Una ley amplía las competencias del Consell para contratar fondos europeos de I+D

El Consell aprobó el martes el reglamento orgánico y de funcionamiento de la nueva Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología (que está previsto que se publique hoy en el DOGV), mediante el cual el Gobierno autonómico amplía sus competencias regionales en materia de "contratación" de programas y fondos europeos destinados a financiar infraestructuras científicas, proyectos de investigación y de innovación tecnológica en empresas,especialmente los contenidos el VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo (I+D). "Se trata de un ente jurídico público, sujeto a derecho privado, que amplía las fórmulas de contratación", tanto con las distintas administraciones nacional y europea, como con cualquier otra institución de carácter público o privado, explicó ayer en conferencia de prensa el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Javier Quesada.

Financiación

Además de buscar mayor agilidad y autonomía del Gobierno central -sobre todo, de cara a la gestión y transferencia de los fondos europeos Objetivo 1 que la Comunidad tiene autorizados sólo hasta 2006 (fecha en que Bruselas ha advertido que tendrá que pagar el coste de la ampliación a 25 socios)- este instrumento jurídico está pensado también para poder implant

ar "nuevas fórmulas de financiación" que permitan a medio plazo hacer políticas de I+D "con un horizonte presupuestario estable", condición exigida, entre otros factores, por las universidades e institutos de investigación".

En la práctica, la ley permite que -si la UE decide mantener la actual política de ajuste y de déficit cero- la Agencia tendrá capacidad propia de endeudamiento mediante la emisión de bonos o la creación de empresas de capital de riesgo. "La Comunidad Valenciana es la primera [autonomía] en implantar esta fórmula jurídica avanzada", precisó Quesada, al detallar el nuevo organigrama que estará presidido por el presidente de la Generalitat y gestionado por un órgano colegiado de gobierno y control de la Agencia".

El organismo nace con un presupuesto de 51.414 euros destinados "al fomento de la I+D+i", de los cuales 7.000 estarán dedicados a la plantilla de investigadores y tecnólogos en formación; 23.000 a infraestructuras cientificotécnicas, casi 6.000 para financiar proyectos concretos de investigación, y otros cerca de 3.000 para impulsar la contratación de fondos europeos, que se financian "contra proyecto"; es decir proyectos presentados por grupos de investigación o empresas de base tecnológica.