La reforma de la Ley de Extranjería fija multas de 60.000 euros a los transportistas

El Consejo de Ministros aprobó ayer, a dos días de las elecciones municipales, un anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que supone un endurecimiento de la normativa, modificada tres veces en dos años. La reforma simplifica los trámites burocráticos requeridos a los inmigrantes para trabajar en España a la vez que endurece el control de la inmigración irregular y facilita las expulsiones. El ministro del Interior, Ángel Acebes, anunció ayer que los transportistas que incumplan de modo "muy grave" sus obligaciones con el Gobierno, como remitir antes del viaje a España una lista de sus pasajeros así como informar sobre el números de billetes de vuelta no utilizados, serán sancionados con 60.000 euros.

Acebes aseguró que el objetivo del proyecto enviado ayer al Consejo de Estado es "luchar contra la inmigración irregular y apoyar la inmigración legal". La reforma pretende, asimismo, adaptar la legislación española a las directivas europeas y a la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2003, que consideró ilegales 20 de los 70 artículos del Reglamento de Extranjería.

El ministro justificó el endurecimiento del control de la inmigración y de la exigencia de colaboración de las empresas de transporte, bajo amenaza de medidas sancionadoras, porque "numerosos inmigrantes entran en España como turistas y en tres meses no vuelven a su país y se quedan como ilegales".

Tras afirmar que la vía aérea es la más usada por los inmigrantes irregulares, Acebes anunció que la reforma permitirá que las autoridades españolas conozcan la relación de personas que llegan a España así como el número de billetes de vuelta no utilizados para lo que exigirán la colaboración de las empresas de transporte aéreo.

El ministro detalló que las empresas que incurran en delitos "muy grave" de no colaboración tendrán 60.000 euros (10 millones de pesetas) de sanción; las infracciones "graves" se penalizarán con 6.000 euros (un millón de pesetas) y las "leves" con 300 euros (50.000 pesetas). La reforma plantea las siguientes modificaciones:

- Eliminación de trámites. Eliminación de "documentación basura" estableciendo la obligación de que las solicitudes se presenten ante el órgano competente para la tramitación de las mismas y de forma personal. Inadmisión a trámite de solicitudes "manifiestamente carentes de fundamento", que vulneren los requisitos exigidos por la ley o que se presenten por extranjeros que se encuentran en España de forma irregular, salvo que la Administración aprecie circunstancias excepcionales.

- Simplificación de visados. Otorgamiento de visado a quien previamente obtenga una autorización para residir o trabajar. Evitar la doble tramitación policial y laboral antes de la venida y después de la llegada. Doble carácter del visado que, además de servir como hasta ahora de documento de entrada en España, habilitará también para residir y trabajar.

- Mafias ilegales. Serán consideradas infracciones muy graves las actuaciones, individuales o en el marco de organizaciones que, con el ánimo de lucro, promuevan, favorezcan o facilitan la inmigración ilegal a España.

- Control de la inmigración. Se podrá exigir a las compañías de transporte que remitan una relación de las personas que van a transportar a nuestro país. Asimismo, las compañías de transporte podrán ser obligadas a remitir a las autoridades españolas información sobre el número de billetes de vuelta no utilizados e información sobre sus titulares.

- Pateras. Garantizar la devolución de quienes pretendan entrar ilegalmente en el territorio nacional, permitiendo su internamiento. Incorporar el reconocimiento mutuo de resoluciones de expulsión de los estados miembros de la Unión Europea.

- Reagrupamiento familiar. Cada miembro de la pareja deberá tener su propio permiso para poder regularizar en España a sus respectivos familiares. Con esto se elimina el reagrupamiento en cadena.

- Padrón para los extranjeros. Se incorporarán a la ley con precisión los documentos acreditativos de la identidad de los extranjeros que deben constar en su inscripción padronal. Se prevé el intercambio permanente entre el Instituto Nacional de Estadística y el Registro Central de Extranjeros de la Policía así como la obligación de renovación periódica de la inscripción padronal de los extranjeros que tengan permisos temporales de residencia en nuestro país.