La promesa del agua
El Plan Hidrológico Nacional marca la batalla por el voto en las comunidades del arco mediterráneo español
El arco mediterráneo español está en guerra a causa del agua. El Plan Hidrológico Nacional (PHN) enfrenta a partidos políticos y a comunidades autónomas afectadas por el trasvase del río Ebro, infraestructura básica del plan. Dos años después de su aprobación -el PP y CiU lo validaron en 2001-, Aragón y el Delta del Ebro, en Tarragona, se oponen al trasvase. En el sureste español, en bancarrota hídrica, no entienden que cientos de metros cúbicos de agua se viertan al mar.
Sucesivamente, diferentes planes hidráulicos han prometido al sureste, la región más seca de España, agua de la cuenca del Segura, que luego no se han satisfecho (el plan Gasset, el de Lorenzo Pardo, el trasvase Tajo-Segura, el anteproyecto del Plan Borrell de 1993 y ahora el trasvase del Ebro). "Siempre es igual. Con la expectativa de un trasvase se hacen cálculos sobredimensionados de los recursos hídricos y, antes de que funcione, se ponen en regadío nuevas tierras y se abren nuevos pozos", observa el consultor y portavoz de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) -contraria al trasvase-, Antonio Estevan. Ocurrió con el Tajo-Segura hace 15 años, que de los 1.000 hectómetros cúbicos que se barajaron inicialmente, luego se rebajaron a 600 y la media anual ha sido de 325. Pero entonces, ¿qué hacer? Juan B. Segura, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, subraya que el déficit hídrico de Alicante, Murcia y Almería es insostenible. "Hace 15 años se hubiera podido evitar el trasvase del Ebro si el Tajo-Segura llevara los 1.000 hectómetros previstos en un principio".
"La desalación no es gratis para el entorno y tampoco mejor que el trasvase", dice Marco
Nueva Cultura del Agua dice que el trasvase "no da garantía, ni calidad ni coste"
Los autores del PHN recibieron el encargo de redactarlo con total libertad; la única condición era que no se podía descalificar ni una sola hectárea de regadío en la cuenca del Segura. Con esta condición de partida, los técnicos sólo encontraron el Ebro, el único río íntegramente español y con suficiente caudal -la operación con dos ríos internacionales como el Tajo o el Duero era más compleja y costosa- para acometer el plan. El plazo de ejecución del trasvase del Ebro, un largo canal de 912 kilómetros era de 8 años y su presupuesto, de 4.207 millones de euros. Esta larga tubería, preparada para trasvasar 1.050 hectómetros cúbicos del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía se completaba con la construcción de 112 nuevos embalses y 36 estaciones desaladoras.
El argumento estrella de los trasvasistas era y sigue siendo que un país con déficit hídrico como España no puede permitirse el lujo de que un río como el Ebro desagüe 1.000 hectómetros cúbicos de su caudal en el mar. Según el Gobierno, estas reservas deben ir a las provincias del sur, con un 10% del suelo y el 26% de la población.
Un argumento que rechazan de plano en Aragón -300 de los 900 kilómetros del Ebro atraviesan esta región- y el Delta del Ebro. Los antitrasvase afirman que el proyecto no cumple ninguna de las tres condiciones de un plan hidráulico estructural. "No da garantía, no da calidad y no da coste", enumera Estevan. El Ebro no ofrece garantía de reservas hídricas porque es un río irregular. A puertas de las elecciones, CiU ha renegado del PHN, exigiendo un aumento del caudal ecológico para preservar el Delta del río. De 100 a 135 hectómetros cúbicos por segundo, un cambio que, a juicio de la Fundación, reduce el excedente del Ebro a unos 500 hectómetros cúbicos anuales, invalidando el trasvase. Juan B. Marco insiste en que no existen estudios que avalen las demandas de más caudal de CiU.
La calidad del Ebro es baja -supera los 1.000 microsieverts por centímetro cúbico-, una conductividad (alta concentración de sales) que la UE recomienda como límite máximo en aguas prepotables. La FNCA advierte que "las previsiones de evolución de calidad prevén un empeoramiento, en la medida en que se espera una ampliación de regadíos en la cuenca del Ebro". Concretamente, en La Rioja, el Canal de Navarra, el Segarra-Garrigues, en Lleida, o el pacto del Agua en Aragón,
El plan del Gobierno no asegura el coste definitivo del agua. Los 31 céntimos de euro estimados por los autores "no son ciertos", agrega Estevan, porque aplican la misma tarifa a todo el canal, cuando el caudal que llegue Murcia será más caro. Además es un precio estimado sin pérdidas, con el 100% del trasvase, es decir, los 1.050 hectómetros, y sin depuración. La Fundación apunta a los 48 o los 55 céntimos de euro, precios inasumibles para una agricultura tradicional y que sólo soportarían los cultivos de invernadero y el negocio turístico del litoral mediterráneo.
El trasvase del Ebro es hoy un problema europeo. Las quejas al plan español han llegado a la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström. Ésta ha convocado el próximo junio una conferencia internacional en Ispra (Italia), donde oirá la opinión de expertos sobre la sostenibilidad del plan.
Murcia, una de las regiones más necesitadas del agua del Ebro, encargó, con ánimo de enfriar este agrio debate, un estudio a la Universidad de Berkeley (Estados Unidos). Las conclusiones son que el problema del agua es más de calidad que de cantidad, que el trasvase es viable si se realizan mejoras medioambientales, pero sostiene grandes reservas sobre su viabilidad económica y el precio oficial.
En este proceso de deriva, la Fundación Nueva Cultura del Agua postula la desalación como una alternativa seria al trasvase. Cuando surge el PHN, la mayor desaladora de España, situada en Canarias, producía agua a 62 céntimos de euro el metro cúbico. Desde entonces, el proceso ha dado un salto tecnológico. Estevan cuenta hasta una docena de plantas desaladoras funcionando o en proyecto en la costa mediterránea. En dos años estas estaciones producirán unos 180 hectómetros cúbicos de agua en la región más seca de España. Y ahí es donde la Fundación Nueva Cultura del Agua formula su alternativa: "Está el trasvase Tajo-Segura, que cuesta menos dinero al usuario por los años de amortización; por tanto, lo que se puede hacer es alimentar el trasvase en cola, abasteciendo a los usuarios de la costa con agua desalada del mar, mientras los usuarios de la cabecera se surten del caudal del río. Lógicamente, el precio debe ser una media de ambos", argumenta Estevan.
El catedrático Juan B. Marco observa, sin embargo, dos grandes problemas a la desalación: el vertido y disolución del concentrado de salmuera que generan estas factorías y el elevado coste energético. "No es gratis desde un punto de vista medioambiental y, desde luego, no es mejor que el trasvase del PHN", observa el catedrático que defiende que el coste de la desalación es directamente proporcional al precio del barril de petróleo". "Pero si la sociedad quiere eso, adelante", concluye.
Un tortuoso debate político
El PHN ha provocado un verdadero seísmo político. La única coincidencia entre el PP y PSOE es que el sureste necesita agua, pero a partir de ahí todo son diferencias. El PP ha cerrado filas en defensa del proyecto, a pesar del coste político que le ha supuesto en Aragón y en Tarragona, donde existe una mayoría social contraria al trasvase. En el PSOE también han aflorado las contradicciones. En la calle Ferraz, sede socialista, los dirigentes federales reconocieron la existencia de diferentes voces ante el problema, aunque el acento se puso en una alternativa. Una opción que apuesta por la modernización del regadío para evitar las pérdidas en las canalizaciones (más del 30%), la reutilización de aguas depuradas y la desalación para proporcionar "más cantidad de agua, en menos tiempo y más barata".
En el Consejo Nacional del Agua, los socialistas pasaron la prueba de fuego cuando dos de las comunidades que gobiernan, Castilla-La Mancha y Extremadura, apoyaron el PHN en contra de la opinión de la dirección federal del partido.
En el caso extremeño, el Ejecutivo de José María Aznar prometió inversiones de 200.000 millones de pesetas en obras hidráulicas. En el caso castellano, el acuerdo suscrito en 1997 por el presidente, el socialista José Bono, el presidente valenciano Eduardo Zaplana (PP), y el Ministerio de Medio Ambiente, del que salió el Plan del Júcar y el trasvase al Vinalopó, justifican el apoyo al plan. Bono se aseguró con este pacto la cuarta parte del agua del Júcar para La Mancha, donde acababan de legalizarse miles de hectáreas de regadío en Albacete, con cultivos subvencionados por la UE. Según los socialistas valencianos, el pacto entre Bono y Zaplana repartió más agua de la existente y, a su juicio, los regantes valencianos fueron los grandes perdedores.
El PP ha aprovechado estas grietas para erosionar al PSOE. En esta carrera, de claro rédito electoral, el PP ha auspiciado iniciativas parlamentarias de apoyo a una ley con dos años de vida. Incluso se celebró en Valencia una manifestación a favor del trasvase, subvencionada con 1,6 millones de euros aprobados por las administraciones públicas gobernadas por el PP, que bajo el lema Agua para todos repartió cientos de miles de raciones de paella gratis. "Que hagan su trabajo, porque hasta la fecha se han demostrado incapaces", objetan los socialistas, mientras subrayan la incapacidad del PP a la hora de sacar adelante la obra en la Comisión Europea.
En Cataluña, el Gobierno de CiU refrendó el trasvase a condición de que se redactase un plan de inversiones para el Delta del Ebro.
En Aragón, comunidad gobernada en coalición por socialistas y regionalistas del PAR, el trasvase se recibió como una mutilación a su desarrollo económico, sobre todo cuando está pendiente el pacto del agua de Aragón, que prevé la transformación de cientos de hectáreas de secano a regadío. Los gobiernos valenciano y murciano esperan el agua.
La gran premisa del Plan Hidrológico Nacional que asegura que sin excedentes del Ebro no habrá transferencias de agua no parece una garantía para los opositores al PHN.
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