El Gobierno negocia con el PSOE endurecer la Ley de Extranjería

"El Ministerio del Interior ha iniciado conversaciones con el resto de las fuerzas políticas para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería con el mayor consenso posible", ha confirmado a EL PAÍS el delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio González. Esta reforma, la cuarta a la que es sometida la norma por el Ejecutivo de Aznar en sólo tres años, se produce después de que el Tribunal Supremo haya desarbolado la política de inmigración al anular 11 artículos del reglamento que desarrolla la ley.

El PSOE ha exigido al Gobierno que precise los cambios que pretende y que aleje la discusión sobre una iniciativa legislativa de tanta trascendencia del "calor electoral". Desde hoy y hasta el 23 de mayo todos los partidos políticos estarán de campaña en busca de más poder municipal y autonómico.

Esta reforma, la cuarta a la que es sometida la norma por el Ejecutivo en sólo tres años, se produce después de que el Tribunal Supremo haya desarbolado la política de inmigración al anular 11 artículos del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. El PSOE ha exigido al Gobierno que precise los cambios que pretende y que aleje la discusión del "calor electoral".

En una sentencia histórica, que fue comunicada a las partes el 20 de marzo pasado, el Tribunal Supremo echó abajo las bases sobre las que se asientan los aspectos fundamentales de la política de extranjería del Gobierno. La sentencia respondía al recurso contencioso administrativo presentado en 2001 por 30 organizaciones de las federaciones de asociaciones de defensa de los inmigrantes encuadradas en la ONG Red Acoge y Andalucía Acoge. Fundamentalmente, el Supremo argumentaba que el reglamento no podía ser utilizado, como era el caso, para endurecer principios fijados en leyes orgánicas.

En lugar de aplicar de inmediato la sentencia, que era y es firme, el Ejecutivo ha optado por anunciar su voluntad de trasladar a la ley los puntos derogados por el Supremo, sin precisar aún cuáles. Esto supondría un endurecimiento del texto legal.

Una vez abierto el melón de la reforma de la ley, el Gobierno pretende aprovechar para simplificar algunos aspectos de la misma, como validar los visados como permisos de trabajo, y endurecer otros. Entre estos últimos figuran el reforzamiento de las sanciones para quienes infrinjan la norma hasta el límite permitido por la Unión Europea, el aumento de las obligaciones que ya se exigen a los transportistas para que controlen a los inmigrantes irregulares, y el reforzamiento de los procedimientos de detención y expulsión de extranjeros que entren o intenten entrar de forma irregular en España.

Estos asuntos, junto a la homologación de tasas por expedición de visados de la UE, figuran en cuatro directivas comunitarias cuya trasposición no implica, obviamente, ningún aval de la oposición. Además, Interior intenta incorporar los criterios de inscripción vigentes para empadronar a los inmigrantes.

Contactos con la oposición

Para llevar adelante esta reforma de la ley, el Gobierno ha iniciado una serie de contactos con varios grupos de la oposición, entre los que figuran el PSOE, CiU y Coalición Canaria. "Las conversaciones están avanzadas y van muy bien", señaló un portavoz de Interior. No opinan lo mismo los responsables de los grupos políticos aludidos.

Un alto funcionario del Gobierno autónomo de Canarias ha precisado que no existe ninguna negociación en curso, aunque matizó: "Si por negociación se entiende una discusión con papeles sobre la mesa".

En similar sentido se han manifestado fuentes de CiU, que además ven difícil que su grupo apoye al Ejecutivo. CiU vincula cualquier respaldo a la participación de la Generalitat en la gestión de los flujos migratorios. Para el grupo catalán, la cuarta reforma viene a avalar que la política de inmigración del Gobierno ha sido un fracaso.

Lo que Interior califica como "conversaciones avanzadas" es definido por el PSOE como "un simple contacto previo", que la portavoz socialista de Políticas Sociales y Migratorias, Consuelo Rumí, encuadra en la reiterada voluntad de su partido de "hablar con el Gobierno de todas las cuestiones, y en especial de inmigración". "De hecho, desde el primer momento propusimos un pacto de Estado en esa materia", señaló.

Rumí confirma que el pasado lunes se reunió con Ignacio González, a petición de éste, en la sede de Interior. La portavoz socialista explica que durante la mayor parte del encuentro, que duró en torno a una hora, el delegado del Gobierno relató sus negociaciones en Marruecos, cuyas autoridades se han vuelto atrás a la hora de aceptar la devolución de los inmigrantes de terceros países que llegan a España en pateras desde su territorio. También se extendió sobre el programa de actos electorales. Hasta el último cuarto de hora no abordó el cambio de la ley.

González expuso, de viva voz, las líneas generales de la reforma que desea abordar el Gobierno. Rumí le indicó que estas fechas electorales no eran las más propicias para plantear la negociación con sosiego. También le preguntó qué artículos pretendía cambiar el Ejecutivo. González respondió que en ese momento no lo sabía. "Le dije: 'Estas cosas hay que trabajarlas sobre el papel. Tienes que darnos propuestas concretas escritas", recuerda la dirigente socialista.

Rumí subraya la vaguedad de las propuestas del Gobierno e insiste: "Si lo que Interior afirma es que estamos avanzando en textos que podrían ser bien vistos por el PSOE, lo niego".