Otro municipio es posible

La democracia pura ha sido desde el principio la participación efectiva en los asuntos comunes de los habitantes de un lugar como ejercicio de su libertad personal. Atenas fue una aldea y Roma, una federación de municipios de base familiar. La polis griega y la civitas romana han dado nombre a lo político y a lo ciudadano, adjetivos sustantivados de lo que hoy es nacional y democrático. El término latino municipium significaba "asunto y obligación responsable", que implicaba la libre decisión de un grupo humano frente a la imposición de poderes ajenos. Nuestro Consell de Cent medieval fue la respuesta federada de grupos urbanos al poder feudal o regio. Barcelona aseguraba la libertad frente al vasallaje mientras que la ruralía exterior a aquella corporación metropolitana seguía sufriéndolo. Más tarde, la revolución liberal burguesa se fraguó desde pequeñas ciudades o burgos y, en 1871, Marx vio en la experiencia popular autogestionaria de la Comuna de París el modelo de una dictadura liberadora del proletariado. Las izquierdas españolas fueron siempre municipalistas porque en el municipio se vivían los problemas fundamentales del pueblo llano. Los federales de Pi i Margall, los anarquistas y los socialistas tuvieron como objetivos sociales lograr ayuntamientos honestos y eficaces al servicio de la gente. De las ciudades más vivas surgieron durante el siglo XIX todos los intentos democratizadores de un Estado autoritario, plutocrático y centralista, así como los movimientos obreros y populares que colaboraron a traer ambas repúblicas en 1873 y 1931.

En 1979, tras 40 años de dictadura franquista y de ayuntamientos impuestos desde Madrid, las primeras elecciones municipales en libertad supusieron, antes que las comunidades autónomas, una verdadera revolución allí donde las fuerzas progresistas pudieron por fin responder a las necesidades de la población. Por eso los principales núcleos urbanos de Cataluña han sido gobernados durante un cuarto de siglo por partidos de izquierda y tan sólo en pequeños núcleos rurales ha persistido el caciquismo, el clientelismo y la compra de votos a cambio de ayudas interesadas por parte del poder político de la derecha nacional conservadora. Por eso también, dicho poder ha sido muy poco municipalista y ha visto en los ayuntamientos que no controlaba un contrapoder. Intentó destruir en su día la Corporación Metropolitana de Barcelona, considerada plataforma electoral de asalto a la Generalitat, y creó unos consejos comarcales a su medida, elegidos para el control partidista del territorio mediante un sistema que reducía hasta ahora mismo la representación popular plural.

Pero en estos años, los males generados por una sociedad como la nuestra, cada vez más moderna en tecnologías, en afán de lucro, y en corrupción, han repercutido en la vida ciudadana y han planteado problemas locales en todo lugar, que muchos ayuntamientos, incluidos los de izquierdas, no han intentado o logrado resolver; siempre, todo sea dicho, dentro de los migrados presupuestos económicos a los que obliga una injusta distribución de los recursos y una asunción forzada de competencias no ejercidas por la autoridad estatal o autonómica. Esta situación ha logrado movilizar poco a poco a la población en defensa de sus interes vitales y ha producido conflictos y diálogo con los ayuntamientos, que han vivificado la democracia al revelar la urgente necesidad de solucionar las cuestiones más graves y, para ello, posibilitar nuevas vías de participación popular.

Por citar tan sólo los problemas más conocidos y sufridos, bastará hablar de la escasez de viviendas protegidas, el déficit del transporte público y el exceso de tránsito de motos y automóviles; las mafias transversales que imponen su poder en las áreas de responsabilidad urbanística; los daños ecológicos y sanitarios de los gases tóxicos, el ruido y los residuos industriales; la escasez de escuelas y de guarderías; la integración social y humana de los emigrantes extracomunitarios; la inseguridad ciudadana y la pobreza miserable de una parte cada vez mayor de la población. A esto hay que añadir que los ciudadanos carecen, en la práctica, de voz y voto en cuestiones que les afectan directamente, como son los planes urbanísticos y la elaboración del presupuesto municipal. Los emigrantes residentes estables no pueden participar en las elecciones si no son europeos. Carecemos de redes eficaces y de suficientes servicios interurbanos. La unidad del municipalismo catalán, dividido en dos agrupaciones de diferente adscripción política, dificulta acuerdos positivos para todos. Y, en último término, que, en el fondo, es el primero: es imprescindible una sintonía colaborante entre la nueva Generalitat que surgirá este otoño y los ayuntamientos para resolver aquellos problemas que requieren el concurso desinteresado y solidario del poder autonómico, pues, aunque algunos no lo creen, los municipios también son la nación catalana.

Los consistorios que se formen el próximo día 25 tienen ante sí una ingente tarea, que los votantes habrán de tener muy en cuenta. Es obvio que los partidos de la izquierda social se hallan, por tradición, experiencia y voluntad, más próximos a los objetivos señalados, pero por eso mismo necesitan más presión electoral, más exigencia popular para ser en verdad representativos y, sobre todo, para no dejar sus promesas en agua de borrajas. Más que una mayoría absoluta que les tranquilicce y pueda conducirles a una futura pasividad conformista, los ediles del mañana necesitan que el elector premie al grupo que, en cada municipio, haya demostrado o esté en condiciones de demostrar que pugna sinceramente por alcanzar las metas que acabo de proponer. Sólo una mayoría de gobierno que, en su pluralidad, cuente con la presión decisiva de quienes se comprometen a luchar por ellas podrá, como mínimo, intentarlo. Cataluña es uno de los países que ha captado antes y mejor el mensaje universal de Porto Alegre. La verdadera batalla contra la globalización capitalista, guerrera y antidemocrática comienza por el ámbito local, por unas ciudades y pueblos más libres, humanos y solidarios. Más democráticos, más participativos. También otros municipios son posibles. En nuestra mano está.

J. A. González Casanova es profesor de Derecho Constitucional de la UB