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Los sindicatos denuncian problemas en la matriculación de bachilleratos

Inspección instruye a los directores a reducir especialidades y grupos

Un documento de los Servicios de Planificación de la Consejería de Educación conteniendo las plazas disponibles en los institutos públicos de Valencia -que ha sido remitido ya a los directores a través de la Inspección educativa y de los Servicios Territoriales- complica el proceso de matriculación en curso y dificulta la continuidad de los alumnos en su centro para aquellos que terminen la ESO y quieran pasar a Bachillerato, al prever reducción de especialidades y de grupos en valenciano por centro.

El Consejo Escolar Municipal Valenciano comenzó ayer a analizar distrito a distrito la oferta educativa prevista por la dirección de los Servicios Territoriales de Valencia para el próximo curso: una planificación que se hizo antes de que se cerrara el plazo de matriculación, el viernes pasado, y a la que están obligados todos los alumnos de la red pública de la Comunidad Valenciana al final de cada etapa educativa. El documento -elaborado por los técnicos de planificación de la consejería-, sin embargo, está causando "perplejidad" entre los directores de instituto de zonas como el Marítimo, Fuensanta, Fuente de San Luis o Abastos, donde tropiezan con "un fuerte desajuste entre el número de solicitudes para cursar Bachilleratos y las instrucciones de grupos y especialidades remitidas", en unos casos "a través de un estadillo cerrado por los Servicios Territoriales" y en otros por instrucción directa de la Inspección educativa, sostienen fuentes del Consejo Escolar Municipal y de CC OO.

El sistema de escolarización propuesto por Educación -que ya ha sido denunciado, por ejemplo desde institutos de referencia como el Ramón Llull, Sorolla y el nuevo IES Isabel de Villena- contempla la desaparición de los grupos en valenciano matriculados en Bachilleratos mixtos, y propone como solución que los alumnos que pretendan estudiar Humanidades puras acudan al Ramón Llull y los que quieran hacer Ciencias al Sorolla.

El problema se agrava incluso más -según fuentes próximas a diferentes equipos directivos- en macroinstitutos como el de Abastos (que hace dos años vivió un fuerte enfrentamiento con la consejería al oponerse a la fusión, finalmente consumada, de los dos centros que coexistían en el antiguo mercado). La situación se complica porque "los directores no pueden garantizar una plaza a los alumnos de 4º de ESO que quieran pasar Bachillerato, porque tienen que atender (y baremar, con criterios oficiales que ya fueron cuestionados en 1998 cuando se implantó el famoso decreto de Admisión de Alumnos) a los alumnos de todos los colegios concertados que, al no tener implantados el nivel de bachillerato en sus centros privados de origen, tienen que solicitar plaza en la red pública". Este problema, según fuentes de CC OO, es extensible a institutos como Cid Campeador o el IES 31, donde los consejos escolares prevén fuertes disfunciones.

El sistema obliga, por tanto, a los directores de los institutos públicos a "reestructurar la matrícula en función del número de especialidades implantada". Algo que de por sí ya contiene fuertes restricciones desde su implantación por parte de la ex directora de Centros, Concha Gómez, que optó por ofertar sólo "dos especialidades por centro", básicamente Ciencias y Humanidades, reduciendo las otras dos áreas artística y tecnológica.

"Falta de continuidad"

"Los servicios públicos no se pueden gestionar según las leyes del mercado", sostiene CC OO, respecto a los problemas surgidos en institutos públicos que ahora tendrán que atender las solicitudes de alumnos de centros concertados (pagados con dinero público) pero que no tienen bachilleratos en sus colegios privados de origen (precisamente, porque el bachillerato es el único nivel que por ahora el PP no ha concertado de forma generalizada, como sí ha hecho en todas las demás etapas educativas". Los cinco sindicatos de la enseñanza (STEPV, CC OO, Fete-UGT, ANPE y CSIF) han exigido a la Administración "explicaciones sobre las medidas adoptadas en el actual proceso de escolarización". Los sindicatos denuncian que este sistema "no garantiza la continuidad educativa".

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