Los partidos calculan un gasto superior a los 50 millones de euros en la presente campaña

PSOE, IU y CC aseguran que sus arcas no han recibido ni un céntimo en donativos específicos para afrontar esta costosa campaña electoral, en la que las formaciones políticas superarán previsiblemente el límite de gasto que permite la ley. PP, CiU y PNV declinan responder a la pregunta sobre posibles donaciones obtenidas para los comicios del 25-M. Según sus gerentes, los gastos de campaña superarán los 50 millones de euros. Todos dicen que la costearán con subvenciones procedentes de los votos obtenidos (0,45 euros cada uno) y de los concejales (224,6 euros por concejal), y mediante créditos bancarios.

El PP y el PSOE pueden recibir hasta tres millones al año en donativos anónimos

Los partidos aseguran que el 70% de su presupuesto de campaña procederá de créditos bancarios. El 30% restante lo han recibido del Estado, según los resultados obtenidos en los últimos comicios. El Tribunal de Cuentas publicará la lista de los bancos que los financian y luego no colaboran en las investigaciones del órgano fiscalizador.

"La política del partido es no dar datos sobre este asunto", responde un portavoz de CiU, partido que no ha respondido a ninguna de las preguntas relacionada con los gastos de esta campaña que le ha remitido este periódico. Una postura similar a la del PNV, que asegura que su coalición con EA "le impide" cálcular el dinero que invertirá. Este partido se ha opuesto siempre a la transparencia en los donativos.

La ley establece que los donativos, tanto para campañas como para el funcionamiento interno del partido, se deben ingresar en cuentas corrientes específicas de los partidos. Las de campaña están obligadas a identificar al donante y a mostrar el justificante del ingreso, mientras que las destinadas a gastos ordinarios son anónimas y tienen un tope de 60.000 euros por persona o entidad jurídica. Estas últimas no pueden superar el 5% de las subvenciones ordinarias que el Estado entrega a los partidos cada año. Es decir, que el PP y PSOE pueden recibir por esta vía opaca unos tres millones de euros en donativos anónimos al año.

Para financiar campañas, el donativo máximo permitido por la Ley Electoral General se reduce a 6.000 euros por persona o entidad, aunque no hay límite en la recaudación.

"La obligación de identificar al donante echa a mucha gente para atrás", dice Ramón Moreda, gerente del PSOE. Este partido asegura que en 2002 recibió 120.202 euros en donativos anónimos para funcionamiento interno.

CiU, que reclama desde hace años una normativa fiscal más ventajosa para las aportaciones privadas, critica que las donaciones tengan que ser aprobadas por el consejo de administración de la empresa que las entrega.

"Si consta en la contabilidad de la compañía, ¿por qué tienen que ser sometidas a un debate?", reprochan sus representantes a los consejeros del Tribunal de Cuentas.

Pero la regulación sobre las donaciones es insuficiente y los partidos aprovechan las lagunas para sortear una ley de financiación que, a juicio del Tribunal de Cuentas, es ambigua e incompleta. Un informe de este órgano fiscalizador, fechado el pasado 27 de febrero, denuncia las donaciones anónimas sin control y destaca que si éstas proceden de particulares o instituciones privadas no se puede saber si exceden el límite legal. Es decir, que este organismo reconoce su incapacidad para auditar las ayudas anónimas. Sólo en el PP, este concepto supuso tres millones de euros, según la última auditoria del citado tribunal.

"Al ser anónimas no podemos saber si es el mismo donante el que las ha dado varias veces sorteando así el límite de la donación", dice Felipe García Ortiz, consejero del citado órgano.

"La ley vigente permite la financiación opaca en cantidades monstruosas. Pero si se permite, ¿por qué no lo van a aprovechar algunos partidos? En las únicas zonas del país donde no es pecaminoso financiar la política es en Cataluña y el País Vasco. En ese ambiente es lógico que los partidos nacionalistas defiendan una cierta presencia empresarial en la financiación de los partidos. Hay que quitar morbo a este asunto y considerar que no es un pecado", señala Francisco Fernández Marugán, diputado y ex secretario de administración y finanzas del PSOE. Él mismo señala que los partidos declinan aceptar donativos de campaña "por el riesgo de recibir dinero de personas no honorables".

"Decimos a los donantes que nos lo den en ordinario", confiesa un político vinculado a la financiación de su partido. Así, se garantiza el anonimato del donante y se evita recibir dinero de personas que puedan dañar la imagen del partido".

El hecho de que los comicios sean municipales abunda en una mayor opacidad y dificulta el control sobre los gastos reales y su procedencia. Ninguno de los partidos contabiliza en sus libros la actividad de las agrupaciones locales y de sus grupos políticos en las corporaciones locales.

En ese inmenso territorio local, donde se mueven decenas de millones de euros, es donde se registra la mayor fuga de información. Una zona difícil para el control del Tribunal de Cuentas y donde, según los testimonios de algunos fiscales, se mueve la financiación inconfesable de los partidos: las aportaciones ilegales de constructores o empresarios a cambio de recalificaciones o favores políticos.

"Ése es otro mundo. Ése es un problema real", reconoce Fernández Marugán. "Las formaciones políticas, con carácter general, no contabilizan la totalidad de las aportaciones recibidas", denunció el Tribunal de Cuentas en su último informe refiriéndose a estas prácticas en el ámbito local. García Ortiz, que junto a Manuel Núñez integra la sección de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, reconoce que la contabilidad de los grupos municipales es "incontrolable" y asegura que no remiten la contabilidad electoral.

Los partidos responden que no hay ocultismo y señalan que la fiscalización de las cuentas municipales corresponde a los interventores de los ayuntamientos. Pero para el Tribunal de Cuentas, ésta es insuficiente y caótica por la escasez de medios. "Es más difícil y además no tienen el rigor y la solvencia de la Administración del Estado", dice el consejero.

Para el Tribunal de Cuentas, las operaciones de los grupos de cargos electos forman parte de la actividad del partido. Las dos principales formaciones políticas no piensan lo mismo. "El Tribunal considera que todo lo referente a partidos se tiene que incorporar a la misma contabilidad, pero si quiere que sea así tendrán que cambiar la ley", puntualiza el gerente del PSOE.

"No es preceptiva la integración y consolidación en la contabilidad del PP de las subvenciones que, con cargo a los presupuestos de entidades locales y provinciales, reciben los cargos electos", señala el PP en sus alegaciones al órgano fiscalizador.

Esta interpretación diferente provoca que la contabilidad de los grupos municipales se escape a la lupa del Tribunal de Cuentas. Éste cuestiona, también, las subvenciones extra que el Gobierno vasco concede a los partidos en Euskadi para sus gastos ordinarios. El mayor gasto de éstos y de otros comicios se centra en el buzoneo de papeletas y propaganda que los partidos envían al censo electoral. El censo para estos comicios es de 33.166.959 electores, además de 1.053.763 en el extranjero. El PP invertirá seis millones de euros en el envío de una carta firmada por José María Aznar.

Estos envíos absorben el 70% del presupuesto total. Por este concepto, el Estado abonará 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que hayan obtenido representación en las corporaciones locales, siempre que la candidatura presente listas en el 50% de los municipios de más de 10.000 habitantes y obtenga, al menos, representación en la mitad.

Los gerentes consultados aseguran que ajustan sus gastos al límite legal, que por regla general se sobrepasan, y a las previsiones de resultados, toda una incógnita. En las municipales, autonómicas y europeas de 1999 hasta 26 formaciones rebasaron el gasto legal establecido, según denunció el Tribunal de Cuentas. En la próxima cita con las urnas, previsiblemente ocurrirá lo mismo, según fuentes del citado órgano.

El límite de gastos para estas municipales será el que resulte de multiplicar por 0,09 euros el número de habitantes correspondiente a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. Por cada provincia, los que concurran en al menos el 50% de sus municipios podrán gastar, además, otros 124.818 euros por cada una de las provincias en las que cumplan con esa condición.

Un error en la previsión de resultados y en consecuencia en las subvenciones que se espera recibir provoca que la deuda de los partidos engorde hasta cantidades inquietantes.

El PP declina responder a cuanto asciende su débito con la banca, aunque un informe del Tribunal de Cuentas la cifraba en 2000 en 12 millones de euros; el PSOE, incluyendo al PSC, debía ese año 62,1 millones de euros. En 2002, según los datos aportados por este partido al Tribunal de Cuentas, su deuda se redujo hasta 40,3 millones. El PSOE asegura que paga 6 millones de euros anuales de amortización, entre capital e intereses.

Los socialistas sumaban en 2000 un total de 20,8 millones impagados, de los 33 que siete partidos (PSOE, PSC, IU, UDC, ERC, EA y PA) dejaron sin abonar a la banca.

El Tribunal de Cuentas denuncia una y otra vez la "nula" colaboración de los bancos cuando les requieren información sobre la condonación o novación de la deuda que tienen con las formaciones políticas. En su último informe criticaba que 26 entidades les remitieron datos incompletos o no contestaron a sus requerimientos.

La pelea entre la banca y el tribunal es permanente. "No colaboran. No dan la información que les pedimos. Dicen que si la ley no les obliga no tienen por qué revelar los créditos que les han pedido. Como no hay una descripción expresa habrá que adoptar una normativa que lo exiga. Estamos estudiando publicar la lista con los nombres de los bancos que no colaboran", confiesa García Ortiz.

Ubaldo Nieto, presidente del órgano fiscalizador, lleva años denunciando las irregularidades contables de los partidos y reclama sanciones que penalicen la falta de colaboración de los investigados y de las entidades financieras.

La normativa actual sólo contempla una multa que no disuade a los contables y favorece la impunidad. No hay sanción penal. "Hay que establecer un régimen sancionador rotundo", piden varios consejeros.

Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe Anticorrupción, propone que se cree el delito de financiación irregular de los partidos. No es ningun secreto que algunas formaciones políticas utilizan fuentes inconfesables de financiación sin renunciar a cobrar las subvenciones que les aporta el Estado.

Varias sentencias del Tribunal Supremo han demostrado operaciones de financiación ilegal: el caso F

ilesa en el PSOE y el caso Sóller

en el PP. Los partidos nacionalistas catalanes, vascos y canarios también han sido investigados.

"Hoy, no hay un tesorero que se la juegue por una financiación ilegal. Ahora, la financiación de los partidos no tiene nada que ver con la etapa socialista", opina el diputado Jaime Ignacio del Burgo, que representó al PP en la última ponencia para crear una nueva ley de financiación. "Hemos aprendido la lección de Filesa", asegura el gerente del PSOE.

El caso más patente de agujero financiero a causa de un descalabro electoral lo reconoce IU. En las municipales de 1999 y las generales de 2000 obtuvo la mitad de los votos que esperaba y el error de cálculo de aquellas dos campañas disparó su deuda, que hoy asciende a 11 millones de euros.

Enrique Díez, responsable de organización de IU, señala que el 90% de lo que debe la coalición a los bancos procede de aquellos batacazos electorales y el 10% restante, de la construcción de la sede federal de Madrid para la que tienen un crédito hipotecario de 1,5 millones de euros. "Pagamos 126.212 euros mensuales para amortizar nuestra deuda. Si mejoramos los resultados la amortizaremos entre 2007 y 2008", asegura.

El patrimonio inmobiliario de IU es la garantía con los bancos con los que tiene suscritas sus pólizas puente de crédito: Banco Popular, BBVA, Cajamadrid, Caja Asturias, Ibercaja, Caja San Fernando, Unicaja, entre otras entidades. "Los bancos saben que somos modestos, pero muy serios. Desde la etapa del PCE la relación con los bancos ha sido de absoluto rigor", dice Díez.

IU afronta una campaña con unos recursos modestos, una tercera parte de lo que gastarán PP y PSOE, y desde 2000 ha reducido sus gastos en un 60%. La factura del teléfono ha bajado un 40%, las de viajes y desplazamientos un 400%, y ha dado de baja uno de los dos ascensores de su sede para ahorrar electricidad.

Los intentos de superar la vigente Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 1987, que todas las formaciones coinciden en calificar de obsoleta, han sido un completo fracaso. Una comisión parlamentaria creada en 1994 trabajó durante dos años sin lograr bases para el consenso. En esta legislatura, que terminará el año que viene, nadie se ha atrevido a plantear este tema que figura desde hace más de una década en todos las programas electorales.