A vueltas con las antenas

La controversia sobre los presuntos efectos nocivos de las emisiones de las antenas es una de las principales trabas con las que se topan los operadores y una de las razones de peso que argumentan las compañías para que les permitan compartir antenas.

El número total de estaciones base desplegadas en España supera las 27.000. De ellas, entre un 15% y un 20% están cuestionadas por las administraciones locales, presionadas por un temor social que, hasta el momento, no ha encontrado ningún fundamento científico. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni la UE ni las autoridades sanitarias españolas encuentran motivos para la alarma, si se respetan los límites de emisión según la normativa de Ciencia y Tecnología.

Incluso la OCU ha publicado una investigación independiente que ratifica estos términos. Tampoco los tribunales dan la razón a los antiantenas: El TSJA (Andalucía), el TSJPV (Valencia) o el TSJM (Murcia), entre otros, ya han echado por tierra un centenar de ordenanzas municipales.

Pero el proceso de despliegue está casi paralizado, y cada vez son más los servicios que se demandan para una red que corre riesgo de saturarse si no se desbloquea la situación. En los últimos años, el ritmo de despliegue de antenas se ha ido frenando desde el 80% de lo programado en 2000, al 45% en 2001 y al 20% en 2002.