Los partidos de oposición critican la falta de consenso y califican las reformas de "fracaso" del Gobierno
La aprobación del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería suscitó ayer las críticas de los partidos de la oposición, que acusaron al Gobierno de "electoralismo y falta de consenso", así como de las organizaciones sociales, que hablaron de un endurecimiento de la norma vigente.
Los socialistas interpretan la reforma como una evidencia del fracaso del Ejecutivo y denunciaron que hasta el 20 de mayo sólo se había cubierto el 18% de los puestos ofertados en el contingente de trabajadores extranjeros. Según la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, los empresarios habían ofrecido 10.575 plazas de las que sólo se habían cubierto 1.853. Rumí considera que el Gobierno, con su política, "estrangula la inmigración y potencia la irregular".
"Siete años de fracasos"
Rumí, quien denunció el uso de la inmigración como "arma electoral", pidió a los ciudadanos que reflexionen sobre por qué el PP "lleva siete años en el Gobierno y siete años fracasando en política migratoria", al tiempo que reclamó un acuerdo de Estado.
Convergència i Unió (CiU), único grupo que, junto a Coalición Canaria (CC), apoyó la reforma del Gobierno tras las elecciones de 2000, advirtió al Ejecutivo de que esta vez no podrá contar con su voto si no permite que la Generalitat establezca el cupo de residencia de extranjeros en Cataluña. Carles Campuzano, portavoz de CiU en asuntos sociales, calificó de "tomadura de pelo" que la reforma se apruebe 48 horas antes de los comicios, lo que evidencia el "fracaso del PP en inmigración".
El presidente de Canarias, Román Rodríguez (CC), se expresó dispuesto a cooperar con el Gobierno, pero lamentó la falta de un esfuerzo de entendimiento y de aproximación previo.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado dijo que el Gobierno, con su decisión, confirma "las peores expectativas" al "endurecer" la normativa. El presidente de la asociación de trabajadores inmigrantes marroquíes (ATIME), Mustafá Elmrabet, consideró que la reforma supone un mensaje de "dureza y contundencia" a la inmigración y transmite al ciudadano el "estilo" del Ejecutivo, de que a los inmigrantes se le trata "con el sistema del palo y la zanahoria pero sin la zanahoria".
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