frente a los pequeños a la hora de tomar las decisiones en el Consejo de la UE. Los menos europeístas, como los británicos, no quieren oir hablar de cesiones de soberanía a Bruselas. Alemania y Francia ven una oportunidad de oro para asentar su liderazgo absoluto. Y la mayoría de los grandes, España incluido, quieren que los Gobiernos salgan fortalecidos.

Es la ampliación de 15 a 25 Estados, que se materializará en mayo del año que viene, la que ha originado este ejercicio de fijar unas reglas diferentes que también supongan un avance hacia la unión política tras haber asentado el mercado único. La batalla en esta "Unión de Estados y pueblos" es doble: de un lado, entre los partidarios de reforzar las instituciones comunes y los que desean que los Gobiernos, los Estados, sean los que hagan y deshagan; de otro, quienes consideran que en democracia el peso de cada cual se mide de acuerdo con su población frente a quienes entienden que cada socio del club, cada Estado, debe tener una fuerza sólo matizada por el número de habitantes.

Ni siquiera los euroescépticos entre los 105 miembros de la Convención han presentado propuestas para ir hacia atrás. Tampoco nadie ha pedido crear un súper-Estado Federal europeo (la palabra federal ha volado del texto por imposición británica), pero las hondas divisiones se concentran en los capítulos más sensibles: el reparto de poder en las instituciones y la política exterior común.

Presidente estable de la UE. El proyecto prevé la designación de un presidente estable del Consejo Europeo, por cinco años o dos y medio prorrogables, en lugar de las presidencias semestrales por turno de ahora. Gestionará los órdenes del día de las cumbres y representará a la UE en el exterior. Ni la Comisión ni los países pequeños lo aceptan porque prefieren el turno semestral equitativo.

"Habrá un riesgo de confusión entre las competencias de ese presidente y el de la Comisión", opina el comisario Antonio Vitorino, miembro de la Convención. "La rotación semestral garantiza el principio de igualdad ", añade Teija Tiilikainen, del Gobierno finlandés. "No existen buenos argumentos a favor del presidente permanente", opina el parlamentario irlandés Dick Roche. Por el contrario, Joschka Fischer y Peter Hain, en nombre de los Gobiernos alemán y británico, sostienen que esa figura aportará eficacia, coherencia y continuidad a las políticas de la Unión. Es lo que mantienen también Francia y España, los primeros países promotores de la iniciativa.

Menos comisarios que países. Cada país tiene hoy un comisario en el Ejecutivo comunitario (los cinco grandes, dos), donde se vota por mayoría simple, pero el proyecto de Constitución señala que sólo habrá 15 que podrán ser apoyados por "comisarios delegados" de segundo nivel. De nuevo, los pequeños y la Comisión no lo admiten porque lógicamente temen ser excluidos, y son apoyados por los candidatos, que quieren evitar entrar en la UE en condiciones más desfavorables que los demás. "Nuestras poblaciones son muy sensibles a los derechos y al status de sus países", advierte el diputado húngaro Jozsef Szajer. "La eficacia de la Comisión depende de su gestión, no de su tamaño", agrega la polaca Danuta Hübner, en nombre de su Gobierno. Prodi precisa que no hay ningún problema en tener 25 comisarios, siempre que al presidente se le otorguen amplios poderes.

En nombre del Benelux (Holanda, Bélgica y Luxemburgo), el luxemburgués Jacques Santer, ex presidente de la Comisión, ha puesto sobre la mesa una salida de compromiso bien vista por Alemania y Francia: puede haber menos comisarios que países "a condición de salvaguardar el principio de una rotación equilibrada".

Ministro europeo de Exteriores. Asumiría las actuales funciones del Alto Representante para la Política Exterior, Javier Solana, y del comisario de Exteriores, Chris Patten. Sería vicepresidente de la Comisión. Gestionaría la política exterior y de seguridad decidida por el Consejo, que lo nombra. Presidiría el Consejo de Exteriores y representaría a la Unión en algún foro internacional. Las decisiones, salvo en el caso de defensa o empleo de militares, serían por mayoría cualificada, sin derecho a veto.

El Reino Unido no acepta semejante salto y el no del ministro Peter Hain, representante de Londres en la Convención, es rotundo: no al ministro (en todo caso, "representante exterior europeo"), no a las decisiones por mayoría ni a la Europa de la Defensa ("es una fantasía") ni a que el ministro presida el Consejo de Exteriores. En esto último coincide con España, como en otras cuestiones en las que ambos hacen frente común ante el eje franco-alemán, y con la Comisión, pero el Presídium cerró su propuesta en sentido contrario el viernes pasado. La política exterior "toca el corazón de la soberanía nacional", ha advertido Hain.

Londres también encabeza, frente al eje franco-alemán y el Benelux, el grupo de países contrarios o reticentes a una cláusula de defensa mutua entre los países que quieran, bajo el argumento de que para eso ya está la OTAN, una opinión sostenida en esos términos por el comisario Antonio Vitorino y los representantes de los Gobiernos de Portugal, Ernani Lopes; Holanda, Gijs de Vries; Polonia, Danuta Hübner, o Eslovenia, Dimitri Rupel.

España, menos votos y peso

A España se le ha complicado gravemente la recta final de la Convención, porque el Presidium ha propuesto un nuevo sistema de voto en el Consejo: las decisiones se tomarán por una mayoría de Estados que representen al menos a tres quintos de la población de la UE (el 60%). A España le será así prácticamente imposible bloquear acuerdos de los grandes.

En el Tratado de Niza se fijó así el reparto de votos en el Consejo: 29 para Alemania (82 millones de habitantes, el 18% de la UE), Reino Unido (59 millones, el 13%), Francia (59, el 13%) e Italia (57, el 12,7%); 27 para España (39 millones, el 8,7%) y Polonia (38, el 8,5%); 13 para Holanda (15,7 millones, el 3,5%); 12 para Grecia (10,5, el 2,3%), República Checa (10,3, el 2,3%), Bélgica (10,2, el 2,3%), Hungría (10, el 2,2%) y Portugal (10, el 2,2%); 10 para Suecia y Austria; 7 para Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Lituania; 4 para Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre y Luxemburgo y, finalmente, 3 votos para Malta (377.000 habitantes, el 0,08% de la población de la UE).

La minoría de bloqueo quedó fijada en 90 votos, que España podía lograr con el apoyo de Polonia y otros cuatro países candidatos, o de algunos de ellos junto con Portugal y/o Grecia. Es decir, con países que tienen intereses comunes sobre los fondos europeos o la Política Agrícola Común. O posiciones similares en política exterior, como se ha visto durante la guerra de Irak.

Con la nueva fórmula, como se deduce de los porcentajes de población, España no logrará esos bloqueos frente al eje franco-alemán y sus aliados. Si no hay acuerdo, España trasladará el contencioso a la Conferencia Intergubernamental en la que, tras el verano, representantes de los Gobiernos tendrán la última palabra. Sólo cuenta con apoyos del Reino Unido y los candidatos. En el Presidium, de doce miembros, también defiende la opción española el eurodiputado del PP Iñigo Méndez de Vigo y el diplomático Alfonso Dastis.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de mayo de 2003

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