Una gestión irrelevante

El empleo del adjetivo irrelevante, que tanto emplean últimamente Bush y Aznar, es la mejor definición que se pueda dar de los tres mandatos de Álvarez del Manzano y del PP al frente del Ayuntamiento. Irrelevancia que su mismo partido se ha encargado de poner de manifiesto al dejarle vivir como un alma en pena el final de su mandato, a la espera de un premio de consolación. Porque Madrid, Villa y Corte cuya historia está tan ligada a la capitalidad de España, tuvo buenos alcaldes, desde Carlos III, hasta el republicano Pedro Rico. El franquismo nos humilló una vez más, colocando a ex jefes de la policía política; en la democracia, Tierno Galván dio a Madrid una dimensión ciudadana y universal que contrasta con la capital, provinciana y anquilosada que deja el alcalde saliente como legado.

La primera y fundamental crítica es el empobrecimiento democrático, con la subordinación de la ciudad a los intereses creados y dominantes -grandes constructoras, especuladores y grandes superficies- y el vaciamiento de la participación ciudadana en la vida municipal. Los plenos de la Junta de Distrito se han burocratizado, para la gente es casi imposible intervenir y debatir los presupuestos en una ciudad que no gasta en inversión más de la mitad de lo presupuestado. Los consejos sectoriales creados en los 80 languidecen o han desaparecido, la burocracia se mantiene en la época imperial por su rigidez e inflexibilidad -vuelva Vd., el año que viene para las licencias municipales- y el proceso de desconcentración en las juntas municipales es casi inexistente.

El espacio público como centro de convivencia ha ido perdiendo su papel de Plaza Mayor para convertirse en espacio para el negocio. La mejor muestra de esta concepción es la almoneda de los servicios públicos. Todos los de carácter ambiental se prestan a través de concesionarios (depuración de aguas residuales, tratamiento de residuos, limpieza, mantenimiento de zonas verdes...), lo que supone largos plazos de vinculación con determinadas empresas, siempre las mismas, con cuantías desorbitadas de costes que no tienen parangón con el coste por habitante en otras ciudades españolas. De momento, se salva el Canal de Isabel II. Otros servicios públicos, como la información municipal, se convierten en una invasión de chirimbolos, soportes para la publicidad privada con unos cánones irrisorios.

La seguridad, para el que se la pueda pagar; ¿se puede consentir un ambiente Chicago años 30?

Se denigra y se degrada lo público subordinándolo a los grandes intereses privados, con desprecio de los pequeños. Esta situación justifica la preocupación de la mayor parte de los alcaldes de las capitales europeas -con la notoria excepción de un Madrid aislado e introvertido- sobre la inclusión de los servicios de interés general en la Constitución Europea en proceso de elaboración y su garantía para todos los ciudadanos, frente al poder de monopolios privados que pueden reemplazar a los públicos sin garantías de servicio.

La pérdida del sentido de lo colectivo mina la vida en comunidad, con una indisciplina generalizada en el cumplimiento de las normas, consentida, cuando no favorecida, por las autoridades municipales. Más de la mitad de los negocios funcionan sin licencia de apertura, aparcamientos en doble o tercera fila, pasos de cebra, paradas de autobús, no respeto de los espacios de carga y descarga, falta de vigilancia en los horarios de locales nocturnos, por no hablar de la solución municipal al fenómeno botellón. ¿No se podría intentar desarrollar una política cultural que cambiara este tratamiento peyorativo de la juventud? Además, la multiplicación de obras y zanjas en la vía pública ha consagrado la broma del cómico americano que deseaba encontrar el tesoro de una vez. En esta cuestión, no se comprende la falta de planificación ni de control.

La política urbanística diseñada en el Plan General de 1997 es un perfecto reflejo de esta mentalidad y juego de intereses creados, planteando un modelo urbano en el que todo el término puede ser ocupado, con sucesivas modificaciones (operaciones Chamartín o Valdebebas que agravan la situación), idea que se compadece mal con el caos circulatorio existente, que requiere un uso racionado y racional del suelo. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo, que anulaba las modificaciones añadidas por el Gobierno Gallardón, contiene una completa argumentación en defensa de lo público. En cuanto a la dimensión social de la política de vivienda, la gestión es inexistente y, sobre todo, expulsa a los jóvenes de la ciudad.

Un último capítulo es la corrupción y, peor aún, la actitud ante la corrupción. De los casos que han llegado a los Tribunales y han sido objeto de sentencia, destacan la escandalosa privatización de la Funeraria, la indebida gestión de los fondos europeos en el IMEFE, o el uso irregular de fondos por parte del alcalde. Ni una palabra de excusas, ni la aceptación de la obligación de reembolsar el alcance y los perjuicios, cuando los cargos públicos electivos deben ser los primeros en predicar con el ejemplo. El ciudadano que reclama ante Hacienda debe pagar por adelantado normalmente, razón de más cuando se manejan fondos públicos. Muestra de que, en su organización global, el Ayuntamiento ha estado regido con comportamientos que distan mucho de los comúnmente aceptados en otras Administraciones Públicas. Por eso es imprescindible un cambio.

Enrique Barón Crespo es candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid