Bruselas examinará la legalidad de las nuevas tasas

El impuesto que pretende instaurar Francia y ya tiene previsto Alemania para la financiación de las infraestructuras de transportes puede plantear serios problemas a la Comisión Europea a la hora de sacar adelante en el Consejo de Ministros de la UE su propuesta sobre tarificación, que está previsto que presente en junio. Un portavoz de la Comisión señaló ayer que se examinará la legalidad de la propuesta francesa para garantizar que no penaliza a los países periféricos y no supone una traba para la libre circulación. "Puede pagarse por el uso, pero no por el derecho de paso", agregó esa fuente.

Bruselas, en todo caso, deja claro que los regímenes que se establezcan no pueden estar concebidos para "cargarse" el mercado interior y que deben limitarse a "cubrir el coste real" de una infraestructura, y no para solventar problemas de desequilibrio en las cuentas públicas.

Los países europeos atraviesan en la actualidad por serios problemas financieros para cubrir los costes vinculados a la construcción de nuevas carreteras y ferrocarriles integrados en la red paneuropea de transporte. Los Gobiernos apenas dedican un 1% de su PIB nacional a estos proyectos, debido entre otras cosas a las obligaciones impuestas por el Pacto de Estabilidad en materia de déficit y de deuda.

Sólo costes

La directiva euroviñeta de 1999 deja bien claro que el precio de los peajes, por ejemplo, debe servir para armonizar las obras de construcción de la infraestructura y los costes vinculados a su gestión y mantenimiento. Pero no más. Y en el caso de que no se quiera establecer un peaje, se otorga la posibilidad a los países para que cobren una tasa al transportista profesional por el uso de las carreteras. "El problema es que este sistema es injusto porque te cobran lo mismo por utilizar 50 que 2.000 kilómetros", como indicaron fuentes de la Comisión Europea.

"Estamos dándole vueltas a este asunto", añadieron. Y no es para menos, porque en esta cuestión hay dos grupos de países claramente enfrentados. La presión de los países de tránsito, como Austria, Bélgica, Alemania y Francia, es enorme para que se avance rápido a nivel europeo en este tema. Los periféricos, como España, Italia, Dinamarca y Holanda, por el contrario, no quieren verse perjudicados con costes adicionales.

La falta de financiación puede retrasar 10 años, hasta 2020, la finalización de los 14 proyectos prioritarios incluidos en el mapa de las redes transeuropeas. El dinero presupuestado para la construcción de esos proyectos se eleva a los 450.000 millones de euros.