La controvertida figura del agente urbanizador
Decenas de colectivos exigen una reforma de la LRAU
Las próximas Cortes Valencianas tendrán sobre la mesa la demandada y exigida reforma de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Una normativa que aprobaron los socialistas cuando presidían la Generalitat, pero que en los últimos años se ha desvirtuado y ha provocado más de un quebradero de cabeza, sobre todo a los propietarios afectados.
El problema que han denunciado decenas de vecinos y colectivos surge cuando se cometen "abusos urbanísticos" por parte de un agente urbanizador externo encargado de acometer unas obras de mejora de las parcelas y en los servicios de las viviendas que corren a cargo de los propietarios. En algunos casos se exigen importantes cantidades económicas de dinero por asfaltar, instalar alcantarillado o urbanizar la zona que los propietarios no pueden asumir.
Los ayuntamientos, al carecer de presupuesto para acometer estas obras, optan por dejar la urbanización en manos del agente externo. Esta inadecuada aplicación de la LRAU ha causado un amplio rechazo popular, decenas de afectados se han ido constituyendo en plataformas contra los abusos urbanísticas, han protagonizado sucesivas manifestaciones y reuniones multitudinarias, y sobre todo desencadenaron una ofensiva diplomática al más alto nivel. Todos los embajadores de los países de la Unión Europea y los representantes diplomáticos de Canadá y Noruega firmaron una carta en la que pedían al gobierno de la Generalitat, presidido por José Luis Olivas, más "sensibilidad" con los afectados y un cambio legislativo para proteger los intereses de los afectados.
La oposición a los abusos urbanísticos ha estado liderada por propietarios extranjeros que se sentían amenazados por la legislación urbanística. En algunos medios de comunicación británicos se han publicado varios reportajes en los que se llegaba a advertir de que "invertir y comprar" casas en la costa valenciana era "peligroso".
El Consell ha efectuado ligeras modificaciones de la ley, pero ha pospuesto a próxima legislatura una reforma más profunda.
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