La innovación política local

La ciudad, como la nostalgia, ya no es lo que era. En el curso de lós últimos 20 o 30 años se ha producido una revolución urbana en tanto que los Ayuntamientos democráticos se constituían como una respuesta válida a los desafíos de un tiempo que quedaba atrás. La globalización, los territorios urbanos supramunicipales, la nueva economía, el multiculturalismo, la sostenibilidad, las respuestas de proximidad a la fragmentación social y a la inseguridad ciudadana, son algunos de los nuevos desafíos. El balance positivo de los gobiernos locales elegidos a lo largo de estos años, la espectacular transformación de nuestras ciudades, con ambivalencias cada vez más evidentes, revela, por una parte, el atraso en el que la dictadura había sumido a pueblos, barrios, ciudades pequeñas y grandes, y, por otra parte, el esforzado trabajo de las primeras promociones de alcaldes y concejales, de funcionarios y técnicos, de líderes sociales y asociaciones ciudadanas. Muy bien, pero el mundo global y local han cambiado.

Los retos son, en parte, nuevos, las políticas públicas que se proponen los líderes locales más lúcidos, también, pero los marcos legales y el instrumental institucional son los mismos desde hace décadas. La globalización asigna más funciones y responsabilidades a los gobiernos locales, es la "glocalización". El sistema político diseñado por la Constitución y la legislación básica de la democracia han quedado obsoletos. No creemos que el "gap" existente entre la nueva revolución urbana y el conservadurismo institucional se resuelva con una nueva ley (a la baja, además) para grandes ciudades. Se requiere un cambio de cultura política para poner en las normas y en los usos lo que los políticos y profesionales locales saben o intuyen, intentan o renuncian por falta de medios. Y también algo más, un plus de imaginación.

Este cambio político, cultural y legal, nos parece que debiera tener en cuenta por lo menos las siguientes dimensiones de la realidad local:

- Una nueva relación entre las instituciones basada en la subsidiaridad, la proximidad, la contractualidad, la integración de las políticas públicas y la autoorganización de los poderes locales y de sus formas de cooperación. Dudo que se necesiten muchas leyes; conviene más una poda en la legislación estatal o por lo menos una interpretación flexible, abierta, de la misma. Conviene abrir la puerta para que cada comunidad autónoma y los municipios por propia voluntad (aunque estimulados, por ejemplo, mediante la cofinanciación de proyectos y servicios comunes) encuentren el camino de las respuestas adecuadas a las nuevas realidades territoriales, sin incrementalismo institucional, pero propiciando estructuras comunes operativas (consorcios, agencias, comunidades locales). Las recientes reformas legislativas francesas e inglesas (relativas a las aglomeraciones y a los condados) son interesantes.

- La iniciativa política para asumir de iure o de facto nuevas competencias y nuevos recursos. La promoción económica y exterior de la ciudad; la planificación y gestión de las infraestructuras de telecomunicación y de comunicación (puertos, aeropuertos, ferrocarril, red viaria); la seguridad y la justicia local; la conquista de suelo y edificios de vocación pública ciudadana en manos de aparatos del Estado o de empresas de servicios; las políticas de identidad cultural y de gestión de la multiculturalidad; la sanción de los atentados ambientales... Son ámbitos que en el pasado no parecían propios de los gobiernos locales y que ahora son tan necesarios como para justificar iniciativas conflictuales al límite de la legalidad.

- La innovación en las formas de participación política. Es díficil de entender que haya una regulación estatal de las elecciones locales. Parece suficiente establecer unos principios básicos como el sufragio universal y una garantía para las minorías. La elección directa o indirecta de los alcaldes y por distritos o por circunscripción única de los concejales debiera dejarse abierta para la regulación local o, en todo caso, de las comunidades autónomas. Los municipios deben innovar para asegurar la participación de los residentes de otras nacionalidades de origen, promoviendo incluso la elección de representantes en paralelo a las elecciones municipales. Lo mismo en cuanto a la organización política del municipio, la distribución de poderes, los mecanismos participativos (consulta popular, consejos ciudadanos, etcétera). El uso de las tics (tecnologías de información y comunicación) abre infinitas posibilidades tanto en la modernización de la gestión (las redes de municipios pueden evitar la inflación institucional) como en la participación ciudadana (cada hogar debiera integrarse en "Intranets" locales).

Todo ello puede afectar al poder o a los compromisos de los aparatos centrales partidarios sobre los colectivos locales, por lo cual nos parece deseable que en las elecciones locales los partidos apoyen a unos candidatos o a toda una candidatura ciudadana, pero no debieran presentar listas propias.

Finalmente, la globalización económica, la incidencia sobre el territorio local de las decisiones de los organismos de regulación internacional y de las empresas multinacionales, y sobre todo la existencia de uniones supraestatales (la Unión Europea principalmente), plantea a los gobiernos locales y regionales la necesidad de proyectarse al exterior y de hacerse oír directamente en las organizaciones "internacionales". Otra razón para desvincular las candidaturas locales de los partidos de base estatal y supraestatal.

En fin, son temas que por lo menos creemos que merecen reflexión y discusión. Y quizás deberíamos empezar por definir un nuevo horizonte de derechos ciudadanos, como corresponde a una época de cambio histórico. Las instituciones sirven a las políticas públicas y éstas corresponden, en teoría por lo menos, a los derechos (y deberes) de la ciudadanía. Sin un planteamiento renovado de derechos y valores subyacentes no podremos renovar las políticas y las instituciones locales. Veinte años no es nada, dice el tango, pero aquí y ahora es mucho. Se supone que hemos aprendido lo suficiente para pasar página y no vivir aferrados a la visión tradicional de la democracia municipal pensada durante el antifranquismo.

Jordi Borja es geógrafo-urbanista.