Participación y derechos

Izquierda Unida no ha querido en esta campaña electoral dejar a un lado el no a la guerra de Irak, las movilizaciones por otra globalización, el rechazo al nuevo orden mundial o la huelga general. No sólo sus líderes y candidatos se refieren cada día a estos temas, sino que son el punto de partida del programa marco electoral para Andalucía. Desde la misma presentación del documento -donde se menciona la política de George Bush y la Cumbre de Johannesburgo- hasta el último de sus apartados, la crítica a las políticas neoliberales y la desigualdad social, así como la reivindicación de los derechos humanos y ciudadanos constituyen los ejes básicos.

IU defiende un nuevo modelo de ciudades que parte de la participación de los vecinos en todos los ámbitos locales, y evitar de esta forma la concentración del poder en los alcaldes y comisiones de gobierno. Los ciudadanos no son electores, tienen criterio y como medidas concretas IU propone realizar regularmente referendos y otro tipos de consultas, crear la figura del defensor del vecino, hacer presupuestos participativos que acerquen al ciudadano la decisión sobre las políticas de inversión, participación también de las asociaciones (vecinos, consumidores, juveniles) en planes urbanísticos, programas anuales de actuación, equipamientos culturales, etcétera.

Para las ciudades de más de 50.000 habitantes se hace una apuesta especial por los planes estratégicos, que no sólo consideren la dimensión física de un territorio -como los PGOU, que se preocupan de localizar usos de suelo y planificar infraestructuras-, sino que atiendan también la complejidad socioeconómica, en un proceso continuo de tomas de decisiones con la participación de los vecinos.

- Comarcalización. El programa dedica un apartado a la división territorial de Andalucía, como un instrumento para corregir los desequilibrios económicos. IU defiende una agrupación voluntaria de los municipios, con criterios sociales y económicos, y no meramente administrativos, que asuman recursos y competencias de la Junta. También pide que las comarcas tengan participación directa en el Parlamento andaluz. La coalición opina que ésta es una forma de luchar contra mancomunidades y consorcios, que muchas veces apoyan sus asociaciones únicamente en la captación de fondos europeos y gestión de servicios, y por eso terminan conformando redes clientelares controladas políticamente.

- Vivienda. Debe ser, según IU, un bien al alcance de todos, como la educación y la sanidad, y no un valor de cambio o una inversión. Como medidas de choque se propone programas de vivienda de VPO régimen general y VPO régimen especial que responda, al menos, al 50% de la demanda de cada municipio. Las condiciones de acceso no superarán, en ningún caso, el 15% de los ingresos netos de la unidad familiar. También se quiere potenciar el acceso a la vivienda usada con planes de rehabilitación, y crear bolsas de viviendas sociales en alquiler, equivalentes al 5% del parque residencial, en los próximos 4 años. El desarrollo sostenible con energías renovables y la disminución del tráfico son otros vectores principales.

- Seguridad y derechos. Es, con diferencia, el capítulo más largo. Comienza con la premisa de que la inseguridad es fruto del desempleo, la pobreza, la xenofobia o las drogas, y que el modelo de seguridad de IU consiste en buscar un equilibrio entre el derecho a la seguridad y el derecho a la libertad, un binomio indivisible. Tras analizar pormenorizadamente la criminalidad, básicamente IU propone actuar en sus causas y coordinar al máximo las fuerzas de seguridad para avanzar hacia un modelo desmilitarizado con otros cuerpos de protección y salvamento. Los tres ámbitos de actuación son el Estado, las policías autonómicas y las locales, que deberían ampliar competencias por su capacidad para la integración social.