El difícil camino hacia la igualdad de oportunidades

La Constitución Española recoge entre los principios rectores de la política social y económica el deber de las administraciones públicas de velar por los colectivos más vulnerables. Según sus preceptos, los menores, los mayores y las personas con discapacidad tienen derecho a recibir las atenciones que necesiten y a disfrutar de su integración en la vida de los pueblos y ciudades. Sin embargo, aún queda mucho por andar en ese terreno.

De los más de 7.300.000 habitantes de la Comunidad Autónoma andaluza, 1.574.653 son menores de 18 años. La ley confiere al Gobierno autonómico la potestad en la protección de los menores, pero la Ley 1/1998 de Derechos y Atención de Menores en Andalucía otorga a los ayuntamientos la competencia en actuaciones de prevención, información y reinserción social, así como en la detección de situaciones de riesgo y en la aplicación de medidas correctoras.

La oferta pública asistencial para los mayores es inexistente, según la FOAM

Por su parte, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía delega en las corporaciones locales la facultad en la atención y promoción del bienestar de la familia y de la infancia, adolescencia y juventud. Sin embargo, el Informe del Defensor del Pueblo sobre el Sistema Andaluz de Protección de Menores de 1999 pone al descubierto lagunas en el sistema como disfunciones en la detección de menores en situación de riesgo, ausencia de planificación en la aplicación y ejecución de las medidas de protección y relajación en el seguimiento de las mismas.

En Andalucía existen 241 centros de internamiento para menores en situación de desamparo, de los cuales sólo 35 son de titularidad pública. El resto pertenece a entidades sin ánimo de lucro, la mayoría de las cuales cuentan con ayudas públicas para su financiación. En 2002, el número de menores internados en estos centros ascendía, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a 2.792.

El peso de la iniciativa ciudadana ha permitido avances en terrenos como el del acogimiento familiar de menores, pero aún falta mucho por hacer en dos campos: la prevención de situaciones de riesgo por medio del trabajo con las familias y la continuidad de las medidas de protección.

En el terreno de la prevención, en los últimos años se han desarrollado dos iniciativas interesantes: los Puntos de Encuentro Familiar de Málaga y Sevilla, centros que permiten que los menores en situación de riesgo mantengan encuentros con sus padres, y el Programa de Menores Gestantes y Madres Adolescentes de la Diputación de Málaga, que persigue la inserción social de menores embarazadas o con hijos procedentes de familias desestructuradas. Sin embargo, la descoordinación entre administraciones dificulta que recursos de ese tipo se generalicen.

En el caso de los mayores, la situación no es mucho mejor, al menos en opinión de Manuel Ataide, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Según esta federación, el sistema asistencial que debe dar cobertura a los 1.074.990 mayores de 65 años que viven en Andalucía está lejos de ser modélico. "El tema asistencial es un caos; no cumple ni siquiera las recomendaciones de la OCDE", resume Ataide. "La oferta pública asistencial es prácticamente inexistente salvo en el plano sanitario y la privada es prohibitiva", añade.

Ataide cree que la integración de los mayores está mejor resuelta en los pueblos que en las ciudades: "Hay ciudades importantes que no tienen ni una residencia", afirma. A su juicio, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla son las ciudades que más esfuerzos desarrollan en la asistencia a los mayores. "Málaga y Almería están mal, y Huelva y Cádiz son un verdadero erial", protesta.

La FOAM cree que la asistencia integral a los mayores debe quedar recogida en una ley que, además, aclare las competencias de cada administración. "Creo que los ayuntamientos están llamados a desempeñar un papel muy importante en la atención a la tercera edad. Los servicios municipales tienen competencias en la ayuda a domicilio, en los centros de día y en el servicio de comidas, por ejemplo, y hay grandes capitales donde la ayuda a domicilio no pasa de cuatro horas semanales", comenta Ataide.

El presidente de la FOAM insiste en la importancia del diálogo entre el tejido asociativo y los ayuntamientos. "Los consejos locales que se han creado en algunos ayuntamientos no se reúnen. Los políticos municipales, en definitiva, no tienen interés en los mayores. Sólo interesamos desde el punto de vista del voto. Pero también nosotros tenemos responsabilidad, porque si no reivindicamos, no avanzaremos", dice.

Las 319.994 personas con discapacidad que viven en Andalucía también están lejos de disfrutar de las mismas oportunidades que sus conciudadanos. En este terreno, las tareas principales (e incumplidas) de los ayuntamientos son garantizar su movilidad, facilitar su acceso a los recursos asistenciales, a la vivienda y al ocio y promover su integración en el mercado laboral. Sin embargo, hasta la fecha sólo 183 municipios, según la Consejería de Asuntos Sociales, tienen aprobadas ordenanzas de accesibilidad. En este sentido las de Málaga, recién aprobadas, incorporan la novedad de ocuparse de la cuestión del empleo, una de las principales reivindicaciones del colectivo. En 2002, sólo 219 andaluces con alguna discapacidad tuvieron acceso a un contrato indefinido. La falta de información también les aleja de la integración. Una iniciativa interesante es el Centro de Asesoramiento sobre Discapacidad del Ayuntamiento de Sevilla.