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Reportaje:ELECCIONES 25M | La democracia participativa

Algo más que votar

La ciudadanía reclama la puesta en marcha de nuevas fórmulas de participación para defender mejor sus intereses y reforzar el sistema democrático

"La democracia será participativa (también) o no será, pues la democracia representativa, por sí sola, se está quedando sin la fuerza necesaria para dar contenido real a su nombre. Si decimos sí a la democracia, debemos decir sí a todo lo que la haga mejor". Son palabras de Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València e integrante de Salvem El Cabanyal, empeñado en buscar nuevas fórmulas de participación ciudadana que den respuesta a las inquietudes y necesidades de los ciudadanos.

Los partidos políticos no pueden abarcarlo todo, ni arrogarse la representación de toda la sociedad, se han institucionalizado demasiado y "negocian" con los ciudadanos, señala Flores. Votar cada cuatro años ya no es suficiente. Los ciudadanos no pueden permanecer como meros espectadores entre votación y votación. Necesitan que las administraciones les tengan en cuenta a la hora de decidir. Miles de ellos se han organizado en los últimos tiempos en torno a los salvem y las plataformas creadas a lo largo de todo el territorio valenciano en defensa de las más diversas cuestiones, en especial las de orden urbanístico y medioambiental.

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Los políticos son reacios, consideran que la gente es incompetente. "Pero la gente no es idiota y pregunta y se interesa, y entiende las cosas", señala Flores, quien añade que la democracia participativa "es un proceso que requiere educación", algo que "sólo se logra con la propia participación", ya sea a través de consejos municipales o de comisiones mixtas con la participación de los vecinos. Y por supuesto, con el referéndum y las consultas populares. La Iniciativa per la Democràcia Participativa, que integra a medio centenar de colectivos, es el punto de partida.

El espejo es Porto Alegre, pero más cerca ya hay ejemplos de que la cosa funciona: Petrer (Vinalopó Mitjà) ya ha ensayado fórmulas de participación. Los presupuestos del Ayuntamiento de 2003 se han elaborado según las necesidades planteadas por los vecinos y en función de las posibilidades presupuestarias. El gobierno de EU y PSPV lanzó la idea de consensuar las cuentas municipales, siguiendo el esquema de otras localidades donde gobierna IU. Maruja Hernández, concejal de Participación Ciudadana, destaca que de las 17 asociaciones de vecinos, entidades ecologistas, grupos cívicos y de otra índole, 16 acudieron a las reuniones, en las que "plantearon sus necesidades en los barrios, sus propuestas". Luego, los políticos, en función de las posibilidades presupuestarias elaboraron un plan de actuación. La edil reconoce que ha sido un primer paso muy importante hacia una democracia participativa y real, y espera que, en caso de revalidar el poder, se pueda ampliar la experiencia a los consejos municipales de cultura, salud, deporte, medio ambiente y bienestar social.

Otro de los ámbitos en los que se demanda más participación es en la política urbanística. En Benissa se ha constituido un Consejo Asesor de Urbanismo integrado por 34 miembros que deberán planificar la política urbanística. Mientras, en Teulada-Moraira se ha diseñado un plan de acción participativa que ha fijado, entre otras cuestiones, el modelo turístico y de oferta hotelera que debe aplicar este municipio de la Marina Alta.

Salvem El Cabanyal y Salvem el Botànic, en Valencia, fueron los pioneros. Después han surgido en todo el País Valenciano numerosos colectivos. En Castellón destaca la Plataforma No a la Contaminación, creada en l'Alcora pero que poco a poco se ha extendido a otras localidades del llamado triángulo del azulejo. La presión del colectivo desencadenó la firma de protocolos municipales y la determinación de algunas de las medidas que la plataforma mantenía entre sus reivindicaciones. Esto hizo, incluso, variar ordenanzas locales, sobre todo, en materia de almacenaje y transporte de materia prima utilizada en el sector cerámico. Por su parte, la Plataforma contra la Barbarie Urbanística, surgió de la concentración de varios colectivos afectados por la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y, sobre todo, de la figura del agente urbanizador. Éstos, igualmente, exigen una mayor participación de los vecinos en el desarrollo de las políticas urbanísticas de cada municipio.

En Alicante, Salvem el Benacantil y la plataforma Pro Soterramiento de las Vías han abanderado el movimiento vecinal de la capital durante la última década. Con propósitos diametralmente opuestos: un colectivo batalla por abortar el proyecto insignia del PP en la ciudad -la construcción de un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil, coronado por el castillo de Santa Bárbara- y el otro exige la cristalización de una iniciativa comprometida (el soterramiento de las vías a su paso por el núcleo urbano) durante años por los distintos partidos gobernantes y nunca concretada. Salvem el Benacantil ha conseguido paralizar el proyecto, que está pendiente de que el TSJ dicte una resolución. Mientras, la plataforma sobre las vías está a las puertas de ver materializado su anhelo: si realmente, superado todo el trámite burocrático, el PP cumple el compromiso de licitar las obras. Mientras, en Monòver ha surgido la Plataforma vecinal Pla del Manyà, que se opone a un proyecto del Ministerio de Fomento que amenaza con transformar la estructura socioeconómica de la localidad: la construcción de un pantano en plena campiña.

Este reportaje ha sido elaborado con información de Rebeca Llorente, María Fabra y Ezequiel Moltó.

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