Balance rápido

La comisión de seguimiento de los juicios rápidos se ha dado enorme prisa en ofrecer un primer balance y anticipar una opinión optimista sobre el nuevo modelo judicial puesto en marcha hace 15 días. Con dos semanas de funcionamiento, el balance sólo puede ser parcial, y la opinión, obligadamente cauta, pues los juicios por delito -núcleo del nuevo procedimiento- empezarán a celebrarse en estos días, ya que el tiempo transcurrido corresponde al plazo establecido para su instrucción.

Con esa salvedad, los datos relativos a los juicios de faltas celebrados -en un plazo de 72 horas- y las sentencias de conformidad dictadas -en las que el reo acepta la acusación a cambio de reducir en un tercio la sanción penal cuando comparece ante el juez de guardia-, apuntan a una actuación ágil del sistema. De las casi 6.000 diligencias urgentes remitidas a los juzgados de guardia, 2.132 han derivado en juicios de faltas, y 443, en sentencias de conformidad. Falta por ver si ese ritmo se mantiene, mediante el cumplimiento riguroso de los plazos, en los 574 juicios por delito pendientes de celebrar en estas fechas.

De los primeros datos también se deduce una desigual respuesta en los distintos territorios judiciales, que tiene que ver con los medios disponibles en relación con el número de asuntos por resolver. Barcelona, una ciudad que cuenta con una experiencia ininterrumpida de juicios rápidos desde 1992, ha partido con ventaja. Madrid, con un número de asuntos muy superior, ha celebrado menos juicios de faltas, dictado menos sentencias de conformidad y señalado menos juicios por delito, lo que parece dar la razón al fiscal Fernández Bermejo en su denuncia de la falta de medios de la justicia madrileña para afrontar con garantías de éxito el reto de los juicios rápidos.

Pero más allá de los datos, todavía parciales, y de las insuficiencias, evidentes en Madrid, la nueva experiencia cuenta con un aval que no ha tenido ninguna otra en el pasado: ser fruto de un pacto entre el Gobierno y el PSOE, al que han dado su apoyo el conjunto de fuerzas políticas. Ésa es su mejor garantía de éxito. La críticas y las quejas siempre han estado circunscritas a la gestión de ese pacto y a su instrumentalización política por el Gobierno en relación con el problema de la delincuencia.