El impacto económico de las futuras normas

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un proyecto de ley que regulará la forma de elaborar las futuras leyes y decretos, es decir, se convertirá en la guía cuando cualquier departamento aborde la redacción de una norma.

La pretensión del Ejecutivo es que el nuevo proyecto se convierta en una "herramienta útil" para poder redactar "normas más racionales y mejor fundadas". Entre las aportaciones del texto figura la obligación de que las futuras leyes incluyan consultas a los sectores sociales afectados antes de su remisión al Parlamento. De alguna forma, este tipo de consultas ya se vienen realizando, pero ahora no dependerá de la decisión del consejero de turno responsable de cada norma, sino que estará obligado por ley.

Otra innovación es la exigencia de que las leyes incluyan estudios del impacto económico que supondrán tanto en los Presupuestos de la comunidad como en la economía en general del País Vasco. Estas aportaciones contribuirán, según el Gobierno, a que en el proceso de elaboración de cualquier norma, el propio Ejecutivo reflexione sobre aspectos como por qué debe dictarse un decreto o aprobar una ley, su finalidad respecto a la sociedad y su contenido para servir con la máxima eficiencia a los ciudadanos.

Tanto este proyecto como el aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno relativo al nuevo sistema de ordenación de los cuerpos y escalas de funcionarios en la Administración vasca están recogidos en el calendario legislativo 2001-2005.