Inmigrantes ante el juzgado

¿Cómo se comporta la justicia española ante el inmigrante? ¿Tiene una tendencia xenófoba? ¿Trata igual al inmigrante cuando es demandante que cuando es demandado? Un trabajo de la Universidad de Zaragoza por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza 8.182 casos y revela algunos datos "preocupantes" a juicio del Ministerio de Justicia, "que deben en todo caso someterse a confirmación de investigaciones posteriores". Según el estudio, se producen ciertos desequilibrios: cuando el inmigrante es el demandado, se produce una sentencia en el 76,1% de los expedientes y una condena en el 60% de los casos. Pero cuando el inmigrante es quien denuncia, el número de sentencias baja al 23% y el número de condenas al 25%. El estudio advierte de un "tratamiento más benévolo a las personas condenadas cuando el inmigrante es el denunciante o la víctima".

El estudio fue elaborado por el laboratorio de sociología jurídica de la Facultad de Derecho de Zaragoza y se entregó al CGPJ a finales de año. Se estudiaron un total de 8.182 casos en seis comunidades autónomas con fuerte implantación de inmigrantes (Andalucía, Aragón, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia). De los casos estudiados, un 50% correspondían a la justicia penal, un 33% a la civil, un 10% a la laboral y un 7% al contencioso-administrativo. El estudio determinaba que un 67,5 % de los inmigrantes que tienen relación con la justicia son hombres y un 55% del total está entre los 21 y 40 años. Un 31% son magrebíes, un 16% latinoamericanos y un 12% comunitarios.

Inmigrante-víctima

Una primera conclusión importante del estudio, "ya que rompe claramente con el estereotipo del inmigrante delincuente", es que el inmigrante es también y en proporciones similares usuario de la justicia como víctima. "El papel del inmigrante en los procesos penales muestra un equilibrio entre el 54% de los expedientes, en los que asume el papel de denunciado-detenido y el 45% en el que su posición es de denunciante-víctima".

Sin embargo, es a partir de las sentencias y las condenas donde se producen los desequilibrios. Cuando el inmigrante es el denunciado, se producen un 76,1% de sentencias y un 60% de condenas. Cuando es el denunciante, las sentencias bajan al 23,1% y las condenas al 25%. En el caso de los juzgados de instrucción, las diferencias son igualmente visibles: cuando el inmigrante es el denunciado, las absoluciones alcanzan el 59%, pero cuando el inmigrante es el denunciante las absoluciones llegan al 82%.

"Las penas de prisión se imponen en el 50% de los casos en que el inmigrante es el denunciado, porque cuando es la víctima el porcentaje baja al 27%", dice el estudio. "Las cifras hacen pensar", concluye un documento del Ministerio de Justicia, "en un tratamiento penal más benévolo a las personas condenadas cuando el inmigrante es denunciante o víctima". Sin embargo, este mismo documento expresa que los datos "deben ser contemplados con prudencia por no constituir más que meras aproximaciones a la problemática". Aunque Justicia se refiere a los datos como "preocupantes", recomienda que sus conclusiones "deben en todo caso someterse a confirmación de investigaciones posteriores".

Enrique López, miembro del CGPJ que actúa de portavoz de dicho organismo, reconoció la existencia de dicho estudio, pero matizó que "no ha pasado a fase de calificación definitiva. Son conclusiones de la propia universidad que el Consejo no ha hecho suyas. No se ha iniciado el debate ni el método del mismo. En ese sentido, eñ Consejo no hace valoración alguna al respecto. El Consejo no está en condiciones de elevar a categorías que signifiquen una evaluación del comportamiento del sistema judicial lo que son ahora mismo meros datos empíricos". Enrique López añade que "como reflexión personal diría que en el tema de extranjería no se debería olvidar que el factor pobreza es ya un factor de desigualdad que limita su vida".

Otro miembro del Consejo, José Antonio Alonso, sí se atreve a hacer una reflexión más completa. "Del estudio se puede deducir que el inmigrante recibe de la justicia el mismo trato discriminatorio que en la sociedad. La justicia no corrige la desigualdad y la discriminación que sufre el inmigrante en origen. Y eso no deja de ser un fracaso de la justicia". "Se aprecia", aclara José Antonio Alonso, "que el inmigrante es un sujeto frecuente de la justicia penal que es donde se produce el conflicto no querido y no es tan frecuente en la laboral, donde puede recibir beneficios. Es decir, el inmigrante va donde le llevan y no donde puede mejorar su nivel de vida. Se advierte falta de tutela real y falta de capacidad de estar bien asesorado".

José Antonio Alonso critica al propio CGPJ por no haber abordado aún el debate de este estudio: "Este Consejo tiene globalmente poca sensibilidad a la hora de afrontar este tema, que refleja unos datos claramente xenófobos. Hay que tener en cuenta que este estudio lo encargó el Consejo anterior".