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¿Qué Europa (para España)?

Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo impulsan la creación de un núcleo militar europeo autónomo. Es una iniciativa interesante para que la UE avance en materia de defensa, después de intentos fallidos como el de la UEO. Pero hace frente, al menos, a tres obstáculos importantes para ser relevante a corto plazo. Primero, son sólo cuatro países. Segundo, no está el Reino Unido, único país con potencia militar real, además de Francia, en la UE. Tercero, se produce en plena resaca de la división europea sobre la guerra de Irak y el papel de la ONU. Ciertamente, las dificultades para desarrollar la UE en defensa son claras, pero no hay que menospreciar las posibilidades futuras de este tipo de iniciativas. Por ejemplo, ahora no hay fronteras interiores para los movimientos entre los países de la UE (menos Irlanda y el Reino Unido) y Noruega e Islandia. Es el espacio Schengen, donde nos podemos mover sin controles fronterizos. Pero el proceso no ha sido fácil. Dada la imposibilidad de un acuerdo general, Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Holanda firmaron en 1985 la creación de un territorio sin fronteras, proceso que culminó en la convención de Schengen de 1990, la supresión efectiva de las fronteras en 1995 y su incorporación al Tratado de Amsterdam en 1997. Mientras tanto, casi todos los miembros de la UE se habían ido adhiriendo al grupo inicial de Schengen. Lentamente, como siempre en la unión política, la libertad de movimiento de las personas se ha impuesto en la UE.

Veremos qué pasa con la defensa. Porque no hay unanimidad respecto al futuro de la UE. Entre los grandes, es tradicional la preferencia del Reino Unido por una unión estrictamente económica y muy limitada en la vertiente política. ¿Cuál será la posición de España en este proceso? La posición española ha cambiado drásticamente en los últimos años. Desde la transición política había existido un gran consenso sobre la participación plena y activa de España en una Europa que progresara tanto en su dimensión económica como en la política. La posición del actual Gobierno se aproxima mucho más a la tradición británica que a la centroeuropea. Ahora, tras la culminación de la unión monetaria con la introducción del euro, el Gobierno actúa como si pensara que eso ya basta, y que la Europa política no debe ir más allá.

La ideología de Aznar tiene un fuerte componente nacionalista. En el orden estatal, su política ha simultaneado la descentralización de competencias de gestión, como la sanidad, y la recentralización del poder político. Las autonomías servirían para gestionar competencias, pero no para ejercer poder político en el nivel estatal. De ahí, por ejemplo, la resistencia numantina a reformar el Senado para que sea lugar de encuentro y diálogo de las autonomías, y para su participación multilateral en decisiones estatales. La descentralización política de las últimas décadas ha sido vivida con una sensación de desgarro por el nacionalismo español, que ahora trata de frenar el proceso, incluso de revertirlo cuando puede.

Aplicar esta visión nacionalista a Europa conduce a que, una vez cedida la soberanía monetaria, deban permanecer bajo la esfera estatal los otros dos elementos que definen tradicionalmente la soberanía: la defensa y las relaciones exteriores. Esto ayuda a entender que, más allá de la retórica de la liberalización y de las relaciones personales entre Aznar y Blair, la posición española haya girado hacia un alineamiento sistemático con la británica.

Un rasgo de la acción política de los nacionalistas es preferir las relaciones bilaterales con otras naciones y menospreciar el ejercicio compartido de soberanía a través de foros u organismos multilaterales. Éste ha sido el enfoque tradicional del Gobierno de la Generalitat en España y es también el enfoque del Gobierno español en Europa. Por eso, mientras que algunos piensan que unas buenas relaciones con EE UU deben basarse en una UE cada vez más fuerte en materia de defensa y de relaciones internacionales, el Gobierno considera más acorde con su idea de España y de sus intereses la relación política bilateral con EE UU, fuera del marco de la UE, que serviría sólo para los asuntos económicos. Esto ayuda a entender por qué, en la guerra de Irak, el Gobierno ha preferido acordar su posición directamente con EE UU en lugar de contribuir a la definición de una posición conjunta de Europa.

Es tiempo de reconocer, también desde el propio Partido Popular, que ha desaparecido el consenso sobre la conveniencia de una UE políticamente fuerte. La apuesta del actual Gobierno por una Europa fundamentalmente económica es legítima, aunque no reúna el consenso que tenía la política anterior. Es incierta su viabilidad porque es muy difícil su estabilidad en el tiempo. Para conseguirlo debe lograr un grado de consenso político equiparable al de la política reemplazada. Pero el hecho es que no la comparte ningún grupo de la oposición política. Además, tampoco es evidente que el Partido Popular haya asumido colectivamente una posición que parece muy marcada por la visión personal del presidente del Gobierno. Es muy probable que la mayoría de los españoles sigamos viendo en Europa un proyecto compartido de desarrollo político, además de económico. Pero, en cualquier caso, es seguro que ha llegado el momento de que la sociedad dedique más tiempo a la reflexión y el debate sobre qué Europa queremos en España.

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