Calzada dice que la CNMV continúa la investigación de la OPA de Quarta y Astrim sobre Metrovacesa

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blas Calzada, afirmó ayer, durante la presentación de la memoria anual del organismo supervisor correspondiente a 2002, que continúan las "investigaciones de la OPA (oferta pública de adquisición) sobre Metrovacesa". "Creemos que la semana próxima ya podremos ofrecer información porque estamos mirando "no pocas cosas".

A mediados del pasado mes de abril fracasaba la OPA lanzada por las sociedades italianas Quarta y Astrim sobre el 100% del capital de la inmobiliaria Metrovacesa. Desde el lanzamiento de la oferta hasta el cierre de la operación, donde los grupos italianos sólo consiguieron que se adhiriera a su oferta el 23% del capital, se produjeron numerosos movimientos accionariales, que seguramente son el objeto de esta investigación abierta por el organismo supervisor.

Fuentes de la CNMV apuntaron ayer que, pese a que la operación finalizó, quedan aspectos que hay que seguir investigando. Un comportamiento que no suele ser muy habitual en otras operaciones. Desde Metrovacesa, sin embargo, desconocen los motivos de esta investigación y, en cualquier caso, la consideran de oficio.

En el balance del ejercicio, Calzada se refirió a que 2002 fue un mal año para los mercados financieros y para el sector de las firmas de valores, pero apuntó que los intermediarios habían reaccionado bien a este panorama con una reducción de costes. "Algunas, muy pocas, firmas tienen una mala situación, pero el conjunto del sector se encuentra bien", apuntó.

La CNMV acordó en 2002 la apertura de 17 expedientes sancionadores, comprensivos de un total de 54 posibles infracciones. Asimismo, la CNMV concluyó la tramitación de siete expedientes, que dieron lugar a 16 sanciones. Trece de ellas fueron multas, por un importe total de 8,55 millones de euros, y las tres restantes, amonestaciones públicas.

El servicio de reclamaciones atendió un total de 1.094 reclamaciones, en un 89% dirigidas contra entidades financieras, fundamentalmente bancos y cajas de ahorro. Entre las reclamaciones, las más abundantes eran las relacionadas con operaciones con valores (compraventa de valores, depósito de valores, etc.) y fondos de inversión.