El atasco del pacto que nunca llega
Las administraciones se resisten a delegar poder y los municipios no quieren nuevos servicios sin recibir más dinero
Cada vez que se acercan las elecciones municipales, las formaciones políticas, ya estén en el gobierno o en la oposición, suelen desempolvar viejas banderas: la del llamado Pacto Local es una de ellas. Prometido por los sucesivos gobiernos socialistas de Manuel Chaves, muy poco se ha avanzado en la asignación de competencias autonómicas a los ayuntamientos de la comunidad: todas las administraciones, sean del color político que sean, muestran una fuerte resistencia a delegar poder y los municipios no quieren asumir más servicios si éstos sólo vienen acompañados de su coste efectivo, sin lograr que se resuelva el problema de su insuficiencia financiera.
En este tira y afloja llevan la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) desde 1995, cuando, aprovechando el debate de la comunidad, Manuel Chaves anunció "la culminación del Pacto Local andaluz, en el contexto de una Pacto Local de Estado".
Ha habido más promesas desde entonces, sin que hasta la fecha el borrador de acuerdo local remitido por la Consejería de Gobernación a la FAMP en marzo de 2001 haya adquirido otra denominación. El boceto enviado presenta un paquete de propuestas de asignación de un total de 21 competencias a los ayuntamientos, aunque sólo las que se refieren a Consumo vienen más o menos detalladas económicamente, en función del número de habitantes del municipio.
El resto de las materias se refiere a policías locales, protección civil, función pública, turismo y deportes, infraestructuras, educación, cultura, medio ambiente, servicios sociales y empleo, competencia ésta reclamada ahora con mayor énfasis por los ayuntamientos tras el reciente acuerdo de traspaso de las políticas activas de empleo a la Junta de Andalucía.
Se han creado tres grupos de trabajo en la FAMP sin que en ninguna de las reuniones mantenidas se hayan adoptado decisiones en firme. "Hay que reconocer que en los aspectos de transferencias no hay avance", admite el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, quien asegura que la principal dificultad del acuerdo es que "los ayuntamientos, que tienen un problema de financiación, se niegan a aceptar transferencias a coste efectivo".
A menudo, se confunde la descentralización de competencias con la reivindicación de más recursos presupuestarios planteados por todos los ayuntamientos, una demanda que va unida al modelo de financiación local. Y es ahí donde la palabra la tiene el Gobierno de la nación. Según datos aportados por el presidente de la Junta en la última sesión de control del Parlamento, en la actualidad la Administración central maneja el 56% de los recursos públicos, frente al 30% de las autonomías y el 14% de los ayuntamientos. La meta es que éstos controlen el 30%. "¿De dónde hay que detraer?", se preguntó.
Desde el Partido Popular se acusa a la Junta de practicar una política "centralista y reaccionaria" con los ayuntamientos, según afirmó días atrás la presidenta popular, Teófila Martínez, quien se quejó de que los municipios tengan que afrontar "en soledad" numerosas demandas ciudadanas, frente a la descentralización "ficticia" de la Junta.
Izquierda Unida, además de denunciar los "reiterados incumplimientos" del Gobierno andaluz, reclama el aumento del fondo de nivelación a 120 millones de euros, frente a los 36 millones actuales y la "inmediata transferencia" de las veintena competencias contempladas en el borrador del Pacto Local andaluz, muy especialmente, las relativas a servicios sociales.
Los andalucistas se sitúan en un punto intermedio y piden tanto a la Administración central como a la autonómica que hagan sus deberes con los ayuntamientos.
Transfuguismo y nuevas leyes
Junto con la propuesta de asignación de competencias a los ayuntamientos remitida a la FAMP, la Consejería de Gobernación incluyó un paquete político que afecta al desarrollo de varias leyes y medidas para luchar contra el transfuguismo.
Para frenar gobiernos municipales distintos a la voluntad del electorado con el concurso de chaqueteros, los grupos políticos con representación parlamentaria crearon a finales de 2001 una mesa andaluza antitransfuguismo en la que se comprometieron solemnemente a someter en comisión las mociones de censura antes de que se votaran en los ayuntamientos. A las primeras de cambio el acuerdo hizo aguas: el PP pactó con un tránsfuga en Salobreña (Granada) e IU y PSOE hicieron lo mismo en La Algaba (Sevilla). Pese a todo, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, considera que la iniciativa "no ha fracasado" y que la mesa andaluza "impulsó" la que meses después firmaron para todo el Estado los partidos con representación en el Congreso.
Perales asegura que pese al bloqueo del Pacto Local, las relaciones con los ayuntamientos "ha avanzado" en otras direcciones. Alude al plan de la Junta para sanear las arcas de los municipios de hasta 10.000 habitantes o el proyecto de ley de Símbolos de las Entidades Locales, por el que los propios ayuntamientos aprobarán sus emblemas sin pasar por el Consejo de Gobierno.
En el cajón esperan dos de las normas de mayor trascendencia para los municipios: la ley del Fondo de Cooperación Local y la ley de Cooperación Territorial.
