El Supremo decide hoy si ordena la disolución de Sozializta Abertzaleak

La Sala Especial del Tribunal Supremo encargada de ejecutar la sentencia de ilegalización de Batasuna se reunirá a las cinco de esta tarde para decidir si ordena la disolución de Sozializta Abertzaleak, (SA), actual denominación del antiguo grupo de Batasuna en el Parlamento vasco. Tanto el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como el Ministerio Fiscal, han pedido a la Sala Especial que ordene a la Cámara de Vitoria la disolución de dicho grupo.

El pasado día 6, el Supremo recibió la doble comunicación del Parlamento vasco en la que constaban los parlamentarios de Batasuna y los de SA, que obviamente son los mismos. La petición de ambas listas se hizo para tener un certificado oficial de la composición de Sozializta Abertzaleak, ya que no se podía ordenar la disolución de un grupo parlamentario sin tener constancia oficial en autos de quienes son sus integrantes.

Las normas votadas por el grupo 'abertzale' podrían ser anuladas por los tribunales

Ahora, con el trámite ya cumplimentado, el Supremo tendrá que decidir si ordena la disolución de Sozializta Abertzaleak, por más que el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, ha anunciado reiteradamente que no lo disolverá. Atutxa se aferra a un informe de la Fiscalía General del Estado elaborado cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la "suspensión" del grupo de Batasuna, según el cual, no cabe identificar a un partido político con un determinado grupo parlamentario, ya que ambos serían entidades independientes, y es competencia de la Cámara vasca la regulación de los grupos parlamentarios.

No obstante, el fiscal aduce ahora que no puede darse la misma respuesta a un proceso de suspensión cautelar de un grupo parlamentario que la aplicación de una sentencia firme que determina la ilegalización de un partido.

Si el Supremo se inclina hoy por identificar que el grupo parlamentario contiene al partido que lo integra y ordena la disolución, puede tener que hacer frente a una posible desobediencia del Parlamento de Vitoria, que previsiblemente esgrimirá la soberanía de la cámara frente a la orden del Supremo.

En tal caso, fuentes judiciales del alto tribunal indicaron que cabría estudiar si todas las disposiciones en las que participase el grupo parlamentario SA, a partir de que se ordene su disolución y no se cumplimente ésta, podrían ser consideradas nulas de pleno derecho. Es decir, que todos aquellos acuerdos, leyes y decretos de la Cámara vasca adoptados con los votos de SA fuesen declarados nulos por los tribunales, en el caso de que dichas disposiciones fuesen impugnadas en vía contencioso-administrativa.

Paralelamente, según las citadas fuentes, cabría considerar si los miembros de la Mesa de la Cámara que se negasen a aplicar una orden del Supremo en ejecución de sentencia podrían incurrir en un delito de desobediencia y ser perseguidos penalmente.

El abogado Iñigo Iruin ha presentado un escrito en el que rechaza que la ilegalización pueda extenderse a la disolución del grupo parlamentario de SA. También ha pedido la nulidad de la cancelación de HB, EH y Batasuna en el Registro de Partidos.