Bruselas investiga si un contrato para el trasvase del Ebro respetó las normas de la UE

Los servicios de mercado interior de la Comisión Europea están investigando si el contrato suscrito por la sociedad Trasagua para elaborar un informe de impacto ambiental del trasvase del Ebro dentro del Plan Hidrológico Nacional se ajusta al derecho comunitario. Así lo ha hecho saber el comisario Fritz Bolkestein a cuatro eurodiputados mediante un escrito en el que recuerda que una infracción en este terreno compromete la financiación comunitaria del PHN, cuyo presupuesto supera los 4.000 millones. La ayuda de la UE podría llegar al 50% de esa cantidad.

Cuatro eurodiputados denunciaron en enero pasado una contratación hecha en el marco del Plan Hidrológico Nacional. Esta vez no era de una de tantas denuncias que ya estudia Bruselas por cuestiones medioambientales sino una queja por considerar los parlamentarios que no se ajustó a derecho comunitario la contratación por parte de Trasagua, un organismo de derecho público, de los estudios ambientales del trasvase del Ebro.

Según las normas comunitarias de mercado interior, y dado que el contrato supera los 80.000 euros, la adjudicación del contrato se debía haber publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que no se hizo. Los eurodiputados que denunciaron el hecho son José María Mendiluce (PSE), Alexander de Roo y Miquel Mayol i Raynal (Verdes/Alianza Libre Europea) y Chris Davies, (Liberales).

La Comisión está investigando los términos del contrato citado, pero el problema es que Bolkestein en su carta recuerda que, de confirmarse la infracción, ésta puede dejar en suspenso cualquier adjudicación de fondos para el Plan Hidrológico Nacional, la obra de infraestructuras más ambiciosa que en este momento pretende acometer un país de la Unión Europea con fondos de Bruselas. La carta dice: "La financiación comunitaria en el marco de los Fondos Estructurales y de Cohesión está condicionada explícitamente al cumplimiento del conjunto de la legislación comunitaria aplicable, incluida la relativa a los contratos públicos".

Las consultas jurídicas realizadas por los miembros de la Plataforma contra el trasvase del Ebro evidencian que los fondos comunitarios para el PHN están en riesgo en caso de que Trasagua haya vulnerado la legislación comunitaria.

El Gobierno español creó en agosto de 2002 la empresa Trasagua (Infraestructuras del Trasvase, Sociedad Anónima) para que ésta se encargara de adjudicar, construir y explotar las obras y otras actividades relacionadas con el trasvase del Ebro, que es precisamente la obra más polémica del Plan Hidrológico Nacional. La primera adjudicación realizada por Trasagua ha sido la del contrato del estudio de impacto ambiental, por un importe de 1.705.524 euros, muy por encima del mínimo fijado por la ley para que tenga que publicarse en caso de que la empresa sea realmente de derecho público. "Por si acaso, para evitar la ley se trocearon los contratos", explica Cristina Narbona, responsable de Medio Ambiente del PSOE, partido que también denunció este caso en Bruselas.

Análisis de las denuncias

"La Comisión está examinando minuciosamente el contenido de estas

denuncias", dice la carta de Bolkestein. "En caso de que la entidad Trasagua fuera considerada organismo de derecho público y, en este sentido, entidad adjudicadora, debe respetar las normas comunitarias de contratación pública, especialmente el principio de publicidad".

"La Comisión no ha tomado todavía ninguna decisión", aclaró ayer con cautela el portavoz de Bolkestein, Jonathan Todd. "La investigación está en marcha, y todavía no se ha enviado al Gobierno español una carta de emplazamiento para que explique la situación". Dicha carta, según otras fuentes, podría ser enviada en julio en caso de que se encontraran indicios de infracción.

Esta investigación iniciada en Bruselas llega horas después de que la Audiencia Nacional haya rechazado el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra la contratación del estudio de impacto ambiental del trasvase del Ebro. El Gobierno aragonés, según la Audiencia, carece de legitimidad para presentar este recurso porque las obras en cuestión están fuera de su territorio, lo que no pone en cuestión, según los socialistas, el fondo de la cuestión.

"Esta investigación abierta por Bruselas demuestra que el Gobierno español recurre a la Unión Europea sólo para pedir dinero mientras evita aplicar las normas comunitarias", resaltó ayer Cristina Narbona, responsable de Medio Ambiente en la Ejecutiva Federal del PSOE.