El alcalde denuncia que 400 personas se han inscrito en el censo de Oropesa

El alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido, denunció ayer un empadronamiento masivo efectuado el pasado mes de enero. Garrido señaló que su silencio, hasta ahora, se ha debido a los recursos y gestiones realizadas con el fin de "aclarar" las presuntas irregularidades. Sin embargo, no ha obtenido una respuesta satisfactoria ni de la junta de zona ni de la junta electoral provincial, por lo que ha presentado un recurso ante la junta electoral central. Según vaticinó, algunos de los más de 400 nuevos vecinos de Oropesa, "tal como ocurrió en las elecciones pasadas, se darán de baja dentro de unos meses". Además, según los cálculos realizados esos más de 400 votos se traducirán en dos concejales, ya que el censo oropesino es de 4.800 votantes.

Según Garrido, los trámites para el empadronamiento masivo se realizaron, a finales de enero, en tres tandas diferentes. En dos de los casos, según su propio testimonio, un abogado solicitó al Ayuntamiento la certificación de 168 y 162 personas para su inclusión en el censo electoral. "Todas las solicitudes están cumplimentadas con la misma letra y las firmas de algunas no se ajustan a las que aparecen en las fotocopias de los carnés de identidad presentadas", señaló el alcalde. Los nuevos empadronados presentaron contratos de alquiler de viviendas firmados "por la misma empresa", de la que no quiso facilitar más datos. Se trata, añadió, de albañiles, peones, arquitectos, ingenieros y profesionales liberales vinculados a esa misma empresa "que conozco y que sé que viven en Castellón", dijo.

Inspección

Cuando, a principios del mes de febrero, Garrido inició los trámites para clarificar lo ocurrido, la junta electoral aún no estaba constituida. Así, se dirigió al Instituto Nacional de Estadística que desestimó su petición de envío de algún inspector. Sin embargo, Estadística le informó de que debía ser el propio Ayuntamiento el que, si comprobaba que los empadronados no vivían en los domicilios indicados, debía proceder a darlos de baja de oficio. Así, la Policía Municipal, de los más de 400 teóricos nuevos vecinos, sólo pudo certificar la ocupación de los domicilios en menos de medio centenar de casos. Además, según Garrido, el Ayuntamiento aceptó 22 recursos posteriormente.

El alcalde de Oropesa mostró ayer su "sorpresa" ante la respuesta de la junta electoral cuando, una vez constituida, indicó que a partir de 1 de febrero el censo sólo es susceptible de modificación "a instancias de los propios interesados" por lo que el alcalde "carece de legitimidad" para, pese haber comprobado los empadronamientos, proceder a darlos de baja.