La Generalitat respalda el nombramiento del rector de la Universidad de Girona

La Universidad de Girona (UdG) aprobó correctamente sus estatutos y no está obligada a convocar nuevas elecciones al cargo de rector. Así se manifiesta en el dictamen de la asesoría jurídica del Departamento de Universidades (DURSI) solicitado por la propia universidad en el intento de evitar la incertidumbre jurídica a que la condujo un reciente claustro en el que se discutieron sus estatutos. Algunos sectores vieron en una disposición del nuevo ordenamiento de la UdG la posibilidad de celebrar nuevas elecciones a rector, pero el informe del DURSI, sin tener carácter vinculante, afianza en el cargo a Joan Batlle, que tiene por delante tres años de mandato.

Los servicios jurídicos del DURSI estiman que "la voluntad de la UdG era la adaptación de los estatutos a las nuevas disposiciones legales", no la confección de un nuevo estatuto, de ahí que considere suficiente "el voto favorable de la mayoría de los claustrales presentes". Algunos de los participantes en el maratoniano claustro, que se prolongó durante unos seis días, pusieron en tela de juicio la aprobación de los estatutos porque estimaban que la mayoría simple no era suficiente.

Otro informe de la Generalitat rechaza que la polémica disposición transitoria quinta del proyecto de Estatutos suponga la obligatoriedad de convocar nuevas elecciones al cargo de rector.

Joan Batlle llegó al cargo el mes de marzo del año pasado. Superó por un escaso margen de votos al candidato más oficialista y rompió todas las previsiones. Los sectores contrarios a Batlle han puesto en diversas ocasiones en tela de juicio su victoria. La adecuación de los estatutos prevista en la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU) abrió una rendija para convocar unas elecciones anticipadas. De momento, esta posibilidad parece abortada.

El rector de la Universidad de Girona se mostró ayer "contento por la universidad" y aseguró que el informe abre "un periodo de tranquilidad" en el que confía que se dejen atrás las polémicas, puesto que el claustro aceptó por unanimidad la mediación de la Generalitat.