Contaminación política

A propósito del veto de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA de Gas Natural (GN) sobre Iberdrola, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha insistido durante los últimos días en que "debe respetarse la independencia de los organismos reguladores". El ministro tiene razón. La independencia de los organismos reguladores debe respetarse... cuando tal independencia existe. El caso es que resulta muy aventurado asegurar que las instituciones de regulación de los mercados españoles son independientes por la sencilla razón de que el primer Gobierno del PP se apresuró a convertirlos en sucursales de los ministerios correspondientes. La autonomía, recursos y capacidad para tomar la iniciativa de la Comisión Eléctrica, convertida después en la CNE, fue drásticamente cercenada por la voluntad política de los responsables económicos del primer Gobierno popular, Rato y Piqué entre ellos. Así que la reclamación de respeto está tan fuera de lugar como la sospechosa amnesia oficial respecto a decisiones políticas conscientemente tomadas por un Ejecutivo intervencionista hasta la médula.

El Gobierno no quiere modificar el poder empresarial en el sector energético; sólo lo admitiría si Repsol y Endesa se repartieran Gas Natural

El Gobierno de el PP no cree en reguladores independientes. Para demostrarlo no es necesario recordar aquí cómo se recortaron las facultades de la Comisión Eléctrica, ni cómo se rompió el consenso en la designación de los vocales, ni la extraña composición profesional del Consejo. Ya es sospechoso que la decisión final no coincida con los informes técnicos, que defendían una OPA con condiciones. Lo cierto es que la dependencia de la CNE se puede rastrear en los argumentos utilizados por la Comisión para rechazar la operación. El más socorrido, utilizado profusamente por Pedro Meroño, presidente de la CNE, apela al riesgo de que la debilidad financiera del grupo resultante ponga en peligro la ejecución de las inversiones previstas en la red de gasoductos o el suministro eléctrico a los usuarios. El argumento no se sostiene en pie; primero, porque es posible condicionar la operación a la garantía de ejecución de las inversiones, y después, porque el argumento puede ser utilizado arbitrariamente para impedir cualquier OPA en un sector regulado.

De hecho, la CNE ha avanzado varios kilómetros más por este camino iluminada por la idea controladora del Ministerio de Economía. Su presidente, Meroño, defendió recientemente en el Parlamento la idea de que en el sector de la energía las OPA deben ser amistosas pactadas con el regulador. En otras palabras, que una compra accionarial en el mercado energético debe contar con el nihil obstat de la Comisión. A la CNE le sobra intervencionismo rancio por casi todos los flancos, de ese que convierte al Estado en una ventanilla de autorización de expedientes. Detrás de esta idea de la CNE como afable patrón de las compraventas empresariales casi puede oírse la defensa institucional de los directivos de las compañís eléctricas a costa de los intereses de los accionistas.

El segundo argumento de peso, repetido casi a coro por el ministro de Economía y el presidente de la Comisión, es las empresas no pueden distraer dinero procedente de ingresos regulados (tarifas) para financiar operaciones empresariales. La arbitrariedad del argumento salta a la vista y no porque no sea correcto, que sí lo es en general, sino porque la CNE no parece haberse preocupado hasta el momento ni poco ni mucho por defender los ingresos regulados (transporte y distribución). Las compañías eléctricas o gasísticas han dispuesto libremente del dinero procedente de las tarifas para comprar lo que les ha parecido bien, con abundantes fees para los bancos de inversión intermediadores, sin que la CNE o el Ministerio de Economía hayan pestañeado siquiera. Pero eso sí, es un buen argumento cuando se quiere vetar una operación.

La OPA frustrada de GN sobre Iberdrola es una de tantas operaciones sucias de política que tanto han prodigado los Gobiernos del PP. Recuérdense las frustradas operaciones Endesa-Iberdrola o Repsol-Iberdrola. La contaminación política no termina en el veto a la OPA. Continúa, por ejemplo, en la utilización de informaciones de castigo, como la del supuesto interés de GN por Endesa, para minar la confianza de la empresa en su accionista financiero (La Caixa). El Gobierno no quiere modificar la estructura empresarial de la energía; sólo admitirá una recomposición del poder que implique que Repsol y Endesa se reparten los activos de GN.